Le llegó la hora final, en tiempos de cambio, en el 'todo vale por la paz': el sector privado parece ser el principal enemigo del gobierno. Inhibir la inversión privada nacional y extranjera es la nueva arma de la dictadura sofisticada de Juan Manuel Santos.
Desde el año 2011 la confianza inversionista en Colombia atraviesa una crisis existencial, que lejos de superarse, está a punto de sepultarse junto a la Seguridad Democrática.
En los últimos años un número considerable de multinacionales han abandonado el país. A mediados de 2013, el grupo francés Icollantas-Michelin finalizó su actividad industrial; en el mismo año la farmacéutica Bayer decidió trasladar a México y Guatemala su actividad, abandonando la fábrica donde operaba en Cali. A finales de 2014, el turno fue para la Compañía Colombiana Automotriz (CCA) que cerró su planta en Bogotá, donde ensamblaba los vehículos Mazda. Posteriormente, durante el año 2015, la multinacional Apex Tool Group Colombia (antes Andina de Herramientas), PayPal, los bancos Lloyds TSB Bank y Banistmo, decidieron retirar sus servicios del mercado Colombiano.
Lo mismo ocurrió con Mondelez, fabricante de Chiclets Adams, con la cadena de tiendas chilena Ripley, y la minera sudafricana Anglo American. Porque lejos de ser Colombia, una nación atractiva para la inversión, se ha convertido en un país sin garantías para el aporte de capital nacional e internacional, y sin exigencias de responsabilidad social.
Sin duda, la crisis es el resultado de la falta de controles, los altos costos de la materia prima que llevan a una baja rentabilidad, acompañada de una sobrecarga tributaria. Colombia necesita una política fiscal responsable que permita consolidar una deuda pública manejable en el mediano plazo, sin embargo para el gobierno la prioridad es otra, que directa o indirectamente conlleva a desmantelar las pocas industrias que quedan.
Fue tan impropio como irrespetuoso, que la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ordenara investigar a Postobón por el supuesto financiamiento de grupos al margen de la ley. La persecución política es clara, todo aquel que no esté dispuesto al “todo vale por la paz” se convierte en enemigo del gobierno; solo basta recordar las sanciones impuestas a Asocaña, Ciamsa, Dicsa y a doce (12) Ingenios Azucareros, por no ser “amigos de la paz”.
A los mismos niveles de la época de la República bananera, la confianza inversionista se despide de nuestro país, los sobrecostos tributarios que tienen que pagar las empresas colombianas y extranjeras no preocupan al gobierno, pues en todo caso, todo vale por la paz. Se cumplen los propósitos del grupo terrorista Farc, cuando en julio de 2014, en cabeza de Matías Aldecoa, manifestaron sus intenciones de golpear la confianza inversionista en Colombia.
Aunque muchos celebrarán la sepultura de la confianza inversionista, también somos muchos los que lamentaremos el adiós al efecto multiplicador en la economía que hace que el progreso económico y social sea mayor; si se va la inversión privada de Colombia, con ella también se ira el progreso social que esta genera.
Son claros los efectos negativos para la sociedad, con la pérdida de la confianza inversionista, para el primer trimestre marzo- mayo de 2016, la ocupación en el sector industrial disminuyó, alrededor de 187 mil personas perdieron su empleo, y esto es solo el comienzo.
Ojala el gobierno no se haga el de oídos sordos, como lo hizo con la crisis energética, y reforme el sistema tributario, despenalice la inversión con la reducción del impuesto a la renta empresarial y fomente el crecimiento. No todo vale por la paz.
@natiibedoya
