Es gratificante que la prensa de nuestro departamento voltee la mirada a los problemas que se vienen desarrollando en el seno de la Universidad del Atlántico. Pese a ello, existen algunas imprecisiones frente a los elementos que el editorial de El Heraldo expuso este pasado lunes 25 de julio, que esperamos estén relacionados más con falta de información ajustada a la realidad, que con intenciones premeditadas de crear una corriente de opinión sobre la base de hechos falsos. Por otro lado, no dejan de existir visiones diametralmente opuestas frente a los elementos que constituyen el problema real de la universidad, estos deben ser respetados teniendo en cuenta la pluralidad de pensamiento que confluye en la Uniatlántico. Sin embargo, es apenas justo que se observe desde todos los ángulos la situación universitaria.
Coincidimos perfectamente en señalar que “La recuperación de la universidad pública es un objetivo de vital importancia para el desarrollo de Barranquilla y la Región Caribe.” El problema radica en ubicar de quien hay que rescatarla. Es necesario rescatarla ¿de los sindicatos?, ¿de las organizaciones estudiantiles?, ¿de los rectores encargados? Cuánta falta hizo que un medio de comunicación, tan importante en la región como El Heraldo, hubiese señalado con el mismo ahínco la necesidad de rescatar la universidad del encargo que durante cinco años ostento la exrectora Ana Sofía Meza (2006-2011). Sin embargo, fue evidente que durante ese periodo resultaba indiferente si la rectoría era asumida en calidad de encargo o propiedad.
Los problemas de la educación pública trascienden a la labor individual de una persona que, por brillante o no que sea, no determina –en última instancia- el desarrollo de procesos relacionados con la educación superior. En ese sentido, los errores y aciertos que tiene la universidad no son (ni deben serlo) fruto de la figura unipersonal de un determinado rector(a). Intentar apropiar los logros colectivos de la universidad como propios e individuales, ha sido uno de los grandes errores de casi todas las administraciones de la universidad en particular, y del ejercicio de la misión publica en general. Esta lógica juega a favor o en contra de las administraciones de turno, por ejemplo, es evidente que la actual administración de la universidad tiene una gran responsabilidad sobre la falta de gestión a la hora de la renovación de los registros calificados de los programas de turismo por ciclos, pese a ello, muy poco se ha escuchado de la irresponsabilidad que cometió la universidad en el año de 2009 cuando abrió unos programas que desnaturalizaban la razón de ser de la Uniatlántico y que carecían sustento teórico, tras el afán de capturar los recursos provenientes del entonces convenio turismo caribe que firmó el ministerio de educación, con el de Minturismo y varias instituciones universitarias de bajo nivel académico y poco prestigió institucional, a las cuales se sumó lastimosamente la Universidad del Atlántico, que por aquel entonces estaba bajo las riendas de Ana Sofía Meza.
Pese a estas situaciones es sabido que la máxima instancia de dirección de la universidad es el consejo superior, quien es presidido por el Gobernador del Atlántico, y está compuesto en su mayoría por personas que tienen nula relación con la vida universitaria. A pesar de ello, terminan definiendo todos los aspectos centrales de desarrollo de la Universidad del Atlántico, entre los que se encuentran el presupuesto (que es en promedio de 240 mil millones de pesos, no de 400.000 millones como lo señala el editorial de El Heraldo), la designación de decanos, de rector, el plan estratégico, y demás aspectos centrales de la política universitaria. En ese sentido si debemos rescatar la universidad de alguien, es justamente del poder desproporcionado que el Consejo Superior tiene en este momento, y que se presta para que sus miembros hagan uso clientelar del mismo. Es por esta razón que nos atrevemos a afirmar que no son los sindicatos, ni las organizaciones estudiantiles, quienes son ingobernables, son los gobernantes (en este caso el Consejo Superior) quienes resultan ilegítimos, y por esta razón, ninguna de sus definiciones resulta consecuente con la dinámica y el desarrollo de los fines misionales de la universidad. No es la comunidad universitaria clientelista –per se-, son los sectores clientelistas ubicados en el seno del Consejo Superior quienes hacen su mayor esfuerzo por hacer clientelismo con la comunidad universitaria.
Por último, es necesario señalar que la universidad tiene una responsabilidad con la sociedad en general, y no únicamente con la empresa privada. Por ello, es un error medir el nivel de extensión social que la Uniatlántico tiene por el grado de utilidad que la empresa privada consiga de la universidad, entre otras cosas, porque es evidente que es muy poco lo que los gremios le aportan al alma máter más allá de las posiciones, generalmente provocadoras, hacia la comunidad universitaria, que mantienen habitualmente sus representantes ante el Consejo Superior.
