La tutela se creó mediante el artículo 86 de la Constitución Política del 91. Su misión era precisamente acabar con las injusticias en todas las instituciones gubernamentales y publicas. Creíamos que era la panacea que solucionaba todos los problemas de salud, educación, infraestructura y servicios públicos.
Hoy en día encontramos que la tutela se convirtió en el negocio de algunos jueces y magistrados, si la entidad entutelada quiere que no lo castiguen haciéndole cumplir un fallo para que cumpla una petición.
Una tutela puede llegar a valer entre los 2 millones hasta los 500 millones como la del magistrado Jorge Pretelt. En las tutelas radicadas para amparar el derecho constitucional a la salud el tutelante siempre termina en el cementerio porque así el juez de primera instancia la conceda, la entidad entutelada sabe que le dará la vuelta al fallo adverso y el enfermo muere sin que le asista otro recurso para probar que la entidad mintió al presentar los descargos.
En algunos casos el recurso preferente de tutela se gana por el accionante, pero igual la justicia colombiana en la mayoría de los casos no sanciona a quien viola los derechos fundamentales de nuestros compatriotas. Debemos exigir que los jueces y magistrados hagan cumplir la constitución y el código penal, no necesitamos una reforma a la justicia necesitamos jueces y magistrados que se ajusten a la ley.