El mes de octubre fue convulsionado por las marchas de estudiantes y profesores reclamando una mayor financiación para las universidades públicas, que desembocaron en un paro nacional, que tiene al borde de la parálisis a estas instituciones. A pesar de la negativa del Gobierno nacional de escuchar a la comunidad académica, cuyas vocerías han protagonizado debates con sólidas argumentaciones, hasta ahora el presidente Duque, después de su periplo por el Vaticano, hizo un anuncio, con toda la fanfarria mediática, acompañado de un grupo de circunspectos rectores pertenecientes al Sistema Universitario Estatal (SUE). Como era previsible fue un pacto palaciego: los estudiantes y profesores estuvieron ausentes.
De tiempo atrás, tanto agremiaciones sindicales como Aspu, organizaciones estudiantiles como Unees y el mismo SUE, han formulado propuestas para allanar el camino de acuerdos duraderos en torno a cómo reducir la deuda histórica de $15 billones para inversión y $4,5 billones para funcionamiento. La respuesta del gobierno es este anuncio, que se inscribe, a pesar del párrafo final de este acuerdo, que reza, que “este acuerdo del 26 de octubre del 2018 es el primer paso para avanzar en nuevos modelos de construcción de políticas de largo plazo en la educación superior”, en una política pública cortoplacista de emergencia.
¿Cuáles son los componentes de la propuesta gubernamental, avalada por los rectores del SUE?
1. Crecimiento de las transferencias de la Nación para funcionamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más 3% en 2019 e IPC más 4% entre 2020 y 2022.
En dos documentos del SUE de agosto de 2018 (Informe sostenibilidad financiera Sistema Universitario Estatal SUE) y de octubre de 2018 (Sostenibilidad financiera universidades públicas), los rectores proponían como umbral mínimo el IPC más cuatro puntos porcentuales, mientras que Aspu sugería 8 puntos; sin embargo, ello no se aplicaría solamente para las 32 universidades públicas, sino que se extendería a las 81 IES oficiales, es decir, a las instituciones universitarias (escuelas tecnológicas), técnicas profesionales y tecnológicas. Como se observa en el cuadro siguiente, los aportes para los gastos de funcionamiento han registrado continuos altibajos, apartándose de lo previsto en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992. Si bien es cierto atiende lo planteado por los rectores, no se ajusta a los solicitado por estudiantes y profesores universitarios.
Ahora bien, si se toman como cifra de referencia las asignaciones presupuestadas en el rubro de funcionamiento para las universidades públicas correspondientes a 2018 ($3,1 billones) y 2019 ($3,3 billones) y considerando que los incrementos no se incorporan a la base presupuestal, además, advirtiendo que el anuncio presidencial no especifica si alude a la inflación causada o esperada (meta), las cifras serían muy bajas. Tomando la inflación esperada y asumiendo que el ajuste por inflación es lo previsto en la ley, las partidas netas son de $465.000 millones.
Al cotejar estas cifras se encontrará que son inferiores a las que se han reclamado, estimadas en $3,2 billones. Además, al prorratearla se obtendrá un valor de $14.531 millones para cada universidad para los cuatro años, o $3.632 millones anuales, sin descontar que la distribución no es uniforme. Si el cálculo se hiciera teniendo en cuenta todas las IES oficiales, toda la parafernalia gubernamental se tornaría en un episodio trágico-cómico. El comunicado divulgado no hace referencia alguna al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87 de la ley, que se ha convertido en la práctica en “un saludo a la bandera”.
2. Asignación de $300.000 millones anuales durante este gobierno para inversión, hasta completar $1,2 billones.
Se ha sostenido insistentemente, que la deuda histórica para atender las necesidades de gastos de personal, infraestructura física, bienestar, recursos de apoyo académico, TICs y gastos administrativos asciende a $15 billones, por lo que esta irrisoria suma no cubre sino una ínfima proporción de los requerimientos, y, lo que resulta más preocupante, que superan los destinados al funcionamiento de estas instituciones educativas. Esta bolsa hará que las universidades se trencen en una competencia darwinista.
3. Incorporación a partir de 2019 del 20% de los excedentes de cooperativas para las instituciones de educación superior (IES) públicas.
Los recursos originados en la reforma tributaria de 2016 (Ley 1819), tales como el 40% del medio punto del IVA, el 0,6 puntos del impuesto sobre la renta y complementarios, están embolatados o desviados, por ejemplo, a financiar las becas y créditos del ICETEX. El 20% de los excedentes de las cooperativas, calculados en $140.000 millones y canalizados a la inversión (brechas de calidad), sigue a la espera de la reglamentación del Ministerio de Educación Nacional (MEN), para su distribución y destinación directa a las IES.
4. Destinación de $1 billón del presupuesto bienal (2019-2020) del Sistema General de Regalías (SGR) para la inversión en infraestructura de las IES.
Como es sabido, los recursos del SGR se destinan a la financiación de programas y proyectos de impacto subnacional, comprendidos dentro de los cinco fondos, anticipándose que para el bienio 2019-2020 se manejarán recursos por $18,5 billones. Para que el gobierno, reoriente estos recursos, tiene que impulsar una reforma constitucional, que traslade su control de las entidades territoriales al gobierno central, significando en la práctica un zarpazo a las finanzas regionales y locales.
Los acuerdo logrados por los rectores del SUE y de la red ITTU, no resuelve las exigencias de la comunidad universitaria; más que un paliativo, es un pase de taumaturgia presidencial ante unos rectores que ante las presiones del gobierno por restablecer la normalidad académica, aceptaron unas engañosas partidas, con el compromiso de “apoyar la agenda de acceso gratuito gradual a la educación superior pública para la población más vulnerable”. En otros términos: mientras el gobierno esté empeñado en focalizar los recursos en la demanda (por ejemplo, el programa Ser Pilo Paga, en el que para los créditos educativos de las cuatro cohortes se destinarán $797.000 millones, o, su sustituto Generación E), la brecha de la equidad educativa se ahondará.
Una vez más, la reforma a la Ley 30 de 1992 quedó en el tintero de los acuciosos rectores y el muy complacido presidente.
