El diagnóstico, diseño e implementación de políticas públicas educativas en un Estado Social de Derecho, como el colombiano, debe ser prioridad del Estado y no dejarla al vaivén de la política de turno como respuesta a una ideología encaminada a satisfacer los intereses particulares de una minoría de clase hegemónica detrás de los poderes del Estado.
De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC tan sólo el 0,3% de todo el territorio colombiano corresponde a áreas urbanas, el 99,6 % restante está “pintado de verde”, ya que está conformado por zonas rurales. En resumen, se podría afirmar que Colombia está integrado fácilmente en su estructura holística por montañas, bosques, grandes zonas planas orientadas a la agricultura o ganadería o cinturones de conservación ambiental, (IGAC, 2022).
Un país “pintado de verde” demanda políticas públicas educativas con prioridad rural que canalice la singularidad histórica y territorial de la Colombia de cara a transitar con soberanía educativa el siglo XXI que avanza al ritmo de las tecnologías de la información y la comunicación, pero, no exclusivamente para la minoría de los centros urbanos colombianos sino para la Colombia raizal, que nos permita forjar la identidad como pueblo andino que somos, desde todos los pisos térmicos a nivel del mar hasta los frailejones de los páramos; o en palabras de GABO: Colombia es “un universo mágico, alegre, diverso y turbulento”.
La soberanía educativa implica, entre otros retos, diagnosticar, diseñar e implementar currículos con las comunidades que respondan a las necesidades de la diversidad tanto del territorio como del marentorio, además que reconozca, incorpore y construya saberes socialmente productivos a partir de los saberes y conocimientos ancestrales.
La soberanía educativa “es condición necesaria para el logro del objetivo principal que tiene actualmente planteado la Humanidad, la erradicación del Hambre” concluye la investigación realizada por (Franco Martínez, 2015).
Las leyes de la oferta y la demanda en el mercado mundial, y no la solidaridad entre los pueblos, impulsaron el avance de la globalización educativa. Por otro lado, la globalización encierra la paradoja de que el acceso a niveles aceptables de modernización les cuesta a los pueblos la destrucción de su cultura y la subordinación a la lengua, las costumbres, los gustos y las opiniones del mundo que expresan los medios de comunicación, portavoces del gran poder económico transnacionalizado, es una de las hipótesis de trabajo de (Puiggrós, 2017).
La globalización educativa en ese contexto valida la subordinación del sistema educativo (economía educativa) al sistema productivo, fundamento profundo del capitalismo salvaje sin sentimientos. Se capacita al individuo para el engranaje de producción del capital privado, más no se educa en las potencialidades del desarrollo humano como Ser, que necesita reconocerse a sí mismo y, por el otro, en el finito caminar hacia la humanización de la especie sapiens.
La soberanía educativa entonces, nos reta a recuperar la cultura, el lenguaje, las costumbres, las narrativas, los gustos y las tradiciones del territorio y el marentorio que hacen presencia y dan identidad, desde tiempos inmemorables, a la Nación colombiana.
El reto, del entrante gobierno en cabeza del ministro de educación y de todas las fuerzas progresistas en su conjunto, para estar en la senda y recuperar la soberanía educativa como ejercicio de libertad y de resistencia dirigida a saldar las deudas sociales exige, entre otras categorías, analizar los indicadores de participación de graduados de educación superior por clasificación internacional normalizada sobre la educación CINE, a saber,
[…] para el año 2019 la clasificación CINE con más títulos otorgados corresponde a Administración de Empresas y Derecho con 213.198 graduados equivalente al 42,0%, continuando con la clasificación Ingeniería, Industria y Construcción con 96.873 graduados correspondiente al 19,1%, Ciencias Sociales, Periodismo e Información 46.888 graduados equivalente al 9,2%.Así mismo, se encuentran las clasificaciones con la siguiente información porcentual: Educación (8,5%), Salud y Bienestar (5,9%), Servicios (4,3%), Tecnologías de la Información y la Comunicación-TIC (3,4%), Arte y Humanidades (3,3%), Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística (2,1%), Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Veterinaria (2,0%) (MEN. OLE, 2021)
Procesando las cifras del Observatorio Laboral para la Educación OLE se puede inferir la estrecha relación entre los objetivos mediáticos de la educación neoliberal y la economía de mercado al privilegiar las profesiones con asiento en los centros urbanos como es el 42% de Abogados y Administradores de Empresas en detrimento de formación rural tipo la Silvicultura, Pesca, Veterinaria y ciencias Agropecuarias con apenas el 2.0%, un completo oxímoron para la realidad geográfica del país.
Continuando con la minería de datos, y los sesgos de la política pública educativa neoliberal imperante en Colombia, nos encontramos que los graduados en 2016 y vinculados en el 2017 hasta los graduados en 2019 y vinculados en el 2020, a nivel de formación técnico profesional, muestra un descenso del 35.5% en las mujeres, pasando de 5070 a 3271, y una disminución del 20.0% para los hombres, pasando de 4106 a 3284. Por el lado del nivel de formación tecnológico en el mismo periodo de análisis, el sexo femenino lleva el peor impacto al pasar de 42272 a 37619 equivalente al -11.0% frente al 0.3% de los varones al pasar del 38725 a 38860.
Ya a nivel universitario hay un leve respiro, en términos relativos, para las mujeres en el espacio temporal analizado, al pasar de 73343 a 75326 lo cual equivale a una variación positiva del 2.7% superior al 0.7% de los hombres al pasar del 51638 a 52011. La tendencia a nivel de formación especialización arroja un empate técnico al ubicarse en 3.5% (rango 29108 a 30132) para las mujeres contra un 3.4% para hombres (rango 20412 a 21112).
A nivel de formación de maestrías los hombres superan a las mujeres con el 17.2% superior al 11.9% respectivamente entre los años de graduación de 2016 al 2020. Al finalizar la pirámide educativa neoliberal, hablamos de la formación a nivel de doctorados, las cifras se ubican en 46.9% para los hombres y del 41.7% para las mujeres.
Si nos detenemos un poco en los graduados en 2019 y vinculados en el año 2020 encontramos que a nivel técnico profesional de un total de 32387 el 8.9% (2891 personas) corresponde a Administradores de empresas y abogados frente al 0.3% (110 personas) de jóvenes titulados en silvicultura, pesca, veterinaria y agropecuaria.
A nivel tecnológico el total fue 319653 donde el 10.4% (33365 personas) fueron abogados y administradores de empresa y las disciplinas agrarias se ubicaron en el 0.5% es decir, 1584 tecnólogos titulados y vinculados en silvicultura, pesca, veterinaria y agropecuaria.
De 520179 universitarios vinculados en el año inicial de la pandemia y graduados en el 2019, 1799 correspondiente al 0.3% se focalizaron en silvicultura, pesca, veterinaria y agropecuaria mientras que el 9.9% (51642) se ubicaron como administradores de empresas y abogados. A nivel de especializaciones las cifras muestran que el 0.2% (318 de un total de 199137) correspondieron a silvicultura, pesca, veterinaria y agropecuaria mientras que los abogados y administradores de empresas en número de 32522 participaron con el 16.3%.
Las profesiones con vocación agrícola acá filtradas a nivel de maestría se ubicaron el 0.19% (151 personas de un total de 77686) frente a 5567 abogados y administrados ponderando el 7.17% de la muestra. Los doctorados y vinculados en 2020 en silvicultura, pesca, veterinaria y agropecuaria fueron 21 personas (0.8% de un total de 2660) y el 2.8%, vale decir, 75 fueron doctores en administración y abogados.
Para evitar el naufragio en el océano de la estadística descriptiva hasta acá esbozada podemos inferir, en condiciones de ceteris paribus, que la prioridad del actual gobierno, de corte progresista, para avanzar en la construcción de proyectos de transformación social debe gravitar en la reforma estructural al sistema educativo en línea con la demanda educativa que invierta los indicadores arriba analizados como respuesta a la singularidad histórica y territorial de la Colombia con visión de cambio como semilla para el desmonte de las estructuras neoliberales que se oponen a la soberanía nacional.
Entre ellas, la soberanía educativa como estadio primigenio para liberar la opresión y la libertad de pensamiento y acción en la sociedad colombiana enajenada desde tiempos coloniales al reproducir la condiciones de desigualdad a partir de un sistema educativo impuesto por el capital internacional para beneficio no de nosotros sino de otros: el uno por ciento que expropia la producción económica del noventa y nueve por ciento de la población.
