El senador Jorge Enrique Robledo, quien anunció su candidatura presidencial para las elecciones de 2022, denunció el 11 de este mes que se vio precisado a impetrar una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia para pedir garantías a sus derechos fundamentales “a la libertad de expresión y al debido proceso, así como a la inviolabilidad parlamentaria y la participación política, por parte de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, al no aplicar el artículo 185 de la Constitución, que señala que los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo”.
La tutela se encaminó a salvaguardar a la propia democracia, dijo Robledo: “No es democrático un país en el que la ciudadanía no elige a su Congreso, no se respeta la independencia de los poderes, se atenta contra que sus congresistas le hagan control político a los funcionarios y los juzgan y condenan penal y civilmente por sus opiniones en los asuntos de su cargo y pueden ser amenazados y amedrentados...", la acción va dirigida a "defender mis derechos, los del Congreso, de los congresistas y de los colombianos”, explicó Robledo, el senador que ha realizado los más connotados debates de control político, quizás en toda la historia del Congreso. El hecho tiene que ver con que “en julio de 2019, el exfiscal Néstor Humberto Martínez me hizo una denuncia penal por injuria y calumnia ante la Corte Suprema en torno al caso de corrupción Odebrecht-Grupo Aval, a la que le añadió hacerse parte civil para también atentar contra mis bienes”, agregó Robledo.
Fueron de antología los debates que el candidato presidencial, en su calidad de senador, Jorge Enrique Robledo, le realizó al exfiscal general, Néstor Humberto Martínez, de los cuales quedó una frase lapidaria para enmarcar en la historia nacional: "Al fiscal le suena la plata de Odebrecht en los bolsillos", demostrando los vínculos cercanos que el exfiscal tuvo con esa multinacional que fue condenada por actos de corrupción en el mundo, temas por los cuales la justicia colombiana lo han dejado impune, corroborando el hecho de que en este país es un verdadero peligro denunciar la corrupción porque se corre el riesgo de quedar preso o ser despojado de sus bienes por acciones judiciales. A pesar de que la tutela le fue fallada en contra al candidato presidencial Robledo, le asiste la razón pues su actuar tiene fundamento jurídico también en varias sentencias de la Corte Constitucional sobre la inviolabilidad de opinión de los congresistas, de los cuales existen como pruebas los cuatro debates que Robledo le hizo al señor Martínez Neira en la sesión plenaria del Senado, los cuales, ante inquietudes de la opinión pública, se extendieron a los medios de comunicación.
Una condena al candidato presidencial Jorge Enrique Robledo sería un grave precedente y un retroceso para la democracia colombiana y específicamente contra el Congreso, pues se arrasaría con derechos fundamentales a la libertad de expresión y al debido proceso, así como a la inviolabilidad parlamentaria y a la participación política, establecidos en el artículo 185 de la constitución, que señala que “los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo”. Una condena en ese sentido significaría que en Colombia seguirían habiendo ¡personajes oscuros con carácter de intocables!