En las últimas horas, Colombia ha sido escenario de un nuevo capítulo de tensiones entre el gobierno y los sectores económicos, esta vez representados por los dueños de camiones, quienes exigen que se les subsidie el ACPM (diésel) para aumentar sus márgenes de ganancia en medio de un contexto económico complejo. Esta situación, que ya ha derivado en un paro de transporte de carga, amenaza con paralizar el país y poner en jaque a un gobierno que ha optado por una agenda ambientalista. Sin embargo, más allá de las tensiones coyunturales, este conflicto plantea una pregunta fundamental: ¿es sostenible continuar subvencionando combustibles fósiles en plena crisis climática?
Subvencionar el diésel para mejorar la rentabilidad de un sector específico, como el transporte de carga, puede parecer una solución a corto plazo, pero es una estrategia que ignora las advertencias científicas sobre la necesidad urgente de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los combustibles fósiles, como el diésel, son una de las principales fuentes de emisión de dióxido de carbono (CO2), el cual contribuye significativamente al calentamiento global. Continuar subsidiando estos combustibles va en contra de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en el Acuerdo de París, que busca limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales.
La decisión de subsidiar combustibles fósiles es, en esencia, una inversión en un modelo económico insostenible que posterga las consecuencias climáticas para las futuras generaciones. Es una política que favorece la inercia, manteniendo al país atado a un sistema energético obsoleto, en lugar de impulsar una transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles. Además, no se debe olvidar que los subsidios al diésel no solo perpetúan el uso de un combustible contaminante, sino que también representan una carga económica significativa para el Estado, recursos que podrían ser destinados a iniciativas más alineadas con un desarrollo sostenible.
Numerosos países han optado por desestimar los subsidios a los combustibles fósiles, reconociendo que son políticas insostenibles tanto ambiental como económicamente. Un ejemplo destacado es el de Noruega, un país que, a pesar de ser uno de los principales productores de petróleo del mundo, ha tomado decisiones firmes para desincentivar el uso de combustibles fósiles a nivel doméstico. Noruega ha implementado impuestos significativos sobre el carbono y ha promovido la adopción masiva de vehículos eléctricos, financiando estas políticas con los ingresos obtenidos de su industria petrolera. Esto demuestra que es posible gestionar un sector energético sostenible sin sacrificar la competitividad económica.
Otro ejemplo relevante es el de India, un país que ha comenzado a reducir sus subsidios a los combustibles fósiles para financiar programas de energía renovable. A pesar de ser una de las economías en desarrollo más grandes del mundo, India ha reconocido la necesidad de cambiar su modelo energético para enfrentar los desafíos del cambio climático. Este tipo de políticas reflejan una visión a largo plazo, donde la sostenibilidad ambiental se ve como un componente integral del desarrollo económico.
Colombia enfrenta una encrucijada. Continuar subsidiando el diésel para evitar un paro prolongado puede parecer una solución pragmática en el corto plazo, pero es una decisión que compromete el futuro del país. En lugar de ceder a presiones que perpetúan la dependencia de combustibles fósiles, el gobierno debería aprovechar esta crisis para promover una transición hacia un modelo de transporte más limpio y eficiente.
Esto no significa ignorar las necesidades del sector del transporte de carga, que es vital para la economía nacional. Sin embargo, se pueden explorar alternativas como incentivos para la renovación de flotas hacia vehículos menos contaminantes, el desarrollo de infraestructura para combustibles alternativos o incluso la promoción del transporte ferroviario, que es más eficiente en términos de consumo energético.
La crisis climática requiere de políticas audaces y visionarias. Subsidiar el diésel es una medida que pertenece al pasado. Colombia debe mirar hacia el futuro y apostar por un desarrollo que no comprometa el bienestar de las generaciones venideras. Solo así se podrá garantizar un crecimiento económico que sea verdaderamente sostenible y equitativo para todos.
