El movimiento estudiantil es el punto de llegada de una suerte de eventos y de actuaciones que entendían la necesidad de hacer una reforma constitucional pero que habían fracasado en su intento de adelantar una iniciativa por fuera de las instancias legislativas. Belisario Betancur abogaba por un Diálogo Nacional; Virgilio Barco adelantó un proyecto de reforma constitucional que se hundió en el Congreso; editorialistas, activistas, sindicalistas e intelectuales en Bogotá eran conscientes de la necesidad de una reforma pero jamás pudo cristalizarse tal pretensión. El proceso de paz con los desmovilizados de grupos insurgentes ameritaba un marco normativo y constitucional más amplio. Algunas veces se acudió a Carlos Pizarro para que liderara dicha convocatoria. Pero sus compromisos con la mesa de negociación por la paz y su posterior candidatura a la Alcaldía de Bogotá no le permitieron ocuparse a fondo de un tema tan demandante. La necesidad de reforma parecía evidente, pero el proyecto que más se había madurado en el gobierno de Barco se vino abajo cuando los narcotraficantes quisieron aprovechar la ocasión para acuñar la prohibición de la extradición y asegurarse de paso la imposibilidad de responder ante las autoridades estadunidenses. Este movimiento estudiantil fue un punto de llegada porque albergó en su seno las expectativas y los trabajos aislados de muchos personajes que siempre trabajaron por la confección de dicha reforma. Debe comentarse los primeros acercamientos con Carlos Pizarro, la elaboración de bocetos sobre el plan de trabajo en la sede de Democracia cristiana, la consolidación de mesas de trabajo de comisiones preconstituyentes, las reuniones en el CINEP, la divulgación en prensa (El Tiempo y El Espectador) del manifiesto popular por la reforma constitucional.
El movimiento estudiantil, integrado por jóvenes de universidades privadas de Bogotá (Universidad de los Andes y Universidad del Rosario), en un primer momento, pero que luego contó con el apoyo masivo de estudiantes de las demás universidades, profesores, activistas políticos, intelectuales, sindicalistas y periodistas fue el punto de llegada de una buena voluntad que le dio cuerpo a la necesidad de exigir jurídicamente una reforma sustancial a la Constitución de 1886. La muerte de Luis Carlos Galán fue el detonante de esa sensación de hastío que exigía hacer algo. Tal evento despertó del letargo a una generación que sintió que debía hacer algo. No sabía precisamente qué, ni cómo. Hacer algo por cambiar al país; hacer algo por impedir que el miedo se apoderara de todos; hacer algo por llamar la atención de los líderes de opinión y de la clase política adormecida y corrupta. El movimiento estudiantil tomó cuerpo luego de una marcha multitudinaria, a pocos días de la muerte de Galán, que tuvo su epílogo en el Cementerio central, donde yacen los restos del enorme líder político, para esa época, candidato presidencial. ¿Qué deciden hacer los estudiantes? Incluir una séptima papeleta en las elecciones que tendrían lugar el 11 de Marzo de 1990. Una consulta no validada por las autoridades electorales, una consulta casi improvisada en términos formales pero determinante en su aspecto estructural por cuanto le preguntaba al pueblo si estaba de acuerdo o no con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que abriera los espacios reales a una democracia participativa. Para elecciones de Marzo se decidía el proceso de configuración de Senado, Cámara de Representantes, Alcaldías, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Consulta interna del Partido Liberal. A la par con esos seis tarjetones, se le permitió al pueblo que hiciera explícita su manifestación de voluntad. Fue un acto simbólico, por fuera de la institucionalidad, por fuera del reconocimiento legal pero que tuvo un respaldo popular sin precedentes. A las urnas se acercaron más de dos millones de ciudadanos a decirle “SÍ” a la propuesta de reforma. La opinión pública estaba del lado de los jóvenes, de la consulta y de la reforma. Los jóvenes fueron decisivos para sembrar la esperanza. Sus símbolos fueron el punto de partida de una actuación institucional que se vio obligada a tomar su bandera y llevar ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud de reconocimiento legal, de permitir que un nuevo evento electoral de participación que pidiera una convocatoria a Asamblea Constitucional resultara efectivamente reconocido y que en caso de ser favorable, como efectivamente ocurriera, se permitiera la convocatoria de configuración de dicha Asamblea. Ojalá los jóvenes de hoy entiendan que tienen en sus manos la posibilidad de cambiar la historia, empezando por sus instituciones débiles, debilitadas, ilegítimas y ajenas a lo que la Constitución y la ley les demanda.
John Fernando Restrepo Tamayo
Marzo 15 de 2015
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Politólogo y profesor de Teoría Constitucional
