Boaventura de Sousa Santos, el eminente sociólogo portugués, nos ha enseñado que los pueblos del sur de Europa y Latinoamérica se han movido en el presente siglo, entre lo que él llama la lucha por una democracia de alta intensidad, y la defensa de una democracia de baja intensidad. Para hablar de lo cercano a nosotros, diríamos que los gobiernos progresistas de la primera década de este siglo promovieron la primera de las formas de esa democracia, y que los Macri, Bolsonaro, Uribe, Moreno y demás movieron a los pueblos a defender la segunda.
La democracia de alta intensidad se relaciona con la distribución de la riqueza, con el empoderamiento real de inmensos sectores de la nación, con formas reales de justicia social. Pudimos palparla con la llegada de Chávez al poder en Venezuela, Correa en Ecuador y Lula en Brasil, aunque haya sido imperfecta, y de algún modo haya generado la reacción que apunta a la radicalización de las políticas más extremas del capitalismo neoliberal. Estas últimas, increíblemente, apoyadas en las urnas por significativos sectores de la población.
La defensa de la democracia de baja intensidad parte de que las formas de democracia que regulan nuestra vida social y política son precarias, incompletas, plagadas de vicios. El caso colombiano es un buen ejemplo. Nos rige una Constitución caracterizada por definiciones y principios muy avanzados, pero la realidad riñe por completo con ellos. Para nadie es un secreto que las Aída Merlano son muchas más que la recién fugada de la cárcel en Barranquilla. Los aparatos de justicia dejan en verdad mucho que desear, la injusticia social nos ronda.
Nuestra sociedad es rigurosamente patriarcal, las formas de violencia son múltiples. Nuestros gobiernos se caracterizan por preferir las soluciones de fuerza antes que las del diálogo y la concertación. Todo parece podrido a nuestro alrededor. Claro que necesitamos con urgencia una democracia avanzada, con un régimen electoral y político progresista, con unas instituciones que lleguen realmente a todos los rincones del país, con un monopolio exclusivo del uso de las armas por parte del Estado, con participación decisoria de los numerosos sectores excluidos.
Un país en el que las enormes diferencias de fortuna se atenúen con un régimen fiscal que garantice la redistribución del ingreso. En Oslo nos contaban que ese país cobra los más altos impuestos, pero que todos los pagan porque entienden que se trata de recursos que les retornan en bienestar social, en infraestructura, en el mantenimiento de su nivel de vida. Desde luego que aquí es muy diferente, sin que por ello podamos decir que la idea sea impracticable o inconveniente.
Aquí reprimen con gases, garrote y hasta disparos de fusil
a los estudiantes que marchan protestando
por la corrupción en las universidades
Aquí reprimen con gases, garrote y hasta disparos de fusil a los estudiantes que marchan protestando por la corrupción en las universidades. Y lo hacen de modo mucho más presto que el inicio de los procesos judiciales y las capturas contra los principales responsables de la dilapidación del erario público. Aquí sufrimos formas de fascismo social por cuenta de la discriminación, por obra de las mafias de todo orden que imponen un orden violento en el que el plomo es la ley. Se promueve un pensamiento oficial y se desprecian y aniquilan las ideas alternativas.
Pero aquí también se sostienen en permanente lucha las más diversas manifestaciones y expresiones de la sociedad subordinada. El panorama no es solamente el de las clases que dominan e imponen su voluntad. También están los nadies, los otros, los que de una y otra forma luchan por sus derechos, por arrancar reivindicaciones económicas, sociales, políticas, los que sueñan con transformar este país y hacerlo realmente democrático. Nunca hemos contado con una democracia de alta intensidad, pero crece cada vez más el caudal de quienes la forjan en el diario vivir.
En esto cabe destacar la defensa de los postulados democráticos contra el capitalismo neoliberal que impone su lógica predadora contra cualquier obstáculo a sus beneficios económicos. Dentro de ellos están el debido proceso y la presunción de inocencia. Los grandes medios de comunicación y los políticos de la ultraderecha insisten en mostrárnoslos como obstáculos a la justicia, como formas innecesarias, como ventajas incomprensibles a los delincuentes. Promueven que se condene sin fórmula de juicio, a penas que incluso pueden ser la muerte.
Y colman sus audiencias con razones populistas. Nada de eso es cierto. Si se impone que desde el poder se aplique justicia de manera directa, con el pretexto de machacar violadores de niños o atracadores nocturnos, estaremos abriendo las puertas a la arbitrariedad total hacia el futuro, al desaparecimiento de cualquier garantía para un sindicado. Cuando estos sean los opositores al régimen político y los luchadores sociales no habrá nada qué hacer. Se extraditará sin el menor procedimiento judicial, se condenará a muerte a quien piense distinto.
No podemos dejarnos arrebatar la pobre democracia que tenemos.
