En uso del derecho de petición consagrado en la Constitución, mediante oficio 1-2019-072456 del 6 de agosto de 2019 radicado en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el ministro fue requerido para que respondiera algunas inquietudes relacionadas con el no pago de algo más de $1,06 billones que su cartera estaba en obligación de hacer a favor de Fonpet según quedó establecido en el artículo 105 de la Ley 1873 de 2017.
Ley 1873 de 2017. Artículo 105. Para garantizar el pago del personal docente y administrativo de las instituciones educativas públicas, las contribuciones inherentes a la nómina y sus prestaciones sociales, durante la presente vigencia fiscal el Gobierno nacional podrá utilizar de manera temporal los recursos del Sistema General de Participaciones con destino al Fonpet hasta por la suma de $1.063.199.156.620 para ser destinados al Sistema General de Participaciones del sector Educación. Estos recursos serán reintegrados a la cuenta del Fonpet en las dos (2) vigencias fiscales subsiguientes.
Las preguntas hechas eran dos, sencillas de contestar o de pronto no, si se tiene en cuenta que este ministro solo hace caso a su alter ego:
a. ¿Cuáles son las razones por las cuales el ministerio a su cargo ha incumplido la obligación de reintegrar los recursos al Fonpet conforme quedó establecido en el artículo 105 mencionado?
b. En caso contrario ¿Informarme con qué acto administrativo se efectuó el reintegro en la vigencia 2019 y por qué monto y en qué rubro del Presupuesto 2020 se registró el reintegro correspondiente a esa vigencia?
El derecho de petición no fue respondido por el ministro, en total desprecio por lo que le ordena la Constitución y la ley, falta mayor en tratándose de un funcionario público de alto rango como es el suyo, lo que obligó al solicitante a interponer la acción correspondiente a fin de que se obligue al ministro a dar las respuestas solicitadas. La tutela le correspondió al Juzgado 36 Administrativo y fue aceptada para estudio.
Además, considera el demandante lo siguiente: “Que el señor juez, si así lo estima necesario, compulse copia a la Procuraduría General de la Nación para que investiguen las presuntas contravenciones disciplinarias en que haya podido incurrir el ministro Carrasquilla por la omisión de su obligación como funcionario público de responder el derecho de petición mencionado”.
El ministro Carrasquilla, ejemplo viviente del “déspota ilustrado”, es el mismo que con su habitual prepotencia asegura que es “demasiado autocrítico” pero que el ejercicio respectivo por la reforma se lo deja a su psicoanalista. Afirma también que solo si la Corte Constitucional dice “que el ministro de Hacienda es un imbécil y la embarró en el camino”, él asumirá la responsabilidad por el fracaso en el trámite de la Ley de Financiamiento.
Desde acá una solicitud respetuosa a los magistrados de la Corte Constitucional para que se sirvan estudiar la posibilidad de incluir en sus fallos los calificativos que el ministro requiera para “asumir” la responsabilidad política por sus fracasos.
Sin cifras en la mano asegura que el crecimiento de la economía colombiana se debe a las bondades de la ley de financiamiento ya que todos los indicadores así lo demuestran. Estas afirmaciones son desvirtuadas por verdaderos expertos económicos como el director del Centro de Pensamiento Fiscal de la Universidad Nacional, Daniel Libreros, quien por el contrario afirma que los indicadores de la economía colombiana han venido cayendo, algunos incluso tornándose negativos.
Aunque en los últimos meses venía amenazando con que las consecuencias serían catastróficas en caso de que se cayera la Ley de Financiamiento y que esto le costaría al país cerca de $1.000 billones, estas consecuencias no se han dado, lo que permite concluir que el ministro, más que conocimientos y cifras, utiliza el amedrentamiento para lograr que le aprueben sus iniciativas.
Lo único cierto es que su falta de gestión en el trámite de la ley más importante para el gobierno pone en riesgo el recaudo de $7,5 billones. Más aún, la misma suerte podría correr la ley del Plan Nacional de Desarrollo.
Para finalizar, este personaje ha implantado, desde la instalación de su administración, una verdadera dictadura fiscal pues para imponer sus iniciativas no le importa prescindir del ordenamiento jurídico y de la legislación, por lo que sería uno de los ministros con más méritos para ser cobijado por una moción de censura, que debiera adelantarse en forma urgente con el fin de evitar el deterioro fiscal por el que vienen atravesando nuestras finanzas públicas.
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Carrasquilla: Si me dicen imbécil, yo asumo
¿Qué tan herida queda la economía?
