Desde abril del 2021, la sociedad colombiana está inmersa en una profunda disputa política y en una confrontación social de grandes proporciones como reflejo de diversas crisis que golpean a todos los colombianos.
Me refiero al acontecimiento del mes de abril del 2021, cuando ocurrió una potente explosión social que marco un quiebre definitivo en la historia contemporánea de Colombia. En el futuro cuando se haga la historia objetivo de este evento se sabrá de sus amplias implicaciones. Es como decir la revolución de los Comuneros de 1789 encabezada por José Antonio Galán; o la guerra de independencia liderada por Simón Bolívar en 1815; o el magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán en abril de 1948.
La rebelión del 2021 propicio un viraje en el gobierno del Estado, pues acelero la bancarrota del régimen dominante de la ultraderecha en cabeza de Iván Duque y promovió el acceso al gobierno de un bloque popular progresista liderado por el senador Gustavo Petro, organizado en el denominado Pacto Histórico, movimiento socio político en el que confluyen varios movimientos y matices de la izquierda reformista y del movimiento social.
La llegada de Gustavo Petro a la presidencia y la conformación de una importante bancada parlamentaria popular significó una brusca alteración de los sistemas de dominación del bloque oligárquico que ha controlado, de manera absoluta, el Estado desde el siglo XIX.
Tales sucesos han significado una agudización de las disputas entre bloques o campos sociales con enormes tensiones y choques de profundo impacto en el resto de la sociedad.
Por momentos, esta disputa tiene todos los ingredientes de la "lucha de clases", que, según Marx, es el motor de la historia.
Tal "lucha de clases" la ha proyectado el bloque oligárquico como una "guerra civil" contra los sectores sociales emergentes, que es un conglomerado de diversas expresiones, sociales entre las que están trabajadores, campesinos rasos, pequeños productores (cafeteros, paneleros, arroceros, cañeros, palmeros y lecheros), profesionales desempleados, jóvenes, universitarios, mujeres, indígenas, afros y una importante clase media, secuestrada por las fantasiosas discursividades de la retórica fascista de la ultraderecha.
Después de casi un año de gobierno de la administración del Presidente Gustavo Petro, cuando han ocurrido hechos muy importantes en la gestión gubernamental como la aprobación de una reforma tributaria progresiva por casi 100 billones de pesos (cerca de 22 mil millones de dólares), que tendrán que pagar los más ricos; la formalización legal de la paz total que abrió procesos de negociación con el Eln, las Farc (EMC y Segunda Marquetalia) y de sometimiento de grupo paramilitares; la aprobación del Plan de desarrollo "Colombia Potencia Mundial de la Vida", con trascendentales medidas de un reformismo transformador; la adopción de Ceses bilaterales del fuego; el lanzamiento de la Renta ciudadana para favorecer millones de madres cabezas de hogar y jóvenes; y la depuración de la cúpula militar involucrada en los "falsos positivos, masacres de campesinos e indígenas y el exterminio de líderes sociales y de ex combatientes de las Farc; hoy estamos delante de una fase específica de cambios con una enorme carga de profundidad.
Me refiero a las reformas sociales formuladas por el presidente para hacer cambios radicales en el sistema neoliberal de la salud, el trabajo y las pensiones.
En respuesta se ha desatado la más violenta reacción del bloque oligárquico haciendo pensar que se están preparando todas las condiciones de una verdadera "guerra civil" neoliberal.
Bien caracterizada esa "guerra civil" -encuadrada en una "disputa catastrófica"-, nos muestra varios vectores y agentes bastante intensos, me refiero al Lawfare –guerra que utiliza leyes- y al "golpe blando" elaborado por los laboratorios imperiales de la contrarrevolución.
En la actual coyuntura está en curso un "golpe blando" contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Golpe que utiliza la guerra jurídica en toda su magnitud para defenestrar al presidente en los términos que ocurrió recientemente en el Perú con Pedro Castillo, hoy encarcelado.
La guerra jurídica de la ultraderecha no es nada original, basta con mirar detenidamente los casos del presidente Lula, de Cristina Kirchner, de Rafael Correa, de Evo Morales y de López Obrador para identificar las líneas maestras de dicha estratégica y sus equipos motores e impulsores.
Un ataque jurídico con fines políticos golpistas implica una gavilla mediática muy proactiva, que en nuestro caso tiene como eje el grupo seudoperiodistico y amarillista de Semana -de propiedad de un poderoso grupo financiero-, al que se subordinan el resto de las piezas comunicacionales: periódicos (El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, el País, el Heraldo, etc.), emisoras (Caracol, la W, Blu y RCN), canales de televisión y redes sociales muy sofisticadas.
Esta gavilla mediática ejecuta una operación política de desestabilización que no da tregua, inundando el espacio público con mentiras y falsas historias que son acogidas rápidamente por los sectores judiciales en manos de la ultraderecha más delirante.
En el Lawfare contra el presidente Gustavo Petro son protagonistas de primera línea el Fiscal Francisco Barbosa –socio del ex presidente Iván Duque-, la Procuradora Margarita Cabello –del clan mafioso de los Char de Barranquilla-, el Defensor del pueblo Carlos Camargo –ligado a los paramilitares de Montería-, el bloque parlamentario del uribismo y las cámaras empresariales.
El ataque a Petro acumula varios elementos como la supuesta alteración de la división de poderes, la destrucción de la salud, la inseguridad en los territorios, la desviación de la "paz total", la afectación de la economía de mercado, el sabotaje a la empresa, las amenazas a la libertad de prensa y procesos de corrupción a los que se vinculan su hijo, su hermano y su ex secretaria privada.
Alrededor de estas tramas se han surtido diversos escenarios sobre dimensionados políticamente por la "gavilla mediática" de Semana.
El nuevo capítulo de la conspiración golpista se desato con el escándalo del exembajador en Venezuela, Armando Benedetti –una escoria de la política colombiana- que involucró a la ex secretaria privada del presidente Petro, Laura Saravia.
Desde ese punto se han proyectado procesos judiciales en la Fiscalía y acciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de representantes para enjuiciar y destituir al presidente Gustavo Petro de su cargo y promover un reemplazo que también puede clonar el modelo peruano de la Boluarte, de origen socialdemócrata pero degradado hacia el fascismo.
La muerte del Coronel Oscar Dávila el 9 de junio.
Entretanto, los procesos judiciales se están centrando en la muerte del coronel de la policía Oscar Dávila –ocurrida el pasado 9 de junio-, un oficial cercano a la seguridad de la presidencia de la república, con el que Semana y el resto de la gavilla mediática están tejiendo una falsa historia para responsabilizar de esa tragedia a Petro y al Ministro de la Defensa, originada en la supuesta pérdida o robo de 3000 mil millones de pesos (casi un millón de dólares) en el apartamento de Sarabia en el mes de enero del año en curso y en las aceleradas investigaciones del Fiscal Barbosa que han implicado allanamientos a las oficinas de la presidencia y la apertura de procesos en la Procuraduría.
Como quiera que todas estas acciones y procesos están mediados por los intereses políticos y golpistas de la ultraderecha, que no se queda quieta en su propósito de inmovilizar la institucionalidad gubernamental y decapitar el poder progresista en el gobierno, el presidente ha readecuado su estrategia política para tomar la iniciativa organizando nuevos procesos de movilización democrática como las manifestaciones del pasado 7 de junio y la convocatoria de las Asambleas populares municipales y sectoriales de las universidades, los mineros artesanales, los trabajadores de la salud, los comunales, los indígenas y los campesinos.
De igual manera, los desplazamientos del presidente han priorizado la agenda legislativa, -sorteando el filibusterismo opositor-, para avanzar en reformas estratégicas como las de la salud, la pensional, la laboral, la jurisdicción agraria, la violencia contra la mujer, el cambio climático y la modernización del poder legislativo.
La ultraderecha, por supuesto, no guarda quietud y está preparando manifestaciones públicas el próximo 20 de junio en Bogotá y otras ciudades para hacer demostraciones de fuerza y encauzar su plan político mirando las elecciones locales del próximo 29 de octubre que, desde luego, son un gran desafío para el Pacto Histórico, para lo cual no parece estar preparado dada la demencial guerra intestina que los carcome.
Lo cierto es que la ultraderecha colombiana está en un proceso de reconfiguración, tal como ocurre en otros lugares, dejando atrás los viejos liderazgos –Uribe, Pastrana y hasta Duque- y proyectando nuevos rostros que con el pasar de los días serán los nombres de mayor promoción. Me refiero al ex general Zapateiro y a otros ex militares que ya dan sus primeros pasos con publicaciones de libros, presencia en los medios como columnistas y como candidatos a las gobernaciones y alcaldías, para ofrecerse como la alternativa al supuesto fracaso y al populismo del gobierno de Gustavo Petro.
Los militares fascistas colombianos van por el camino del mercenario francotirador ecuatoriano Jan Topic que se ha lanzado a buscar la presidencia de la república del Ecuador el próximo 20 de agosto, con el apoyo de Lasso y los banqueros de la casta oligárquica de ese país.
Para finalizar quiero dejar esta pregunta: ¿Impulsará el bloque ultraderechista, con el patrocinio gringo, una "revolución de los colores" para destruir al presidente Gustavo Petro tal como ha ocurrido en otras regiones del mundo en recientes épocas? No lo descarto y las manifestaciones programadas para el próximo 20 de junio parecen estarlo sugiriendo.
