Las decisiones de las altas cortes que avergüenzan al común de los ciudadanos.
La escogencia de dos de los candidatos, para conformar la terna y elegir el próximo Procurador por parte de las politizadas altas cortes, regidas por grupos de extrema derecha como lo son el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia dejó un halo turbio, y una estela de incertidumbre, motivada por el pasado non-sancto de los escogidos, acción que "presuntamente" fué hecha para favorecer un político de extrema derecha.
Estas acciones vergonzantes, son las que hacen urgente la necesidad de una reforma a la justicia en Colombia, es evidente, debido a los problemas estructurales que se han agudizado desde la promulgación de la Constitución de 1991. Aunque, esta fue creada con la intención de fortalecer el sistema judicial, en la práctica ha presentado deficiencias significativas, particularmente en los controles recíprocos entre el Congreso y las altas cortes.
En lugar de generar equilibrio, estos controles mutuos han derivado en un fortalecimiento excesivo de los jueces en detrimento de algunos políticos, en este caso, los que son afines al gobierno, porque para los que no lo son, hay beneficios con procesos lentos, desbordando en algún caso los términos legales.
Además, la falta de investigaciones y juicios contra algunos magistrados de las altas cortes, a pesar de -indicios- en algunos casos, se ha perpetuado un clima de impunidad. Este régimen de irresponsabilidad no solo es inaceptable en un Estado de Derecho, sino que también socava la confianza en las instituciones.
Aunque la Constitución de 1991 encargó al Consejo Superior de la Judicatura el control disciplinario de los magistrados, la Corte Constitucional de Colombia logró autoexcluirse de este mecanismo, debilitando aún más la supervisión de los altos funcionarios judiciales.
Otro problema crítico es el sistema de elección de magistrados. Tanto la elección mediante ternas como mediante listas ha incentivado la auto-nominación y la consolidación de redes de favores dentro de las cortes. Esta dinámica ha permitido la consolidación de grupos de poder en las instituciones judiciales, afectando la transparencia y la meritocracia, y minando la legitimidad del sistema.
Por lo tanto, cualquier reforma judicial efectiva debe abordar de manera integral los mecanismos de control y juzgamiento de los altos funcionarios de las distintas ramas del poder público. Es fundamental evitar los fallidos controles recíprocos y establecer un sistema que garantice tanto la independencia como la responsabilidad judicial. Solo así se podrá restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y preservar el Estado de Derecho.
Otra entidad que se debe aplicar una -reingeniería- es la JEP la burocracia es enorme para muy pocos resultados, en cuestión de condenas.
