En Ituango se vive una de las mayores contradicciones en la implementación del acuerdo de paz, esa perversa contradicción de pensar que la “paz”, entendida como el desarme de la antigua guerrilla de las Farc-Ep, solo llevó guerra, angustia y sufrimiento a miles de familias campesinas que por estos días padecen los rigores de un ciclo de confrontación más intenso que el vivido en los años de férreo control del extinto frente 18 de las Farc-Ep.
Se dice que Ituango es un ejemplo básico de lo que no se debe hacer al momento de establecer criterios de movilización de un grupo armado en un proceso de desarme; donde más se evidencia el rápido copamiento criminal de territorios ya instalados como corredores estratégicos para la movilidad de economía ilícitas; donde se ha registrado la mayor victimización de exguerrilleros en Antioquia (18 hasta 2020) y donde tristemente las acciones productivas y sociales impulsadas desde el antiguo espacio de reincorporación ubicado en la vereda Santa Lucía se encuentran en cuidados intensivos y al borde del colapso total. Ya muy pocos dudan que en Ituango el proceso de paz es un fracaso. ¿Qué pasó?
Responder a esa pregunta implica necesariamente considerar las dinámicas de un posconflicto fragmentado como el que estamos viviendo en Colombia, donde muchos territorios efectivamente se han estabilizado y en otros predomina una guerra atroz entre múltiples actores armados por el control de economías ilícitas (coca, marihuana, minería criminal y tala ilegal), es un panorama complejo donde los líderes sociales (en muchos casos son el primer eslabón en el programa de sustitución) y los exguerrilleros en proceso de reincorporación, se han convertido en los dos sectores más victimizados en una lógica de físico extermino que solo tiene una respuesta: un auténtico genocidio ante la más absoluta indiferencia del gobierno y la sociedad colombiana.
No solo pasa en Ituango, en el litoral pacífico nariñense, el Catatumbo y el Norte de Cauca no cesó la “horrible noche” y así sean territorios priorizados en todos los proyectos de implementación del acuerdo, como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Zonas Más Afectadas por el Conflicto o las recientes Zonas Futuro, la encarnizada guerra por el control territorial por grupos de todos los pelambres, la miopía de un gobierno con una estrategia de seguridad que prioriza lo militar sobre lo social y la indiferencia de muchos sectores de la sociedad colombiana, solo hace que la noche sea más larga y se perciba eterna.
Que la paz haya fracasado en Ituango debe llevarnos a reflexionar sobre la responsabilidad que como sociedad tenemos de ese fracaso, no solo son exguerrilleros que depusieron sus armas para construir un proyecto de vida y que ahora pasarán a engrosar los crecientes indicadores de víctimas del conflicto armado, no, son miles de familias que vieron en los programas de desarrollo con enfoque territorial, el programa de sustitución y los proyectos de reincorporación colectiva una posibilidad que ahora se percibe frustrada.
Ante la amenaza de grupos armados en la vereda Santa Lucía que anticipa un desplazamiento masivo de cientos de familias, también el dejar atrás los sueños de reconciliación incubados en el antiguo espacio de reincorporación y pensar en la paz como esa quimera cotidiana, solo queda preguntarnos: ¿hemos fallado como sociedad en rodear, proteger y cuidar esa paz chiquita que nació del acuerdo? Todo parece indicar que en Ituango nada se podrá hacer y las familias deberán buscar refugio en otros lugares, huyendo de la guerra que les llevó la paz, convirtiéndose en víctimas de un conflicto que lacera el corazón y desagarra la esperanza. Hoy es Ituango, ¿mañana dónde será?
