El llamado del nuevo informe del IPCC, del pasado 28 de febrero, se hace otra vez sobre la acción inmediata para no desaprovechar la pequeñísima oportunidad que queda para evitar los peores efectos de la crisis climática; el grupo insiste en la urgencia de “lograr reducciones rápidas y pronunciadas de las emisiones de gases de efecto invernadero”. Un cambio drástico del patrón de emisiones solo es posible a partir de disminuir radicalmente la quema de combustibles fósiles, que solo se lograría dejando la mayoría de las reservas enterradas. Mientras el acuerdo científico sobre este punto es generalizado, la entidad que debería tener las mayores claridades en el tema, la encargada de velar por el patrimonio ambiental de una de las naciones más biodiversas de la Tierra, avanza en sentido contrario; la ANLA anunció el lunes el otorgamiento de la licencia ambiental al primer proyecto de fracking en Colombia, a cargo de Ecopetrol, en Puerto Wilches (Santander); sin embargo, la licencia solo estará en firme cuando se resuelvan los recursos interpuestos en su contra, entendiendo que se trata de un proceso “exprés”, tal vez el más rápido que haya hecho la entidad, y sobre el que se denuncian irregularidades.
Para el presidente de Ecopetrol, los pilotos permitirían “que el país decida de una manera informada, con datos, con ciencia y tecnología, con trabajo con las comunidades, si el país quiere o no hacer fracking. Cientificidad inexistente entendiendo que el decreto 328, origen de los pilotos, desde su formulación incurre en un claro conflicto de interés, como lo evidencia en el incidente de desacato interpuesto ante el Consejo de Estado en julio de 2020, por un buen número de congresistas. Allí se señala como el Ministerio de Minas crea los términos de referencia técnicos, determina la línea base social, y posteriormente el mismo ministro evalúa los resultados; igual con el Ministerio de Ambiente que crea los términos de referencia para la licencia ambiental y una de las entidades a su cargo, la ANLA, la otorga. Y las empresas Ecopetrol y ExxonMobil, que con intereses directos al aportar el dinero para los proyectos, están encargadas de elaborar las líneas base sociales, puestas en tela de juicio por la población de Puerto Wilches, y posteriormente, la responsabilidad perforar y fracturar el pozo Kalé. Un proceso científico básico se basa en la evaluación objetiva de pares externos, que aquí solo están como convidados sin poder de decisión.
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Ecopetrol y ExxonMobil, con intereses directos al aportar el dinero de los proyectos, están encargadas de elaborar las líneas base sociales, puestas en tela de juicio por la población de Puerto Wilches, y luego, perforar y fracturar el pozo Kalé
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La llamada “licencia social”, exigencia que hacía el Consejo de Estado para poder llevar a cabo los pilotos, no existe en Puerto Wilches. La violencia armada ha sido usada como herramienta de intimidación a quienes se oponen al fracking. Según denuncias recogidas en diferentes medios, las amenazas se han dado a través de panfletos, mensajes y llamadas, que llevaron al desplazamiento de tres personas de la región. El caso más dramático ha sido el de la activista de la organización AguaWil, Yuvelis Natalia Morales, que para salvar su vida tuvo que exiliarse en Francia, con el apoyo de la embajada de ese país. Esta cadena de hechos a llevado a que incluso Juan Pablo Ruiz, miembro de la Comisión sobre fracking llamada “de expertos”, pagada por el gobierno Duque y de la que parte la inconveniente idea de los pilotos, afirme que “en contextos de violencia, la obtención y permanencia de la “licencia social” para cualquier actividad, más aún para una tan controvertida como el fracking, no es viable. (…) Las condiciones de violencia que se han vivido en los PPII impiden que estos generen el proceso de participación, conocimiento y transferencia de información que valida su ejecución”.
Además, el proceso de los pilotos acumula ya dos acciones de tutela en espera de resolverse. En la primera, se expone la presunta violación del derecho a la participación, al acceso a la información, al debido proceso y a la vida e integridad de la comunidad de la zona. Señalan que la participación no es real, no se tiene acceso a la información requerida, y el trámite se da en un lenguaje ininteligible para el ciudadano común. La segunda busca suspender la licencia ambiental de Kalé y el trámite del otro piloto, Platero, hasta tanto se dé el proceso de consulta previa con la organización de comunidades negras Afrowilches. Como se observa, las y los habitantes del territorio no dan “licencia social” al fracking en su región, mientras la táctica del gobierno Duque, y sus mayorías en el Congreso, ha sido obstaculizar la discusión en el espacio apropiado, el Congreso de la República, hundiendo en tres legislaturas distintas el proyecto de ley para su prohibición. Ahora, en vísperas de su final, pretenden hacer una nueva “jugadita” y dejar abierta la puerta del fracking en el país, cuando dos de las tres candidaturas con más posibilidades de llegar al poder lo rechazan de manera contundente escuchando las voces de los territorios, atendiendo al llamado de la ciencia.
