Si algo fue importante en el proceso de paz firmado con las Farc, en el gobierno de Juan Manuel Santos, fue el énfasis en la verdad. Esa verdad necesaria para conceder los beneficios de la justicia transicional, para que las víctimas recibieran al menos este principio de reparación. Conocer la verdad sobre lo que les ocurrió, es lo que se espera escuchar de parte de los victimarios, tanto de la exguerrilla, como de otros actores, las autodefensas, los empresarios y las fuerzas militares.
Sin embargo, todo parece indicar que la verdad es mucho más difícil de abordar que cualquier otro asunto. La verdad es un acto individual, no se trata de verdades institucionales sino de confesar qué hizo cada una de las personas que actuó en este infame conflicto de medio siglo. Así que escudarse en respuestas tan absurdas como la de decir que en los estatutos de la guerrilla no figuraban la vinculación de menores al combate o práctica de violaciones a las mujeres o los abortos obligados para las guerrilleras. Tampoco figuran en los reglamentos de las fuerzas militares la práctica de los mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Mucho menos, es de suponer, que se encuentre alguna palabra sobre financiación de la guerra en los Estatuto de los gremios o de cualquiera de sus afiliados.
Esto pasa sencillamente porque de lo que se está hablando es de delitos, algunos de lesa humanidad no perdonados en el Estatuto de Roma ni en conflictos internos como el nuestro, así no se le reconociera estatus de beligerancia a las Farc. Un delito es una transgresión a la norma y por supuesto para eso debe existir la norma que lo prohíba. Es decir, si en los estatutos de las Farc se prohibía la vinculación de menores, sus comandantes violaron no solo la ley colombiana o la internacional, sino también sus propios estatutos.
Esto es lo que se le está preguntando a los miembros del Secretariado, hoy senadores muchos y en libertad gracias al Acuerdo de Paz: ¿es cierto o no que en las filas guerrilleras se vincularon, no uno ni dos niños al combate sino cientos de ellos?
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Si en los estatutos de las Farc se prohibía la vinculación de menores, sus comandantes violaron no solo la ley colombiana o la internacional, sino también sus propios estatutos
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A muchas personas que estuvimos en algún momento en contacto con las Farc nos consta que allí había niños y niñas guerrilleras. En mi caso, puedo dar testimonio de dos ocasiones en las que tuve cercanía física con la guerrilla: fue en mi condición de senadora durante el proceso de negociación de Andrés Pastrana. La primera, como miembro de la Comisión de Paz del Senado, viajamos a encontrarnos con Manuel Marulanda y su Secretariado en una finca en Cartagena del Chairá. Allí pasamos todo el día y tuvimos muchas oportunidades de ver menores de edad en tareas como la vigilancia o la atención del almuerzo. La segunda, en San Vicente del Caguán, en el famoso encuentro de la silla vacía, cuando fuimos igualmente custodiados y rodeados de guerrilleros jóvenes, menores de edad.
De manera que negar la presencia de niños y niñas en las filas guerrilleras es contraevidente. En mi caso, por haber sido testigo directa en dos reuniones con la guerrilla y en el caso de otras personas por haber sido víctimas de secuestro, por ejemplo.
El otro tema sobre el que debe haber verdad absoluta, sin escudarse en papeles institucionales o manuales de procedimiento guerrillero como lo viene haciendo Rodrigo Londoño, es sobre el tema de las violaciones y de los abortos obligados a niñas o a mujeres guerrilleras. Es posible que aquí la verdad no sea tan evidente como la presencia de menores, pero es tanto o más importante en este caso conocer toda la verdad y que no se queden escudados en prácticas que nadie cumplió, porque en la guerra eso suele ocurrir, las normas se incumplen permanentemente por esa sensación de poder que dan las armas y por la fragmentación en los frentes donde, al parecer, cada comandante actuaba como le daba la gana.
