Los hechos que se relatan a continuación hacen parte de una historia terriblemente real y de la tragedia vivida a diario por miles de profesionales que —igual que yo— padecemos las duras consecuencias de la precarización laboral que se ha impuesto en Colombia durante las últimas tres décadas —que ha arrojado cada vez con mayor fuerza a trabajadores de todas las áreas al desempleo, la marginalidad y a un indignante estado de postración e ignominia llamado contrato de prestación de servicios—.
Soy egresado de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, culminé mi pregrado hace una década y las materias de la maestría hace más de seis años. La mayor parte de mi experiencia laboral he sido como docente universitario en facultades de derecho de varias universidades privadas. En diciembre, mientras esperaba ansioso la renovación de mi contrato de trabajo como catedrático en una prestigiosa universidad ubicada al norte de la ciudad, me fue comunicado en un lacónico correo electrónico que mi contratación no sería renovada. Triste y estupefacto decidí volver a buscar alguna vinculación laboral, aunque ya no en docencia debido a lo avanzado del mes de diciembre, fecha en la cual las instituciones tienen contratado a la mayor parte de su personal académico y administrativo para el siguiente año.
La liquidación que me fue entregada me alcanzó para subsistir dos meses, mientras que hacía espera para hacer ingreso en varias convocatorias laborales en algunas entidades públicas. Tales procesos suelen ser demorados y los requisitos de ingreso altos y muy rigurosos. En todos lados era rechazado debido a la incompatibilidad de mi experiencia como docente con las labores profesionales que requerían dichos cargos. Y mientras vivía precariamente de las migajas de algunas consultorías y proyectos de investigación, llegó la pandemia, y con ella, el cierre de las actividades productivas y por supuesto la peor de todas las vinculaciones: con el Estado.
El primer semestre del año fue indescriptiblemente duro: desempleo, encierro, depresión, acoso de las deudas y las obligaciones, y temor ante el contagio masivo del virus. En ese momento parecía que el panorama no podía empeorar más, hasta que una mañana a mediados del mes de junio recibí una llamada que me daría luz y alegría momentánea. Un viejo amigo me comunicó que en una entidad del distrito requerían profesionales de perfil y formación en ciencias sociales. Esta era una de las encargadas de atender las consecuencias sociales de la pandemia en la ciudad y requería un nutrido grupo de profesionales para desarrollar esa encomiable labor. Al fin, después de tantos meses llegaba la tan anhelada oportunidad laboral.
Hacia mediados del mes de junio, se comunicaron conmigo los funcionarios encargados de contratación de la entidad. Ellos me entregaron un abigarrado listado de documentos que debía entregar en forma perentoria, es decir al día siguiente, para poder iniciar el trámite de contratación. La lista incluía 24 documentos distintos, entre estos: fotocopia de la cédula de ciudadanía al 150%, fotocopia libreta militar —para quien aplique, certificado de situación militar resuelta (hombres menores de 50 años de edad)—, consulta en línea de antecedentes judiciales expedido por la policía nacional de Colombia —fecha reciente, consulta al sistema registro nacional de medidas correctivas, RNMC, fecha reciente—, RUT (código 49 - no responsable de IVA, únicamente) y actividades iguales a las de RIT, RIT — fecha posterior al RUT—, certificado de boletín de responsables fiscales contraloría fecha reciente, certificado de antecedentes disciplinarios procuraduría fecha reciente, certificado de antecedentes disciplinarios personería fecha reciente, hoja de vida función pública personas naturales y diligenciada en Sideap —actualizada, llevar en físico—, declaración de bienes y rentas Sideap —diligenciada en Sideap y actualizada—. llevar en físico certificación de afiliación de salud y pensión vigente y activo, examen médico salud ocupacional vigente (se sugiere realizarlo en la IPS x por la cantidad de puntos de atención en Bogotá), certificación de cuenta bancaria actualizada, certificaciones de estudios (diplomas, actas de grado o títulos académicos, tanto de bachiller, técnico, tecnológico, pregrado y/o posgrado, según corresponda), acta y diploma de cada grado, tarjeta profesional o registro o matrícula (si aplica), certificado de vigencia y antecedentes de la tarjeta profesional expedido por la colegiatura correspondiente (si aplica), certificaciones de experiencia en orden cronológico descendente, autorización manejo de datos del contratista.
Luego de entregar los documentos, no sin antes haberlos corregido al menos tres veces, comenzó al fin el proceso de vinculación a la entidad. Radiqué de manera definitiva el 24 de junio y me dijeron que el proceso de vinculación tardaría como plazo máximo un mes. Así pasó todo el mes de julio y parte de agosto. Más o menos en la segunda semana de ese mes, un acodado de la entidad me contactó por correo electrónico y me dijo que mi contrato ya estaba listo, que ahora solo debería esperar un par de firmas y la aceptación del acta de inicio. Eso solo llegó hasta septiembre, puesto que fue desde el primero de ese mes que formalmente empecé a prestar mis servicios profesionales en la entidad. Sobre el trabajo solo diré que es la más burda y ramplona política de asistencialismo neoliberal focalizado, con la única salvedad de que se adosa con un discurso de inclusión tan postizo como aquel que intenta equiparar a dos buses pegados con un metro.
Para el 25 de septiembre, llegó la hora de presentar el informe de mi primer mes de labores, esto era significativo pues este sería el primer pago que recibiría desde diciembre, y el primero de cinco que tiene mi contrato. Para pasar el informe hay que estar al día en salud, pensión y riesgos profesionales, recuérdese que yo me afilié como independiente desde junio, por lo que me tocó pagar parte de ese mes y todo agosto. Como me asignaron clave y usuario de manera tardía, hacia el 27 de septiembre, mi informe demoró más que el del resto de mis compañeros, razón por la cual me notificarían que demorarían el pago de todos los contratos puesto que se hace un solo envío por toda la subdirección a la Secretaría de Hacienda.
Hacia mediados del mes de octubre, nos fue comunicada la noticia de que la Secretaría de Hacienda había cerrado puesto que no tuvo la capacidad de adaptar un multimillonario software al sistema contable de la entidad. Por esta razón la secretaría bloqueó los pagos y hoy, a punto de culminar el mes, aún no me han pagado la primera cuenta de cobro. Llevo diez meses viviendo del rebusque más vergonzoso, de asesorías y tareas marginales en consultorías. Para completar, la referente de pagos sostuvo en la reunión semanal que ayer, lunes 26, había que pasar el informe del mes de octubre, lo que implica pagar salud y pensión del mes de septiembre. Pero si el distrito, luego de un mes, no paga la cuenta de cobro de los contratistas, ¿cómo pretende que paguemos salud y pensión? Eso por lo pronto no parece importarle la entidad, ni mucho menos a la señora alcaldesa mayor de Bogotá.
Con todo, no solo se trata de que las OPS fueron concebidas para eliminar cualquier derecho a la estabilidad laboral, al mínimo vital, al derecho de asociación, a las vacaciones, a las primas, a las compensaciones y de demás derechos que le asisten a los trabajadores de planta. Hoy las OPS son la inmensa mayoría de los trabajadores por prestación de servicios, son funcionales, docibles y timoratos que prefieren el no pelear para asegurar el siguiente OPS. Mientras que en Colombia no exista espíritu de lucha y reivindicación colectiva entre los oprimidos, posiblemente jamás superaremos esperpentos este mundo cruel e injusto, como el nuestro.
