SaludCoop, organismo cooperativo hoy en proceso de liquidación, se consolidó como la EPS con mayor cobertura nacional y mayor fortaleza patrimonial, generando más de 33.000 empleos directos y ofreciendo servicios de salud a más de 7 millones de usuarios, lo cual al parecer despertó en muchos actores del país un gran interés, conllevando a que bajo el pretexto de “proteger los recursos de la salud” se iniciara un proceso de intervención de esta entidad que se configuraba como la empresa matriz de un grupo empresarial que tenía a su alrededor más de 60 empresas en un modelo de integración vertical.
Desde el momento que inició la intervención de SaludCoop, para los trabajadores fue claro y advertido que esto significaría un salto al vacío, que podría afectar gravemente no solo la prestación del servicio de salud, sino los derechos de este importante número de trabajadores, mensaje que se le transmitió en innumerables ocasiones a diferentes representantes del gobierno nacional, pasando por el señor Juan Manuel Santos, expresidente; Rafael Pardo Rueda, Luís Eduardo Garzón, Clara López Obregón y Griselda Restrepo, exministros del Trabajo; Alejandro Gaviria, exministro de Salud, y Gustavo Morales Cobo y Norman Julio Muñoz, exsuperintendentes de Salud. El mensaje no fue otro que sí habían hechos delictivos, se procediera contra las personas, no contra la institución, la cual sin lugar a dudas era un referente de la mejor prestación del servicio, incluso en lugares donde reinaba la precariedad.
Desafortunadamente, se hizo oídos sordos a estos llamados y en cabeza del gobierno nacional de la época decidieron entregar esta entidad, no a verdaderos agentes interventores (como debería ser, según la propia definición del cargo) para corregir las acciones indebidas, salvaguardar los recursos de la salud y garantizar los derechos de los usuarios y trabajadores, sino a quienes la quebrarían para justificar su liquidación, cumpliendo con la tarea de acabar con la EPS más importante del país, su patrimonio y generar un efecto dominó que afectó de forma sistemática la garantía del servicio de salud en el país.
Muestra de lo anterior fue el nombramiento del señor Guillermo Grosso (hoy detenido por presuntos fraudes al Sistema de Salud), en calidad de agente interventor, y posteriormente al señor Luís Leguizamón como “experto” agente liquidador, en lo que para los trabajadores se configuró como la cartelización de los procesos de liquidación de entidades en el sector salud.
Dentro del proceso de liquidación de SaludCoop, en manos del señor Leguizamón, se radicaron por concepto de acreencias más de 4.2 billones de pesos, de los cuales se reconocieron solo 915 mil millones, siendo las más afectadas aquellas empresas del propio grupo empresarial, ya que hubo glosas del 100%, dejándolas en situación inviable para su operación. Sin embargo, luego de tener que renunciar a su cargo de liquidador debido a denuncias por presuntos actos de corrupción, el 10 de agosto de 2016, la nueva agente especial liquidadora de SaludCoop tuvo que revocar los actos administrativos de calificación y graduación de las reclamaciones por inconsistencias, al no preservar la igualdad entre los acreedores.
Con esto se inició la inminente quiebra de muchos prestadores y, por ende, la crisis financiera a la que se está viendo abocado el Sistema Nacional de Salud, lo cual no es congruente con el compromiso del ministro de Salud de la época Dr. Alejandro Gaviria y el superintendente Nacional de Salud Norman Julio Muñoz, quienes el 25 de noviembre del 2015, como parte de su anuncio de liquidación de SaludCoop, establecieron que el objetivo primordial era “proteger de la quiebra a más de 4 mil prestadores”.
En agosto del año 2017, se dio la venta de Cafesalud, es decir, la EPS que recibió la operación de SaludCoop y su red de prestadores de servicios más importante, la IPS Esimed S.A. Fue la Superintendencia de Salud quien autorizara dicha venta y proceso de transferencia de usuarios a la nueva Medimás E.P.S., sin tener en cuenta que su IPS Esimed, como principal prestadora, se encontraba prácticamente en quiebra, atendiendo en clínicas que no eran propias sino de la liquidación de SaludCoop, las cuales llevaban cerca de 7 años de rezagos en inversión y mantenimiento, lo que condujo a su cierre, dejando de prestar los servicios y enviando a los cerca de siete mil (7.000) trabajadores a sus casas. Esto obligó a Medimás a tener que remitir a la gran mayoría de sus usuarios a redes que ya de por sí estaban maltrechas, para terminar de colapsarlas y con costos superiores por tarifas superiores y la exigencia de pagos anticipados por la falta de credibilidad.
Todo lo descrito anteriormente ha venido generando una tercera etapa de impacto económico a toda una red de prestadores de servicios, cuyas víctimas no visibles ante la opinión pública, y ante los ojos de algunos padres de la patria, han sido sus trabajadores, pues desde la propia intervención empezó la liquidación de empresas que dejaron a sus trabajadores sin el pago mínimo de sus derechos (liquidaciones, indemnizaciones, incluso la imposibilidad de reclamar sus cesantías o acceder a los subsidios al desempleo), otras con el incumplimiento sistemático del pago de las obligaciones laborales. En el mismo sentido, se empezó a faltar con las obligaciones de seguridad social, parafiscales y el traslado de recursos por descuento de nómina para el pago de aportes a organizaciones sindicales, cooperativas, fondos de empleados, entre otros, lo que implicó reportes a las centrales de riesgo por causas imputables a sus empleadores.
No fue cierto entonces lo afirmado por el señor exministro de Salud Alejandro Gaviria y el exsuperintendente de Salud Norman Julio Muñoz, en su comunicado de prensa del 25 de noviembre del 2015 como parte de su anuncio de liquidación de SaludCoop, cuando informaron que su objetivo primordial era “garantizar la atención de los usuarios… y respetar los derechos laborales de los trabajadores”.
Ahora bien, la liquidadora de SaludCoop, en rueda de prensa en el mes de octubre del 2018, anunció que el negocio de la venta de Cafesalud EPS. se reversaba y por lo tanto sus usuarios deberían trasladarse nuevamente de Medimás a Cafesalud EPS, por unos presuntos incumplimientos, hecho que no fue siquiera consultado con el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, esta última quien la nombró como liquidadora; generando en todos los actores del sistema pánico que se vio reflejado en el cierre de servicios para la prestación de usuarios de Medimás. Esto evidenció una lamentable desarticulación de los organismos del Estado y una la falta de contextualización de los mismos, frente a la toma decisiones donde ha prevalecido un actuar irresponsable y que responde a intereses que no son exactamente en pro de los usuarios y trabajadores.
Para terminar de ajustar, recientemente se decidió por parte del Tribunal de Cundinamarca una medida cautelar para evitar el proceso de enajenación de las acciones de las empresas dueñas de Medimás y Esimed, esto en el marco de una acción popular interpuesta entre otros por el senador Jorge Enrique Robledo, acción que busca en teoría proteger los derechos de los usuarios en su momento de Cafesalud ahora Medimás, decisión que generó un congelamiento en la opción de venta que se venía adelantando por parte de sus actuales dueños, así como de algunos activos de la liquidación de SaludCoop tales como las clínica que administra Esimed, las cuales hoy están cerradas y sin prestar servicios en todo el país.
Cada paso que ha dado el gobierno nacional durante estos siete (7) años en el caso SaludCoop ha sido fracaso, resultando peor el remedio que la enfermedad, pues se precarizó gradualmente la prestación de los servicios de salud a sus usuarios como consecuencia de un desconocimiento flagrante a los trabajadores, quienes han visto vulnerados sus derechos y resultan siendo la columna vertebral en el cumplimiento del derecho a la salud.
Es claro que existen muchos intereses creados alrededor de estos más de cuatro (4) millones de usuarios que quedan en Medimás, pero hoy el gobierno nacional no está en la capacidad de asumir financieramente el salvamento del sistema con una inyección de recursos que ponga a tope la prestación del servicio de salud en el país. Además, con decisiones como la emitida recientemente por el tribunal de Cundinamarca tampoco se permite que actores privados inviertan recursos para satisfacer las necesidades del sistema, lo que nos pone en un verdadero galimatías, donde las únicas víctimas seguirán siendo los usuarios y los trabajadores, mientras el Estado como un espectador simplemente observa los resultados de su equivocada gestión.
En conclusión, al ser hoy virtualmente imposible lograr la transformación del modelo del sistema, para dejar de ver la salud como un simple negocio, el gobierno nacional actual, quien recibe esta “papa caliente”, tendría uno de dos caminos: el primero promover acciones como las generadas para salvar el sistema financiero colombiano con el impuesto del dos (2) por mil, que permitiría contar con recursos adicionales en el sistema, los cuales junto a un mayor control y despolitización de los órganos de control del sistema, permitirían salvaguardar la prestación de un derecho fundamental como la salud (aunque parece más importante el sistema financiero que el de salud); segundo, dejar que actores privados interesados, con capacidad financiera, experiencia e idoneidad técnica, traigan recursos para poner a punto EPS e IPS como Medimás y Esimed, dada la incapacidad y fracaso del gobierno en su manejo y administración.
Lo primordial en cualquiera de los dos casos es la búsqueda de capital, al cual ni la rama judicial, el ejecutivo ni el legislativo se deben oponer, pues es muy fácil echar el discurso de la protección del derecho a la salud negándose a invertir los recursos necesarios u objetando en plena temporada electoral la inversión para que no ingresen recursos que salven el sistema, desconociendo que aquí está en juego además de los derechos de los usuarios, los de los trabajadores, quienes también son usuarios del sistema y han sido doblemente afectados.
