La administración pública explicada desde el ordenamiento jurídico nacional nos establece una infinidad de principios que nos hace pensar en esa transparente e intachable actuación administrativa en Colombia. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho, por ende, a principios del año 2020 se estableció que Colombia es el país más corrupto del mundo, por tanto, el ciudadano de a pie entiende que vive bajo el yugo de un Estado corrupto, ineficiente e ilegitimo, consecuentemente de la apología del colombiano promedio es preciso indicar los altos nivelas de desfavorabilidad que tiene la justicia en Colombia.
El caso Andrés Felipe Arias se estructura como uno de los acontecimientos más controversiales de la política y la justicia nacional, la Corte Suprema de Justicia debía actuar como su juez natural en virtud a que Arias fungía al momento de los hechos en tensión como un alto funcionario del Estado y por ende tenía fuero especial. La Corte Suprema de Justicia en el año 2014 condeno al ex ministro Arias por los delitos de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación, al tratarse de un aforado las normas colombianas establecían antes del año 2019 una única instancia para los mismos, por ende Arias no gozo de una doble instancia en concordancia con el derecho convencional ratificado por Colombia.
El caso Arias es de mayor relevancia para el CD, las premisas erigidas a través del tiempo por su máximos representantes establecen que lo condenaron de manera arbitraria y sesgada, se debe desdibujar esa afirmación, toda vez que disciplinariamente lo condenó un aliado directo al CD como lo es el ex procurador Alejandro Ordoñez y hoy embajador ante la OEA del gobierno Duque, o la denuncia puesta en conocimiento a la Corte Suprema de Justicia la hizo la Fiscal General de la Nación de ese entonces Viviane Morales, aliada y seguidora impoluta de la idea uribista, difícil creer en una persecución política.
Ahora bien, los mismos magistrados que condenaron a Arias en el 2014 son casi los mismos que absolvieron a Plazas Vega en 2015, un consentido del CD. Fijémonos pues que el arribismo del CD se sustenta en solo crear populismo y una imagen estratégicamente pensada para que el Colombiano sumiso e ignorante cree en su conciencia el argumento de que Andrés Felipe Arias es el adalid de la moral por ende sus enemigos lo condenaron, Colombia debe descreer de esas falsas premisas y entender que efectivamente Arias tiene un derecho otorgado por las normas internacionales que fungen como normas ius cogens, Convención Americana sobre Derechos Humanos artículo 8 y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 14.
La corte constitucional bajo el fallo de tutela ampara el derecho de Arias a una doble instancia pero el país debe ver más allá y entender que dicho fallo de tutela crea un amplio limbo jurídico de aquellos aforados condenados por parapolítica, yidispolítica, farcpolítica, entre otros, los rumores de pasillo cuentan que varios de los aforados condenados ya están adelantando diligencias ante la CIDH para que se les proteja sus derechos humanos y no se les conculque, me adhiero a los postulados del profesor Rodrigo Uprinmy al formular un recurso extraordinario como en el caso Arias y no la de crear una retroactividad para todos los condenados en única instancia.
Legítimamente el estado le debe garantizar al ex ministro Arias a la impugnación de su condena, sin embargo, las actuaciones del susodicho expuestas en la sentencia proferida por la sala de casación penal de CSJ no son tan legitimas en el debido cuidado y manejo del erario, en la no alteración de pliegos de condiciones en los sistemas de contratación estatal y la desfachatez de hacer cada día más pobre al campesino que de verás necesitaba la ayuda de Agro Ingreso Seguro y ser el precursor de privilegios solo para los poderosos terratenientes del país, confío en que la justicia Colombiana confirme la condena de Andrés Felipe Arias y nos dé un claro ejemplo de credibilidad en las instituciones jurídicas.
