Desfinanciar constituye una violación a derecho humano
La conclusión es contundente: la universidad pública, pensada como el medio para afianzar la paz, no le interesa al gobierno. Además, los recursos que ofrece son para salir del paso, dividir, separar, acallar y evitar la movilización, que le genera incomodidad, y no para atacar el problema de fondo o fortalecer su existencia pública.
Los montos aplazan la fecha de vencimiento, pero no detienen el avance hacia su liquidación total. La desfinanciación programada es perfectamente asimilable a una violación al derecho humano ya ganado, formulado en la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano de 1793, en el artículo 22, que la anuncia (educación) como una necesidad para todos y llama a la sociedad a favorecer con todo su poder los progresos de la razón pública y colocar la instrucción al alcance de “todos” y que fue reinventado con la Declaración Universal de 1948, que en el artículo 26 afirma que “los estudios superiores serán igual para todos, en función de méritos” (no de capacidades económicas) porque se supone que todo derecho humano implica la obligatoria financiación estatal.
El gobierno no puede desconocer que la educación es un derecho fundamental, un bien público y una condición esencial para la paz del país y la vida con dignidad, hacerlo es omitir su obligatorio cumplimiento y empujar a la sociedad para defenderla en resistencia. Mantener al sistema universitario de educación pública desfinanciado y controlada su autonomía (que es otro derecho fundamental) indica sin lugar a objeción, que existe de facto, una violación a derechos humanos, que podría y debería ser sancionada por las cortes de justicia local, atendiendo que sí hay ante quién reclamar, sí hay dónde reclamar, cómo reclamar y suficiente material probatorio de la sistemática vulneración, que también puede ser atendida por el sistema interamericano de derechos humanos.
Antecedentes: Un plan estratégico para aniquilarlas
Las enormes masas humanas, que protestaron en las calles durante el mes de octubre, están lideradas por estudiantes, jóvenes en rebeldía, que las volvieron parte de la coreografía política y social del país. El motivo es la legítima, justa y legal, defensa de la universidad pública, a la que asisten especialmente jóvenes procedentes de sectores populares, de regiones olvidadas y que son los hijos de trabajadores y empleados. La movilización es una respuesta a la sistemática arremetida de políticas de estado surgidas de centros económicos y de poder político, que la mantienen bajo la amenaza de una “dictadura presupuestal” y atadas a compromisos distintos a su naturaleza científica y cultural.
Los últimos 25 años han sido azarosos para las 32 universidades públicas que atienden a la tercera parte de los estudiantes del país, mientras más de 200 privadas atienden al resto, a precios de libre mercado y baja calidad, en el quinto país más desigual del mundo, en el que las mafias compran la inocencia de quienes les resultan prescindibles. Las universidades públicas fueron premeditadamente debilitadas, vaciadas de su esencia, sus plantas de personal desmontadas, queda uno de cada tres en la nómina de profesores, los otros dos son contratados de manera precaria, la situación se repite con los trabajadores públicos y oficiales, que dieron paso a funciones contratadas con empresas privadas.
La política social y el bienestar se tradujo a sistemas de compensación selectiva; la producción de la ciencia fue amarrada a voluminosos indicadores que miden todo menos los impactos reales en la transformación de la sociedad y la creación de bienestar; la extensión volvió a la universidad una contratista social, ajena, que dejó de ser el puente que conectaba con la sociedad y se redujo a formula mercantil sin compromiso con el tejido social, y la desfinanciación la lleva a comportarse como “empresa rebuscadora” de recursos a como dé lugar, sin ética, sin política. La autonomía fue usurpada por clientelas políticas regionales y la movilización académica y social tratada como factor de guerra, que deja desapariciones forzadas, torturas y asesinatos de profesores y estudiantes, en la lucha por controlarlas, usar sus bienes, saquear sus presupuestos y eliminar las ideas libres de padrinazgos.
La indiferencia estatal es la directa responsable de que ocurra la movilización, entendida como recurso efectivo, ante el ataque sucesivo a su función esencial de creadoras de conciencia crítica y pensamiento libre para forjar el desarrollo de la nación, para lo cual debe ser totalmente financiada con recursos públicos y protegida su capacidad de influencia intelectual. Al contrario, el gobierno con la política estatal trata de mantenerlas relegadas cumpliendo tareas inútiles por mandatos de poder y garantizado su supervivencia compitiendo en mercados desiguales, vendiendo programas y siguiendo el estricto trazado de la llamada apertura económica (basada en el consenso de Washington) instalada en Colombia a comienzos de la última década del siglo XX, que entregó la venta del servicio educativo a inversionistas y negociantes de toda especie, que crearon decenas de universidades (de garaje) y miles de programas sin mayores exigencias de calidad, ni respeto por el saber y la universalidad del conocimiento y menos por la dignidad docente y de sus trabajadores. Algún sector de narcotraficantes de la época entró al negocio y de la misma manera que crearon equipos de fútbol, lo hicieron con universidades a las que después les limpiaron el pasado y las llevaron a la legalidad.
Resultado: movilización de dignidad, ni espontánea, ni inmediata
La movilización universitaria representa una lucha por la dignidad, por el saber y por la autonomía y el gobierno como respuesta reparte desprecio, hace enredados cálculos económicos que desorientan y seduce al sector más débil de la movilización (los rectores) con pírricos presupuestos dirigidos a confundir a la sociedad y estigmatizar al movimiento, no a darle solución a sus demandas que son también de autonomía, de dignidad. Detrás de las cifras está el afán de perpetuar la guerra, enterrar los anhelos de paz y responder con violencia a las luchas por la justicia. En su actuar inmediato, el presidente miró a otro lado, con arrogancia se fue al vaticano a pedirle ayuda al papa para derrocar al gobierno vecino, como ya lo había hecho en la asamblea de la ONU y de la OEA; luego fue a la OTAN a hablar de ciberseguridad y buscar consejo para mejorar los estándares de participación de las mujeres en las fuerzas armadas y a su regreso anunció con ánimo vengador el envío para la conflictiva zona campesina del Catatumbo de 2500 soldados de una fuerza especial (FUDRA) de la que un militar de alto rango dijera que esta es para “atacar porque hay gente que solo entiende plomo” y después en palacio con guiños dio apoyo a las trampas tendidas a la JEP y la Comisión de la verdad.
La movilización es de dignidad y supera la espontaneidad de otros movimientos de indignados. Además, es de largo aliento y tiende a convertirse en conciencia, para que la universidad pública no quede convertida definitivamente en otro modelo de centro de negocios. La movilización, en 10 días de presión social, alcanzó como primera conquista la promesa de una adición presupuestal suscrita y aceptada por los rectores y puso al descubierto que la confrontación es al poder hegemónico, que desde hace 200 años emplea la ignorancia como receta para sostener su despotismo, según se refleja cuando en minutos encuentra fuentes de recursos para revitalizar la guerra, reactivar la alimentación escolar operada por privados, reacomodar el programa de Ser Pilo Paga que cofinancia en universidades privadas a cerca de 40.000 estudiantes con un alto costo, en cambio de financiar a menor costo a los cerca de 100.000 estudiantes que en el mismo lapso ingresaron a la universidad pública. En instantes, después de diez días de protesta sin atención, el gobierno encontró recursos para la fuerza Fudra, cuyo objetivo es aniquilar, no resolver; los empresarios tributaron con exoneración; el fiscal habló de 12 billones en bienes incautados tirados en el abandono; la ministra de Minas habló de 30 billones esperados por regalías; los sistemas de corrupción enquistados en los partidos de gobierno recibieron buenas noticias del Congreso que no afectará su manjar de 50 billones para saquear; los grandes inversionistas mantienen sus 10 billones en exoneración; el precio del barril de petróleo aumenta produciendo por cada dólar cerca de 350.000 millones de pesos, y el aumento del dólar beneficia al pequeñito grupo de exportadores.
