“Gobernar a base de miedo es muy eficaz. Si usted amenaza a la gente diciéndoles que les va a degollar, y luego no les degüella, entonces les puedes azotar y explotar. Y la gente dice “bueno, no es tan grave”. El miedo hace que no se reaccione. El miedo hace que no se siga adelante. El miedo es, desgraciadamente, más fuerte que el altruismo, que la verdad, más fuerte que el amor. Y el miedo nos lo están dando todos los días en los periódicos y en la televisión”
José Luis Sampedro
La Gran Burguesía Transnacionalizada, o sea, los Slim, Iacono y De la Campa (Pacific Rubiales), Sarmiento Angulo, Santodomingo, Gilinski, Carvajal, y demás “grandes cacaos”, que son los que mandan en Colombia, ya están jugados por una “Paz a su medida”. La tienen clara.
Será una “paz perrata”, a cuenta gotas, calculada y a la carta[1]. Es parte de un paquete más grande que se juega la oligarquía para impedir el desarrollo de un movimiento democrático que ponga en peligro los intereses estratégicos del gran capital.
A la sombra del proceso de Paz se cocina una sutil receta para repetir la estrategia utilizada en los años 30 del siglo pasado (XX) cuando el movimiento obrero y popular amenazaba con adquirir su propia personalidad y construir una identidad anti-oligárquica.
Dicha receta utilizó la “trampa del miedo” para chantajear a los dirigentes del pueblo. Los colocó frente a dos alternativas: el exterminio a manos de la hegemonía conservadora y fascismo criollo o apoyar unas precarias reformas que no tocaron la esencia de los problemas del país. Una fue, la Ley 200/36 sobre tierras, y la otra, la legislación sobre el trabajo.
Ambas reformas, como lo plantea Antonio García Nossa en su libro “Gaitán y el problema de la revolución colombiana”[2], no tocaron la esencia del monopolio de la tierra y menos, resolvieron los problemas de sobre-explotación y deficientes condiciones laborales de los trabajadores. Sin embargo, fueron utilizadas demagógicamente por la oligarquía para engañar al pueblo. Los dirigentes populares de entonces (“comunistas”) la denominaron pomposamente “La Revolución en Marcha” para tratar de tapar su entrega y oprobio.
Ahora usan la misma fórmula. Utilizan la “amenaza uribista” para asustar a los demócratas y a un sector de la izquierda. Uribe (Zuluaga) no les sirve como gobernante pero sí como parte de la estrategia del miedo, para poner a los demócratas a su cola. Así mismo, aprovechan la debilidad política de la guerrilla para fortalecer la falsa democracia con la figura de una “nueva apertura democrática”. Por eso, tratan de presentar los acuerdos de La Habana en política agraria, lucha contra las drogas y participación electoral (concesiones a los campesinos de zonas de colonización), como grandes reformas al Estado. Nada más falso y aparente.
Así, dentro de pocos meses – una vez se firme el acuerdo de Paz – veremos al “nuevo progresismo” en cabeza de Santos, de muchos burócratas y algunos “izquierdistas”, proclamar a los cuatro vientos que estamos frente a una “nueva apertura democrática” y a un luminoso “porvenir en Paz”, muy al estilo de lo que hicieron los comunistas en la década de los años 30s del siglo pasado. Tratan de aplicar otras dos décadas de neoliberalismo con la misma fórmula que utilizaron después del acuerdo de Paz con el M19 y la Constitución de 1991. Derechos de papel.
Es importante que se firme la terminación del conflicto armado con las guerrillas. Eso lo desean y necesitan los trabajadores y el pueblo colombiano. Es vital para quitarnos el lastre de un conflicto bélico degradado e instrumentalizado por la oligarquía. No para conformarnos con lo que se acuerde en La Habana sino para ir más allá. Entendemos que la guerrilla – en medio de su desgaste político – no puede exigir grandes transformaciones para la nación colombiana, y eso está bien. Lo que no está bien es que contribuyan a lavarle la cara a Santos y al conjunto de la oligarquía. No es correcto que por miedo a Uribe vendamos a Santos como el “gran reformador”.
El movimiento popular debe diseñar su propia y autónoma estrategia – lejos de los intereses de la insurgencia – para desenmascarar a TODA LA OLIGARQUÍA, que está comprometida con los crímenes de Uribe y con la práctica paramilitar desarrollada desde los años 80s en Colombia.
Esa estrategia debe contemplar la construcción inmediata de un amplio, incluyente y fuerte Movimiento Ciudadano Democrático que desde el día siguiente a las elecciones del 25 de mayo de 2014 se coloque la tarea de unir a lo más decidido del Partido Verde, Progresistas, Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y demás movimientos políticos y sociales independientes y alternativos, para actuar unificadamente desde las localidades y regiones.
Independientemente de los resultados de las elecciones la tarea urgente es organizar la participación en la segunda vuelta electoral de ese Movimiento Ciudadano Democrático con una papeleta alternativa que sea un plebiscito por la Paz y la democratización del país.
Debemos exigir al nuevo Presidente (quien quiera que sea), la terminación concertada del conflicto armado y empezar a acabar con los enormes privilegios y monopolios existentes en la nación. Entendemos que la democratización de Colombia – tarea aplazada desde siempre – implica la derrota del latifundismo reaccionario y retrógrado en todas sus expresiones económicas, políticas, culturales, ideológicas y delictivas.
Para empezar, el movimiento ciudadano democrático debe exigir – con fuerza y decisión –, el juzgamiento y encarcelamiento de Uribe, su candidato Zuluaga y todos sus cómplices. Si el “hacker” Sepúlveda ya está preso, sus contratantes, verdaderos perpetradores intelectuales de esos delitos, deben también ir a la cárcel. Igual, debemos exigir la aniquilación inmediata de los grupos paramilitares (bacrim) que son un impedimento para el ejercicio democrático.
Pero la verdadera Paz que necesita el pueblo debe incluir decisiones y medidas más profundas. La derrota de Uribe no puede ser individual. Gran parte de la burguesía agraria, grandes latifundistas, empresarios “nacionales” y extranjeros, un sector importante de la clase política que está camuflada en casi todos los partidos y coaliciones, deben ser juzgados penal y políticamente por sus crímenes y despojos. Hay que impedir lo que siempre ha hecho la oligarquía: “hacerse pasito” por debajo de la mesa, perdonarse entre ellos y echarle tierra a las víctimas.
Así mismo, el movimiento popular y agrario no puede “enmochilar” las banderas políticas que el Paro Nacional Agrario de agosto de 2013 colocó al frente de la opinión pública: la re-negociación de los TLCs y una reforma agraria democrática.
[1] Fernando Dorado. “Guerra degradada y Paz ‘perrata’”. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=176957
[2] Antonio García Nossa. “Gaitán y el problema de la revolución colombiana”. MSC, Bogotá, 1955.
