Valían más los esclavos negros que la tierra, dicen los historiadores sobre la formación de capital en el Nuevo Reyno de Granada y aún entrada la República. Y por esa razón los esclavos, mercancía importada y escasa, trabajaban en las minas que producían oro, y los indígenas que eran muchos, locales y gratis, la tierra. La mano de obra indígena salía de los resguardos a las encomiendas dadas por la Corona a los conquistadores, de donde nacen las grandes haciendas, cuya descomposición da lugar a los latifundios que llegan hasta nosotros. Trabajo servil desde siempre.
Era con el oro que se compraba la tierra, muy poco productiva. Y fueron los comerciantes enriquecidos por el oro quienes les compraron la tierra a sus propietarios originales (y se casaron con sus hijas) por puras razones de prestigio. Así que para los nuevos ricos la tierra era sólo un símbolo de estatus social que de paso aseguraba el poder político. Esa es la historia de las grandes familias del Gran Cauca, que era más de medio país. Solo hasta fines del siglo XIX, liberados los esclavos e iniciado el proceso de industrialización agropecuaria, la tierra comenzó a valer; pero aun desde entonces, la empresa agropecuaria, es decir la administración, los equipos, las técnicas de explotación, el capital de trabajo, la comercialización de sus productos, ha valido más que la tierra.
Así que hablar de reforma agraria como el proceso de dar parcelas de tierra a campesinos desposeídos, es un 4100gran error conceptual, un anacronismo idealista. Lo que hay que hacer es volverlos partícipes de empresas agropecuarias con capacidad de producción, economías de escala, asistencia técnica y acceso a los mercados. La peor forma de volver productivo un latifundio que no lo es, es parcelarlo. El pan coger de una parcela puede que alimente una familia, pero apenas eso. Y pensar en comprar una propiedad productiva integrada a la agroindustria para repartirla entre pequeños propietarios, es un mal negocio para todos, especialmente para el Estado, que no soluciona de esa manera el problema que quería resolver: el bajo nivel de ingreso de las familias campesinas. Esa es la cara económica del asunto, donde para efectos prácticos la tierra sigue valiendo poco.
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Pensar en comprar una propiedad productiva integrada a la agroindustria para repartirla entre pequeños propietarios, es un mal negocio para todos, especialmente para el Estado
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Pero como toda moneda tiene dos caras, la otra cara de tan espinoso tema no es económica sino cultural. Las comunidades indígenas caucanas arrinconadas legalmente en los resguardos, desbordadas de ellos por las invasiones, (que han sido una reforma agraria de hecho), han vivido, no de ahora, sino desde hace casi un siglo, una reinvención de su identidad, una conciencia de su despojo histórico y una reivindicación de sus derechos seculares. La base de su reclamo es que la tierra, la Pachamama, es sagrada, fuente de vida y de sustento, no de explotación económica, y que toda la tierra es suya. En lo primero tienen razón, en lo segundo no tanto.
La historia de la presencia geográfica, las tragedias y las luchas, de las comunidades indígenas en el suroccidente colombiano ha sido estudiada por historiadores y sociólogos. No parece haber habido una mayor presencia territorial de las comunidades misak y nasa en la zona plana del valle geográfico del río Cauca, como para reclamarla como propia, más allá de su imaginario religioso, cultural y político impulsado por sus líderes. En esa zona ha habido más presencia de las comunidades negras, a las que ahora enfrentan, formadas por pequeños propietarios y trabajadores rurales, resultado de la abolición de la esclavitud y la disolución de las haciendas. No hubo en el pasado presión sobre las tierras de la agroindustria de la zona plana, aunque su frontera se ha ido ampliando, pues sus núcleos indígenas originarios fueron absorbidos por el desarrollo agroindustrial. Y hoy por hoy la industria de la caña de azúcar es un formidable entable de creación de empleo y riqueza que explica por si sola el desarrollo social y económico equilibrado de la región. Esa es la verdad histórica y sociológica.
Ha habido mucho de política institucional y de conflicto social en el acceso a la propiedad de la tierra por parte de las comunidades indígena caucanas: reconocimiento constitucional de su autonomía, acuerdos con el Estado para la entrega de territorios no del todo cumplidos dentro del tira y afloje de cada gobierno, desacuerdos en el valor de la compra de tierras invadidas y su forma de pago, serias glosas a la administración autónoma de los territorios. Ha sido un proceso muy traumático que hoy tiene como escenario el norte del Cauca porque allí están las tierras más ricas, y no en las zonas ancestrales indígenas.
La actual presión por la tierra cultivada de caña de azúcar parecería ser más un problema político convertido en uno de orden público, que debe solucionarse dentro del respeto por los derechos adquiridos y el ejercicio de la autoridad, como lo ha sido en otros sitios del Cauca. Cabe esperar por parte del nuevo gobierno soluciones prácticas y posibles, ¿entrega de tierras en otras partes?, que consulten realidades culturales y económicas, y concilien los intereses encontrados del sector productivo, para el cual la tierra es un soporte de la empresa agrícola, con los de la Pachamama, para la cual la tierra lo es todo.
