El pasado 20 de noviembre me reuní con el penalista Alfredo Rodríguez en su bufete de abogados, ubicado en un elegante edificio de cristal en el norte de Bogotá. Un jurista, como muchos de su especie, motivado por las que podrían interpretarse como buenas intenciones.
Mi propósito como periodista era aclarar algunas dudas que el macabro escándalo de corrupción de Odebrecht había lanzado sobre el proceso que su oficina lleva en defensa de Paola Solarte, socia de Cass Constructores, y a quien se le han imputado los delitos de interés indebido de contrato y peculado por apropiación—entre otros dos— dentro de la megaobra del túnel Tunjuelo-Canoas que busca descontaminar el río Bogotá.
Hace poco más de ocho días el país había sido sacudido con la revelación póstuma de las conversaciones entre Jorge Enrique Pizano (q.e.p.d), auditor del Consorcio Ruta del Sol II, y Néstor Humberto Martínez, entonces abogado del Grupo Aval y Corficolombiana —socios de Odebrecht— y hoy actual fiscal general de la nación.
Estas conversaciones dejaron en evidencia la certeza que los círculos del poder político y las salas de redacción comentaban sottovoce: que el actual fiscal sabía desde agosto de 2015 —gracias a las pesquisas documentales del auditor Pizano— que la empresa brasileña estaba sobornando a través del pago de coimas a contratistas, funcionarios públicos y políticos para obtener contratos seriales.
La estupefacción que causó lo revelado en tales conversaciones entre el acucioso Pizano y el risueño y procaz Martínez, solo pudo compararse con el ánimo lúgubre que había dejado entre los colombianos la sospechosa muerte del mismo Pizano y la de su hijo Alejandro Pizano —dos días después del sepelio de su padre— al ingerir una ubicua botella de agua envenenada con cianuro.
Vuelvo sobre esta funesta cronología porque las dudas que me llevaron a la oficina del abogado Alfredo Rodríguez tienen que ver precisamente con una de las pocas personas que el escándalo de corrupción de Odebrecht tiene hace seis meses tras las rejas en El Buen Pastor, con imputación de cuatro delicados delitos: la contratista Paola Solarte, hija y socia de Carlos Alberto Solarte.
Sobre el contrato del túnel Tunjuelo-Canoas que implica a Paola Solarte se refirió Jorge Enrique Pizano, poco antes de su extraña muerte, según mensajes de WhatsApp con María Jimena Duzán, y los cuales la columnista publicó en Semana.
Uno de esos mensajes que, según Duzán, le envió Pizano decía: “Sé que están intentando hacerme un montaje para amañar testimonios en la Fiscalía y acusarme de que yo recibí un soborno de Odebrecht cuando yo no era gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado”. Y más adelante reitera a Duzán: “…yo no realicé ni modifiqué pliego alguno cuando fungía como gerente general de la EAAB no participé en el comité de evaluación de las propuestas del túnel Tunjuelo Canoas, no participé ni dirigía la audiencia de adjudicación y no firmé el contrato”.
A continuación, el auditor fallecido revela a la periodista un hecho delicado que originó mis dudas sobre el caso que se le sigue a Paola Solarte. Pizano dijo: “Por si fuera poco, el fiscal Zetten, que tiene el caso, está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por fraude procesal”.
El mencionado fiscal, Jaime Alonso Zetten, de gran recordación en los medios por tener a su cargo sonados casos, es quien negoció un preacuerdo con Alfredo Rodríguez, el abogado defensor de Paola Solarte, en el que ella aceptaría los delitos mencionados, con un testigo de acreditación que antes de morir en extrañas circunstancias reveló a Duzán un supuesto montaje de parte de la Fiscalía, pese a que él no había participado en la adjudicación y firma del contrato Tunjuelo-Canoas.
Pero se agrandaba la duda después de las aclaraciones del fallecido testigo port mortem. ¿Si no había testimonio cómo se podía identificar el delito? Un hecho no menos cuestionable se suma, cuando en noviembre de 2017, el contratista Andrés Cardona —condenado a 50 meses por pago de coimas dentro de la obra Tunjuelo- Canoas— manifestó en audiencia que había aceptado tales delitos porque la fiscalía lo había presionado.
Esta declaración tuvo consecuencias. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, solicitó al Consejo Superior de la Judicatura investigar al fiscal Jaime Alonso Zettien por el preacuerdo realizado con la defensa del contratista Cardona.
Sobre la base de la aparente declaración viciada del contratista Andrés Cardona —que según él realizó bajo presión— y un testigo de acreditación que hoy está fallecido (Jorge Enrique Pizano), la contratista Paola Solarte, madre de dos niños de dos y cuatro años, ha pasado los últimos seis meses en la cárcel El Buen Pastor. Durante este tiempo, ella, a instancias de su abogado defensor, Alfredo Rodríguez, decidió firmar un preacuerdo con el fiscal Jaime Alonso Zetten, en el que aceptaría cuatro delitos.
Hay más interrogantes: ¿una madre cabeza de familia de dos pequeños de dos y cuatro años sometida a una medida de aseguramiento en una cárcel, tiempo durante el cual, agobiada como es natural por el encierro y la separación de sus hijos, firmaría un preacuerdo declarándose culpable, no es un hecho que valdría la pena revisar?
Parece que precisamente esto fue lo que decidió hacer la Juez 51 del circuito de conocimiento el pasado 16 de noviembre, cuando anunció que no aprobaba el preacuerdo que Alfredo Rodríguez y Jaime Alonso Zettien habían adelantado durante el encierro de Paola Solarte en El Buen Pastor. La razón esclarece muchas de mis dudas de marras: para la Juez 51 el preacuerdo no cumple con los requisitos legales exigidos en estas propuestas por la Fiscalía General de la Nación. En consecuencia, fijó una nueva audiencia para el 6 de diciembre con el fin de que la fiscalía reformule o corrija la propuesta del preacuerdo.
Cuatro días después, ante Alfredo Rodríguez, el abogado defensor de Paola Solarte, con gafas de seminarista y mediana estatura, descubro además a un hombre escéptico de las dudas que los hechos antes relatados pudieran generar. Es más, se ve frío y confiado en las buenas intenciones de su estrategia jurídica, la cual defiende pese a las zonas oscuras que le describo sobre su proceso.
Tal vez sea por dicha estrategia que hasta aquella tarde del 20 de noviembre, él no hubiera solicitado a la juez la sustitución de la medida de aseguramiento en cárcel, por una domiciliaria para que su defendida, Paola Solarte, pudiera estar con sus dos hijos. “La Fiscalía—me reitera con voz solemne—considera que Paola es peligrosa para la sociedad y que puede a través de su empresa seguir delinquiendo”.
“El ejercicio del litigio tiene su estrategia —me insiste—. Si se está en un proceso de negociación con el fiscal, en el cual mi defendida va a tener un beneficio, pues para qué pelear con el fiscal”. Un abogado animado por buenas intenciones, con seguridad, pues el preacuerdo le daría a Paola Solarte no 20 años, sino una pena de menor y otros beneficios.
Recuerdo un libro que leí hace algunos años por recomendación de un buen amigo y que inspira el título de este relato: La tiranía de las buenas intenciones, de Paul Craig y Lawrence Stratton, que analiza cómo fiscales y demás entes comprometidos con el cumplimiento de la ley en los Estados Unidos hicieron trampa a la constitución en nombre de la justicia. En este libro, hay un capítulo magistral que habla de cómo bajo esta peligrosa práctica se han sofisticado las formas de tortura, creándose una especie de tortura jurídica. Y todo porque la justicia ha dejado de servirle a la verdad.
Yo abrigo la esperanza de que mi encuentro con el abogado defensor Alfredo Rodríguez—que buscaba despejar mis dudas sobre su proceso—haya aclarado también las suyas sobre el mismo. O si no, ¿cómo se explica que un día después de nuestro encuentro, el abogado Rodríguez se mostrara como el defensor cabal que rubrican sus gafas de estudioso al solicitar por primera vez la medida de sustitución de encierro en cárcel por domiciliaria? Medida que para un juez de control de garantías resultaba de bulto, de tal forma que casi de inmediato le otorgó el 21 de noviembre a Paola Solarte sustitución de medida de aseguramiento carcelaria por domiciliaria, como debió haber sido desde el principio por su condición de madre cabeza de familia. Esta medida a todas luces habría evitado la supuesta coacción que al parecer la Juez 51 podría haber notado dentro de la celebración de este preacuerdo, el cual no es compartido por Carlos Alberto Solarte (su papá) y Claudia Solarte (su hermana).
Claudia Solarte —quien con gritos desgarradores y camándula en mano imploró a su hermana no firmar el preacuerdo —considera que este es resultado de un proceso de presión o, como lo llamaría Paul Craig, de reinvención de la tortura a través de un encierro en la cárcel del Buen Pastor. Tal vez esa escena casi shakespeariana, pudo provocar dudas en la juez sobre la validez del preacuerdo y del estado emocional y mental de la imputada.
No dejo el bufete de cristal del abogado Alfredo Rodríguez sin formularle una pregunta clave en todo este entramado de buenas intenciones. “¿Tiene usted otros casos con el fiscal Jaime Alonso Zetten?”. El defensor parpadea con rapidez detrás de sus gafas de seminarista. “Sí”, me responde de modo lacónico, con tono de punto final.
Y me voy pensando si acaso en este proceso no exista acaso un temor del abogado respecto de sus otros casos con este mismo fiscal. ¿No será que por esta razón, Alfredo Rodríguez ha preferido actuar pasivamente, por decir lo menos, para que el fiscal pueda exhibir una especie de falso positivo judicial al arrinconar a la imputada hasta el punto de que acepte unos delitos que no tienen otro soporte y que solo se podrían apoyar en la confesión inducida?
Una última duda deja sembrado un espanto: ¿es posible que hoy los abogados actúen bajo esas reglas de juego que impone un perverso sistema penal acusatorio en el que para poder ejercer su profesión estén canjeando procesos y obteniendo resultados convenientes a costa de posibles víctimas inocentes?
