Por fortuna la iniciativa politiquera de reformar la constitución para unificar los períodos de gobierno no pasó, no solo porque el argumento era muy bizantino, sino por el daño que una situación de estas puede ocasionar a la democracia participativa y a la descentralización administrativa y política.
Si así como está hoy, con calendario común para gobernaciones y alcaldías, se genera traumatismo en la formulación del plan de desarrollo, cómo será si están unificados los tres niveles, en un país que está diseñado al revés: según los fundamentos de la democracia participativa y la descentralización política, el “deber ser” es que el plan de desarrollo departamental sea una síntesis de los planes municipales y el plan nacional una síntesis de todos los departamentales, o sea democracia de abajo hacia arriba con políticas públicas bottom-up; pero en Colombia ocurre al revés como se puede ver en eaArtículo 32 de la Ley 152 de 1994, donde dice que: “Los planes de desarrollo de las entidades territoriales, sin prejuicio de su autonomía, deberán tener en cuenta para su elaboración las políticas y estrategias del Plan Nacional de desarrollo…”. Lo anterior sacando a relucir el centralismo bogotano, cuando debería decir que el plan nacional tendrá en cuenta los planes territoriales. Un fenómeno absurdo donde a una misma población municipal, le sobreponen tres planes de desarrollo uno encima de otro, siendo que el proceso de desarrollo es uno solo.
El argumento del costo de las elecciones parece ser mezquino, cicatero o pichicato, cuando hay despilfarro de recursos fiscales para asuntos menos importantes y cuando es necesario salvar los esquemas de la democracia y la gestión pública gerencial. El enfoque gerencial de la gestión pública donde están incluidos los procesos de planificación, ejecución y control, debe ser acorde con la participación social que establece el artículo 2º de la constitución y dentro de los principios de la descentralización política. Si en Colombia hubiera verdadera descentralización política, en el orden nacional solo deberían existir el DNP y cuatro ministerios, ya que la tarea de la Nación solo debe limitarse a la formulación de políticas, el nivel regional encargarse de los asuntos supramunicipales y el nivel estratégico de la gestión, para que el municipio se dedique a los aspectos tácticos y operativos. Pero el ordenamiento del Estado colombiano no obedece a factores técnicos de la gestión pública, sino a los intereses de las élites de poder y los aspectos politiqueros.
Lo que se necesita es todo lo contrario sin pichicatear gastos: primero se deben elegir las autoridades municipales y por lo menos seis meses después los órganos departamentales para posteriormente elegir los nacionales bajo el condicionamiento de adoptar sus políticas con base en los argumentos de los territorios. Así tendríamos una organización del Estado de abajo hacia arriba, consecuente con el espíritu de la constitución en materia de democracia participativa y descentralización política, propuesta esta que es totalmente inviable a pesar de su sensatez conceptual, pero que se atraviesa al centralismo bogotano que está destruyendo al país y que no afloja los amarres para mantener el poder político en manos de las roscas del Jockey Club y el Club El Nogal, principalmente.
Seguirá por muchos años más la comunidad nacional siendo víctima de la actual arquitectura del establecimiento, pero eso sí, lo que será necesario evitar con todas las fuerzas sociales, es que se vuelva a intentar la iniciativa cuestionada, que más parece por aplazar el cambio de los actuales grupos de poder; pero en todo caso, que no se vuelva a hablar de la unificación de los períodos de gobierno.
