Las universidades, y en particular las públicas, son un espejo del país, reflejan su cultura, su diversidad, su grado de avance o rezago científico, el carácter democrático o no de una sociedad y en general, los aspectos más importantes de una sociedad se condensan en estos espacios llamados a ser lugares privilegiados para la lucha de ideas y la competencia entre las más diversas escuelas de pensamiento. Por ello, desafortunadamente el presente de la universidad pública colombiana habla muy mal del futuro del país, y si se mira el presente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, éste habla muy mal del futuro de Bogotá.
La crisis de la universidad pública es consecuencia de más de dos décadas de aplicación de la Ley 30, que rige la educación superior y que congeló los recursos de las universidades públicas ocasionando un déficit financiero que supera los 11 billones de pesos. El desfinanciamiento de la universidad pública es privatización y la privatización ha sido la constante bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos. Esta situación ha avocado a las universidades al desmantelamiento de su infraestructura física, al desmonte de los programas de bienestar, al aumento de los costos de sus matriculas y a la degradación de su calidad, mientras continúa la burla a la autonomía universitaria consagrada constitucionalmente, por cuenta de la antidemocracia que reina en los cuerpos de gobierno de las universidades públicas, convertidos en el sanedrín de los gobiernos de turno.
Esa es también situación que afronta la Universidad Distrital. Al contrastar sus necesidades presupuestales con el presupuesto de la universidad, se demuestra que para 2014 esta debe funcionar con un déficit de $191.000 millones de pesos. Dicho déficit es la principal causa de la merma en su calidad. El 66% de los profesores son contratados por medio de vinculación especial, es decir, no hacen parte de la planta docente, por tano, no pueden crear grupos de investigación, ni asesorar tesis de grado, ni hacer salidas pedagógicas. El promedio de estudiantes por cada profesor de planta llega a 43, impidiendo el desarrollo armónico del proceso pedagógico, situación que empeora si se le suma el déficit de infraestructura 7,2 metros cuadrados por estudiante, es decir, habría que construir un área cuatro veces mayor a la actual para brindar condiciones aceptables a la comunidad universitaria.
La garantía real del derecho a la educación supone condiciones materiales e institucionales que garanticen la calidad, pero además exige garantías para el acceso y la permanencia de los estudiantes, que por supuesto tampoco existen en la Universidad Distrital, ni en ninguna universidad pública del país. Por cuenta de recortes presupuestales entre 2012 y 2013, 800 estudiantes salieron del programa de apoyo alimentario de Bienestar Institucional, mientras tanto la universidad recauda alrededor de 18.000 millones de pesos al año en matriculas, lo cual representa apenas el 6% del presupuesto y constituye un esfuerzo que deben hacer las familias ante la desatención del Estado respecto a su obligación de garantizar el derecho a la educación.
La actual situación de la Universidad Distrital tiende a empeorar con la intención de la administración distrital de aumentar ostensiblemente la cobertura y con la reforma académica aprobada por el Consejo Superior Universitario de espaldas a la comunidad universitaria y que pretende crear dos nuevas facultades y más de treinta carreras, sin tener en cuenta la dramática situación en la que se encuentra la universidad.
La solución a los problemas de la universidad pública está consagrada en la propuesta de ley que construyó la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Mane, y que constituye un avance histórico para el país, pues el movimiento estudiantil podrá enfrentar con protesta y con propuesta a la reforma que desde ya anuncia María Fernanda Campo se presentará al Congreso si Santos es reelegido y cuyo contenido no dista en lo fundamental de la propuesta que ya derrotó el movimiento estudiantil en el 2011.
Este será un año de constante lucha para el movimiento estudiantil. Los jóvenes colombianos ya asumimos el reto de no pasar a la historia como la generación que vio morir la universidad pública, ahora la tarea será pasar a la historia como la generación que conquistó para quienes están por venir una educación pública, gratuita y de alta calidad. La realidad demanda de nosotros dar de nuevo una lección de democracia real en las calles, como lo hicimos en el 2011. La universidad pública existe gracias a quienes la han defendido siempre y muy a pesar a gobiernos como el de Santos, por ello nuestra tarea este año será derrotar la privatización de la educación en las calles y en las urnas.
