Nuestra sociedad está sumergida en un debate entre «el ser» y «el deber ser», sobre todo ante la necesidad de adaptar nuestra idiosincrasia, leyes e instituciones a las nuevas conquistas sociales, como el reconocimiento de la diversidad sexual, la pluriculturalidad, el goce pleno del territorio, el consumo racional de sustancias sicotrópicas, entre otros. Y este debate ha calado en la academia, organizaciones sociales, barriadas, etc. No obstante, y a pesar de lo evidente que son los cambios, pareciera que algunos se hacen los ciegos ante los hechos y pretenden usar argumentos “moralistas” para negar tales virajes en nuestra historia; de ahí el tema del ser y el deber ser.
Las instituciones que más requieren ayuda para comprender estos momentos son las relacionadas con el tema de la seguridad comenzando con los entes territoriales, los aparatos judiciales, la Policía Nacional, las empresas de vigilancia privada y nosotros, como ciudadanos, que en últimas somos los que les damos el carácter a las anteriores. Por ejemplo: antes había un ser en torno a las “tribus sub-urbanas” y era el de rechazarlos, relacionarlos directamente con el crimen y la falta de formación moral, pero en contra vía de este concepto las personas que reivindicaban estas expresiones expusieron sus razones y, por ende, el deber ser de la sociedad con ellos y la de ellos con la sociedad. Muchas cosas pasaron y al final gran parte de estas tribus han ganado, parcial o plenamente, el reconocimiento que se les asiste como sujetos activos en nuestras comunidades. Sin embargo, pareciera que los papeles se hayan cruzado, porque pese a que hay leyes que establecen un nuevo ser para ciertas expresiones, ahora son algunas entidades, particularmente las de seguridad, las que predican su propio nuevo deber ser.
Como prueba fehaciente de este nuevo concepto del deber ser está la Unidad de Prevención y Justicia -UPJ-. La UPJ supuestamente es la herramienta efectiva que, bajo la excusa de tomar acciones inmediatas contra aquellos que perturban el orden público y la convivencia (entiéndase: borrachos peleoneros, exhibicionistas, etc.), permite a los “hombres de la ley” actuar rápidamente para minimizar los daños que dichas personas suelen generar. El cuento es que bajo esa premisa se les está castigando a aquellos que pregonan y aplican costumbres distintas al ser de ellos, es decir, a los principios morales producto de las creencias militar y eclesiástica. No es raro escuchar cómo muchos gais, lesbianas, artistas callejeros, skaters, grafiteros, en síntesis, todos aquellos que actúan sobre la base de un nuevo ser, hayan visitado alguna vez esta UPJ, porque aparentemente sus actitudes no son acordes al deber ser.
En Barranquilla ya hace 8 meses que se inauguró con bombos y platillos la UPJ, ubicada en la calle 30 a la altura de la carrera 4B, y en ese entonces la prensa local titulaba el hecho como: “Inauguran centro de atención para ciudadanos revoltosos”. Solo hasta el mes de julio la Secretaría de Gobierno Distrital y la Policía Nacional registraban más de 28 mil detenciones preventivas, que suelen tener como duración 24 horas y en las que se destaca enormemente la retención de jóvenes. Es un hecho que la prevención es mejor que la sanción, ya que, las cárceles del país no aguantan un presidiario más. Igualmente, a diario se presentan riñas y situaciones similares que no ameritan castigos severos, porque en su desarrollo no se atenta contra la vida de otras personas, pero el dilema está en los preceptos que se usan para escoger un ganador de una noche en la suite UPJ.
El deber ser de la Secretaría de Gobierno y sus planes frente a la seguridad de los barranquilleros sería el de implementar políticas sociales que conduzcan a las comunidades a aplicar nuevas convivencias inspiradas en el respeto mutuo, la solidaridad, el sentido de pertenencia, el permanente diálogo, entre otros. Pero, su actual ser está en llenar las planillas de informes policiales en lo que sería otro tipo de “falsos positivos”, pues con ello se entregan cifras en donde tratan de “demostrar” la eficacia de las acciones ejecutadas por la administración distrital para contrarrestar la violencia que azota a los barranquilleros y su área metropolitana. Además, es un secreto a voces que los funcionarios que laboran en esta UPJ obtienen “regalos o bonificaciones” por cada ciudadano que ingrese a este plantel, sobre todo los patrulleros de la Policía Nacional: esta táctica no se diferencia en nada con los millones y la semana de descanso a los militares por cada guerrillero muerto. En esta UPJ a la persona capturada la aíslan por 24 horas, la mantienen encerrada en celdas hacinadas, la ponen a firmar todo tipo de papeles y si es menor de edad solo la liberan bajo custodia de un adulto.
La pregunta sería: ¿y dónde queda el debido proceso? En Barranquilla ya están aplicando una nueva normativa del código policial que todavía está en discusión, se le ha dado poderes especiales a los patrulleros para que, sobre su criterio del deber ser, retengan a personas para que “aprendan a ser”. ¿Y si en ese momento le caí mal al patrullero? ¿O si tenía una camiseta de Junior y él le da a otro equipo? Esas y muchas otras podrían ser razones suficientes para hacerle una visita a la UPJ, en especial por los altos niveles de intolerancia existentes. Por eso es que muchos jóvenes, que no se meten con nadie, que no se reúnen para planear un atraco, pero que sí optan por gustos y costumbres que surgen de un nuevo deber ser y ser, o sea, de un nuevo tipo de sociedad, son estigmatizados y perseguidos por estos funcionarios. Cuando encuentran en la Plaza de la Paz a un rastafari, no ven a una persona de una autentica fe y que respeta a la naturaleza, sino que ven a un drogadicto y expendedor de drogas peor que un narco.
¡No más UPJ!, he alcanzado a divisar en algunas paredes de la ciudad. Creo que realmente toca abrir un debate sobre las mejores fórmulas para repeler la creciente violentización de Barranquilla, allí la administración distrital está llamada a dialogar directamente con las comunidades, no solo con los concejales, ediles (que en la ciudad poca función tienen) y comandantes de Policía, sino con las variadas expresiones que existen en Curramba. Asimismo impulsar diálogos horizontales con los jóvenes que predican y aplican un nuevo deber ser y ser, pues tienen mucho que aportar para darle soluciones a las problemáticas de la juventud, que siempre es objeto de la vulneración de derechos y del reclutamiento en la delincuencia común.
Pero, un primer paso es el cierre de este sitio que es una total vergüenza en medio de reglas que supuestamente nos debe garantizar un Estado Social de Derecho. Si por parte de la alcaldesa Elsa Noguera o de su alta consejera para la seguridad, Josefa Cassiani, no sucede (ahora menos que están en campaña reeleccionista con Alex Char), entoces debería promoverlo las plataformas defensoras de DD.HH., los grupos juveniles y todo aquel ciudadano crítico. La UPJ es un pequeño Guantánamo en la ciudad.
P.D. Ojalá esto no me determine un día en la UPJ por promover la crítica y el debate.
