Producto de la reforma a la justicia del ex presidente Iván Duque del año 2018 con el acto legislativo 01, nació la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, destinada a cumplir el objetivo de investigar en segunda instancia a un presidente, expresidente, congresista y miembro de las altas cortes o acusarlos ante la Sala Especial de Primera Instancia.
Entre los miembros que se posesionaron en esta Sala de Instrucción están Héctor Javier Alarcón Granobles, como presidente; César Reyes, ponente del proceso de manipulación de testigos contra Uribe, Francisco Javier Farfán Molina, Marco Antonio Rueda Soto, Misael Fernando Rodríguez Castellanos y Cristina Eugenia Lombana Velásquez, que llegó procedente de las fuerzas militares bajo la figura de comisión Administrativa, que permite a un Oficial Superior del Ejército Nacional, nombrado por un alto mando, ejercer al mismo tiempo un cargo diferente al que tiene en otra dependencia del Estado.
El pasado militar de Lombana, ante los ojos de los abogados que defienden a quienes ella investiga, la pusieron en un dilema ético, pues Ávaro Uribe, quien fue uno de sus investigados, no solo fue su comandante en jefe cuando era presidente, sino que, como lo pregonaron las denuncias del periodista Daniel Coronell, Jaime Granados, abogado de Uribe en el caso que ella investigaba, habría sido su jefe por tres meses hacia 1997, un dato que Lombana omitió en su hoja de vida para ser magistrada, según Coronel, y por el cual surgió el apodo de ‘calladita’ con el que ahora, además, se le conoce.
En su defensa, la magistrada le respondió al periodista que una llamada de una persona - que nadie conoce de acuerdo con Coronell- le informó que no había registros de su labor con Granados en dicha época. Así, Lombana continuó manejando el caso de Uribe.
Para sus críticos, la magistrada jugó el papel de salvavidas de Uribe. Por un hecho: cuando José Luis Barceló, magistrado que lideraba el caso de los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos —que aún se le investigan a Uribe—, quería enviarlo a la cárcel, estaba a punto de crearse la Sala de Instrucción que, en adelante, tomaría las riendas de su caso. A esta llegó Lombana siendo militar activa del Ejército con el grado de mayor, donde fungió como juez penal.
La mayor del Ejército, Cristina Lombana, durante una condecoración
En consecuencia, Lombana decidió pedir su baja en el Ejército para poder seguir llevando sin problemas el caso de Uribe. Sin embargo, sus compañeros de la Sala de Instrucción por unanimidad terminaron decidiendo que no era apta para manejar el caso. Por tal razón, tuvo que soltar la investigación de Uribe.
Imagen del famoso ‘petrovideo’, en el que se contempla al hoy presidente recibiendo fajos de dinero
Tras la denuncia que hizo la senadora Paloma Valencia en la que se ve en un video al hoy presidente Gustavo Petro recibiendo un fajo de billetes y metiéndolos en una bolsa, se hicieron denuncias contra Petro por lavado de activos, cohecho, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema determinó que el video era del año 2005 y decidió no abrir una investigación. En contravía, Lombana fue la única que no estuvo de acuerdo.
La magistrada señaló que sí se debía investigar a Gustavo Petro, pues, para ella, las pruebas que llegaron a la investigación contra Petro no podían terminar en la conclusión de no investigarlo a profundidad. Lombana hizo énfasis en que se debió investigar el origen de los dineros y su destino. Procedió entonces a dar su voto de salvamento en oposición a lo decidido en el caso del ‘petrovideo’.
Lleva también contra el Presidente el caso por su posible relación con el general Carvajal, el venezolano perteneciente al Cartel de los Soles, detenido en España por presunto tráfico de drogas y enriquecimiento ilícito, pedido en extradición por Estados Unidos. La magistrada Lombana no dudó en tomar un avión hasta Madrid para tomarle las declaraciones a Carvajal el 21 de abril de este año.
Sin embargo, en esa diligencia, llevada a cabo en el búnker de la plaza Villa de Paris en Madrid, no declaró nada que comprometiera a Gustavo Petro, defendido por el abogado Julio Cesar Ortiz, quien también estuvo presente en la Audiencia Nacional en España.
Benedetti y Lombana están enfrentados desde hace un año
La magistrada Cristina Lombana le abrió una investigación al recién nombrado embajador en Venezuela, Armando Benedetti, por enriquecimiento ilícito, debido a que habría ocurrido un incremento injustificado de su patrimonio, entre 2002 y 2018, de 3.000 mil millones de pesos. El dinero no tendría explicación, sumando el salario que mes a mes recibió Benedetti por su labor como congresista, el cual, ante la DIAN, es la única actividad económica que él reportó.
El ex congresista se defendió pidiendo a Lombana pruebas que lo vincularan con el delito de enriquecimiento ilícito, pero no hubo respuesta desde el despacho de Lombana, quien luego lo señaló de ser responsable del delito de lavado de activos.
Además, citó a las personas de su círculo más cercano para conocer de las movidas económicas de Benedetti para el periodo de tiempo en mención. La batalla jurídica continúa con un Benedetti que se declaró perseguido por la magistrada razón por la que pidió su renuncia a su caso, que le fue negada, y una Lombana que le sigue el rastro.
La actual magistrada, que se graduó en la Universidad Javeriana como abogada y estudió en la Externado Contratación Estatal, experta en derechos humanos y derecho internacional, que soñó con ser periodista, arquitecta y superó el cáncer, sorprende a todo el que entra en su oficina por las diferentes imágenes que posan de Hello Kitty, las cuales poco contrastan con su dureza como juez del Ejército y de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, Hello Kitty es el personaje que la conecta con su niña interna. Por eso, así como no le importa que le digan ‘calladita’, canción de Bad Bunny que a veces le pone su hijo de siete años para hacerla reír, mucho menos le afecta lo que digan o piensen los demás sobre su gusto por Hello Kitty, el mismo que puso a plena luz en su oficina de juez penal del Ejército y, ahora, en su despacho de la Corte.
Cristina Lombana pasará de cumplir su papel de magistrada a lograr el sueño de estudiar historia del arte en Paris, ciudad donde vivió los mejores momentos de su vida como estudiante de postgrado de Derecho Penal en la Universidad Pantheón-Paris II, como tampoco descansara hasta que no cumpla con su otro propósito: escribir un libro para que todo lo humano y judicial de su vida quede dicho.
César A. Reyes, el nuevo magistrado de la Corte Suprema que investigará a Uribe por falsos testigos
