Jorge Pretelt Chaljub, por aquellos días magistrado de la Corte Constitucional, comenzó a labrar su desgracia hace diez años, en octubre de 2013, cuando le propuso a su colega Mauricio González Cuervo que le torciera el curso a un fallo de tutela en el que estaban en juego millonarios intereses de la firma Fidupetrol, protagonista de varios escándalos financieros en el país.
Estaban sentados a manteles en el restaurante La Tabla de Michelle, en el norte de Bogotá, en compañía del exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, cuando Pretelt dejó deslizar la oferta: Habría para ambos $500 millones si González, como ponente, conseguía revocar una decisión que en primera instancia obligaba a Fidupetrol a pagarle $22.500 al departamento del Casanare por un fraude en el manejo de regalías.
El asunto no paró allí. A González se le quitó el apetito y en la primera oportunidad que tuvo mencionó el episodio ante la Sala Plena de la Corte y, por consenso entre sus compañeros, denunció a Pretelt ante la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes por el delito de concusión.
El magistrado Luis Ernesto Vargas, presidente del alto tribunal en esa época, no lo podía creer. Por eso, tan pronto como se fueron conociendo más detalles de la trama de corrupción, decidió hacer sus propias averiguaciones. Llamó al abogado Víctor Arturo Pacheco, mencionado como intermediario entre Fidupetrol y Pretelt en el intento de soborno, y grabó la conversación.
Conocidos de marras, Pacheco no se ahorro detalles con él. Le contó que todo comenzó en la antesala de una reunión en el club El Nogal organizada por Pretelt para despedir a dos magistrados amigos suyos que se retiraban de la Corte. Antes de llegar a la cita social Pacheco visitó a Pretelt en su apartamento y hablaron del asunto en voz baja, en un rincón de la biblioteca.
Pretelt -siempre según la versión de Pacheco- le dijo al abogado que la tutela acababa de ser seleccionada y repartida y que su ponente, Mauricio González, era un hombre honesto, pero que solía tener muy en cuenta sus opiniones. Así que lo demás dependía de que Fidupetrol desembolsara el dinero.
El abogado tenía interés especial porque acababa de ser contratado por la firma para que fuera su apoderado en el proceso de una tutela que venía de ser fallada negativamente por el Consejo de Superior de la Judicatura.
Pretelt sabía que el litigante había sido contratado por Fidupetrol, no exactamente por sus conocimientos jurídicos, sino porque presumía de sus contactos en la Corte Constitucional. Entonces le aconsejo el camino que deberían seguir. La firma debería contratar como asesor legal para el caso al exmagistrado Rodrigo Escobar Gil y entonces él y Escobar se encargarían de lo demás.
Cuando oyó la historia, el presidente de la Corte le dio crédito y decidió que entregaría la grabación a la autoridad competente.
La Comisión de Acusación de la Cámara designó como representante investigador al antioqueño Julián Bedoya
Bedoya no era entonces el cuestionado político en el que se ha convertido hoy, sino que se presentaba como un joven y brioso abogado dispuesto a sacar adelante el proceso, a llevarlo bien documentado ante la plenaria y a lograr que ésta formulara acusación contra Pretelt ante el Senado y de allí fuera a la Corte Suprema. Lo lograría.
Tras accidentados interrogatorios a Pretelt y no pocas renuncias de los testigos, entre los que se encontraban asistentes, el conductor y un hijo del magistrado, en noviembre de 2015 Bedoya tenía listo un escrito de acusación de 115 páginas que fue analizado, votado y respaldado en la Comisión.
El representante investigador comenzó por admitir que no había plena prueba de que Pretelt hubiera recibido los $500 millones que habría exigido a cambio de favorecer a la firma Fidupetrol en el trámite de una tutela.
Sin embargo, lejos de considerar que esa fuera por sí sola razón para archivar el proceso, anotó en la acusación -consultada por Las2Orillas- lo siguiente: “Sería ingenuo esperar obtener prueba directa de una solicitud como la que es materia de investigación porque los sujetos activos de esa clase de delitos son personas inteligentes que se cuidan al extremo de no cometer el craso error de dejar testigos o documentos en papel o audiovisuales de su conducta delictiva”.
No obstante, citó un centenar de pruebas que, en opinión del entonces presidente de la Comisión de Acusación, ofrecían certeza de que Fidupetrol tenía un plan para permear a la Corte Constitucional y que Pretelt era pieza clave para lograrlo.
Con el apoyo de la Policía Judicial recuperó varios correos corporativos en los que Helbert Otero, presidente de Fidupetrol, y otros ejecutivos, impartían instrucciones al abogado Pacheco sobre las gestiones que debía hacer ante la Corte Constitucional. Esos correos incluían información sobre los resultados de esas gestiones.
El expediente remitido a la Corte contiene también documentos y soportes contables que demuestran que a Pacheco se le modificó el contrato de prestación de servicios profesionales para aumentarle y adelantarle “la prima de éxito”, que además le fue pagada por anticipado.
Está transcrita la declaración rendida por el magistrado Luis Ernesto Vargas, en las que confirma que Pacheco se enteró de la selección de la tutela porque el propio Pretelt se lo contó por anticipado.
La defensa de Pretelt sostenía desde entonces que el hoy no tuvo influencia alguna en la selección de la tutela. En la página 68 del escrito de acusación Bedoya hacía esta reflexión: “¿Por qué Pretelt se mantuvo al margen de la selección de la tutela? porque su aportación al plan era otra: persuadir al magistrado ponente…”.
Sobre el papel que jugaba en esta trama el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil tildaba de absurdo que Escobar, hombre versado en Derecho Constitucional, hubiera tenido que subcontratar al abogado Víctor Pacheco, menos preparado que él en la materia, para que le ayudara y que le pagara por eso millonarios honorarios que, al parecer, irían a ser usados para pagar el soborno.
Antes de que el caso llegara a la Corte Suprema, donde Pretelt acaba de ser condenado a 64 meses y 15 días de prisión, Helbert Otero, estaba privado de la libertad bajo un régimen de detención domiciliaria y Pacheco logró un acuerdo de colaboración con la Fiscalía.
El nombre de Otero también sonó en varios escándalos financiero, como el de la caída de Interbolsa, pues en el pasado fue socio de Juan Carlos Ortiz y también alguien cercano a Rodrigo Jaramillo, expresidente de esa firma.
Bedoya no regresó al Congreso, pero es un operador político influyente en Antioquia y uno de los aliados allí del presidente Gustavo Petro. De hecho, es el jefe de la representante María Eugenia Lopera Monsalve, cabeza de la rebelión liberal que permitió aprobar en la Comisión Séptima de la Cámara la ponencia para iniciar el debate de la reforma a la salud.
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