“Daniel Quintero hizo campaña con la desgracia de Hidroituango”, sentencia Olga Lucía Arango, presidenta de la organización de base que agrupa a los trabajadores profesionales de Empresas Públicas de Medellín.
Para ella, para los afiliados a Sinpro -su organización-, para los medios tradicionales y digitales que han fiscalizado las actuaciones del alcalde y para las veedurías ciudadanas acreditadas y reconocidas como serias, Quintero usó la contingencia que sufrió la hidroeléctrica en 2018 para postularse como “denunciante y salvador”.
“Denunciante” de una supuesta corrupción que determinó el riesgo de colapso sufrido entonces por el complejo hidroeléctrico. “Salvador” porque se arrogó la paternidad de un fallo de responsabilidad fiscal mediante el cual la Contraloría consiguió el resarcimiento por $4,3 billones a los daños estructurales sufridos por el proyecto durante su construcción.
Juliana Velasco Gregory, entonces contralora intersectorial 9 de la Investigaciones especiales de la Contraloría General, autora del fallo precisa que jamás habló de corrupción en el caso de Hidroituango, sino de perjuicios de carácter fiscal. A lo largo de la controversia ni críticos del alcalde ni promotores del fallido proceso de revocatoria de su mandato lograron controvertirlo con suficiencia.
El excontralor Edgardo Maya fue el primero en ponerle la lupa al proyecto de Hidroituango y sus consecuencias ambientales
Lo cierto es que Daniel Quintero no existía en el escenario político en 2017, cuando el entonces controlar Edgardo Maya Villazón dirigió su mirada sobre Hidroituango para investigar de oficio problemas ambientales generados por fallas en la construcción. Tampoco era todavía alcalde de Medellín el miércoles 9 de enero de 2019, cuando el representante legal de la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados le pidió a la Contraloría de Carlos Felipe Córdoba que ejerciera un control excepcional en relación con las causas ocultas de la contingencia.
Aun así, Quintero ocupó una silla de honor en la conferencia de prensa ofrecida por la CGR para anunciar el fallo y aprovechó la ocasión para achacarle responsabilidades al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) -el más fuerte de sus contradictores- al proclamar como éxito personal que las aseguradoras, entre ellas Sura, hubieran sido obligadas a participar en el resarcimiento.
Quintero ha querido pasar como el “salvador” y no dudó en compartir en rueda de prensa el informe con el contralor Felipe Córdoba
Los mensajes tácticos del alcalde calaron hondo en el imaginario colectivo y le sirvieron para allanar el terreno para la que ha sido considerada la toma política de EPM, dueña de Hidroituango. Al poner sus fichas en la gerencia y en la junta directiva rompió, según Olga Lucía Arango, las normas de rigen el gobierno corporativo.
De acuerdo con la misma denuncia, con sus manejos posteriores ha afectado la moralidad administrativa y puesto en riesgo estabilidad financiera. Estos argumentos fueron consignados en una acción popular admitida por el Juzgado 35 Administrativo de Medellín. Con esa Acción se ha pretendido que el alcalde pague de su propio peculio por mayores valores generados por contratos con posibles sobrecostos.
Los movimientos en la planta directiva de EPM se perciben permanentemente en los terrenos cenagosos de cuestionamientos que ya han comenzado a ser validados por la administración de justicia. Por ejemplo, el dirigente político Bernardo Guerra -hoy en el exilio como consecuencia de sus denuncias por desafueros- aseguró públicamente que Darío Amar Flórez, designado en medio del revolcón e EPM como vicepresidentes de Negocios, Innovación y Tecnología, es hijo de los representantes legales de Selecta Group que habría sido contratada por el municipio para perfilar a los opositores políticos del alcalde.
Otro de los varios nombramientos que ha sido blanco de críticas por la que sería una expresión de nepotismo es el del vicepresidente de Auditoría, Alejandro Gallego. Gallego es pareja de Liliana Ramírez Quintero, prima del alcalde y actual personera del municipio de La Estrella. El periódico El Colombiano ha llamado la atención sobre el hecho de que este vicepresidente, sujeto a los mandatos del alcalde, no tendría la necesaria independencia para auditar a subsidiarias como Afinia.
Daniel Arango Ángel, ejecutivo pereirano y nombrado vicepresidente de Gestión de Negocios, es visto como la cuota del expresidente César Gaviria, a quien Quintero le habría incumplido la promesa de nombrarle a un ahijado político suyo en la gerencia general. Bajo la tutela del liberalismo Arango fue viceministro de Desarrollo Económico y fue presidente de la junta directiva de Innpulsa –donde trabajó Quintero- y de Bancoldex.
A los directivos de los que podría llamarse primera línea del Alcalde se suma el nombre de Jhonatan Villada, vicepresidente de Asuntos Legales. Villada asesoró la gestión del despacho de la Alcaldía mientras Quintero estuvo suspendido por decisión de la Procuraduría bajo cargos disciplinarios de participación en política.
“Yo obedezco al nominador”, les dijo recientemente el gerente actual de EPM, Jorge Andrés Carrillo, a un grupo de trabajadores que le reclamaron por el hecho de que se estuviera perdiendo talento humano calificado por cuenta de los caprichos burocráticos del alcalde Quintero.
Si se comprueba que es rondada por intereses oscuros, EPM no es un botín menor sino una firma cuyo prestigio y solidez a traspasado fronteras. Sus cifras sobre aportes y transferencias a Medellín, al sector eléctrico y por vía tributaria a la Nación hablan por sí solas:
Aportes de EPM a Medellín, municipios de Colombia, CAR y la Nación
Transferencias de EPM a Medellín (ordinarias + extraordinarias)
- 2008: $ 670 mil millones (*)
- 2009: $ 587 mil millones (*)
- 2010: $ 846 mil millones (*)
- 2011: $ 797 mil millones (*)
- 2012: $ 839 mil millones (*)
- 2013: $ 964 mil millones (*)
- 2014: $ 909 mil millones (*)
- 2015: $ 991 mil millones (*)
- 2016: $ 816 mil millones (*)
- 2017: $ 1,309 billones – Incluye $300 mil millones por venta Isagén (*)
- 2018: $ 1,503 billones – Incluye $300 mil millones por venta Isagén (*)
- 2019: $ 1,289 billones (*)
- 2020: $ 1,489 billones (*)
- 2021: $ 1,396 billones (*)
- 2022: $ 1,8 billones (Dato aún por consolidar en Balance EPM 2022)
- 2023: $ 1,6 billones (Proyectadas, de acuerdo con presupuesto 2023)
(*) Datos información Municipio de Medellín y EPM
Transferencias del sector eléctrico
Ley 99 de 1993: a Municipios y Corporaciones Autónomas Regionales
- 2018: $ 62 mil millones (*)
- 2019: $ 93 mil millones (*)
- 2020: $ 85 mil millones (*)
- 2021: $ 100 mil millones a 51 municipios de Antioquia y 3 CAR (*)
- 2022: $ 63 mil millones en primer semestre (Falta informe total del año)
(*) Datos balances financieros de EPM
Aportes a la nación, vía impuestos
- Después de Ecopetrol, es la segunda empresa que más aporta.
- En promedio, en los últimos años, de entre 1,8 y 2,1 billones de pesos al año.
- 2019: $2 billones (*)
- 2020: $1,9 billones (*)
- 2021: 2,1 billones (*)
- 2022: Aún EPM no ha entregado balance financiero
(*) Datos información Municipio de Medellín y EPM
La Vigilancia del Estado sobre empresas con la naturaleza de EPM es difícil, ya que para unos efectos son públicas y para otros -incluidos los procesos de contratación- son privadas. Por eso al alcalde Quintero, como presidente de su junta directiva, parece tener un amplio margen de maniobra para hace y deshacer, quitar y poner hasta convertir a EPM en su botín.
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El aterrizaje de los chinos en Hidroituango de la mano de Daniel Quintero
