Con el agua al cuello, en medio de su arruinada siembra de banano y limón, un campesino de la región peruana de Tumbes señala hacia los campos ecuatorianos, en la otra orilla del río que a ellos acaba de aplastarlos. En tanto, sus compatriotas sepultan a decenas de familiares ahogados. Y es que los vecinos del otro lado están recogiendo tranquilos su cosecha, en medio de campos reverdecidos. (Ver, por ejemplo, informativos de los canales peruanos Cuarto Poder y TC Televisión) ¿Por qué esta diferencia tan impactante y sorprendente? ¿Por qué a un lado tranquila normalidad, mientras el otro desborda dolor y angustia? Y los dos en el mismo tiempo y lugar. ¿Qué sucede aquí? Sencillo, la diferencia se llama megaproyectos hídricos para el control de inundaciones. Como lo señalara el presidente de la nación ecuatoriana, los 2.500 millones de dólares gastados en estos proyectos no resultan en retorno financiero, aquí la ganancia es social.
Pero desenrollemos despacio este asunto, porque se trata nada más y nada menos que de aprender en el laboratorio social en que se ha convertido nuestra Latinoamérica de hoy. Aquí se ha puesto de presente, para ser analizado por todos y no únicamente por comentadores y especialistas de las ciencias sociales, el concepto de que una cosa es invertir con la mira de retorno financiero y otra invertir de acuerdo con una concepción que hoy no parece tener lugar en las enormes contabilidades públicas. La nueva columna contable habría que llamarla algo así como ganancia o utilidad social: felicidad o ahorro de sufrimiento a la gente de un país. Pero claro, esto debe parecer una tontería desechable a los superespecialistas en economía de Harvard y del FMI. Hay que diferenciar entre gasto e inversión, porque el gasto social no retornará como más dinero a los estados contables. Pero los gobiernos pueden permitírselo, como lo han mostrado algunos de nuestros vecinos Latinoamericanos. Para eso están los recursos naturales de una nación… claro está, bien aprovechados.
Para finalizar, una reflexión más. Este nuevo concepto que se nos impone examinar en el laboratorio social de Latinoamérica, implica por supuesto prioridades de los gobiernos, de la ciencia política, harto diferentes a las que vivimos hoy en nuestro país. Pero, además, puede involucrar a ciertas apuestas jurídicas que parecen olvidarse del principio de conservación de la cantidad de la materia, en este caso, de la cantidad de dinero de la economía real. Pienso en aquella curiosa, por no decir escandalosa demanda a un exalcalde de la ciudad de Bogotá por detrimento patrimonial, debido a que rebajó a los ciudadanos las tarifas de transporte público. En este caso ni siquiera se trata de concebir el gasto social como sustracción de dinero que está ahí, sino como dinero que dejó de entrar, dinero de la gente, el dinero que se dejó de cobrar al rebajar las tarifas. En otras palabras, el dinero de más, esto es, la defraudada ganancia que supuestamente las empresas de transporte debían sumar en sus cuentas restándole a los bolsillos de la gente cientos de miles de millones ¿No amerita todo esto una profunda reflexión, más teniendo en cuenta la campaña presidencial que se avecina en nuestro país?
