En una jugada que envía un claro mensaje a las víctimas de los denominados falsos positivos, el gobierno del señor Duque ha nombrado en posiciones clave dentro del ejército a nueve militares, de ellos, tres son actualmente investigados por los eventos antes descritos y sobre los seis restantes hay evidencia creíble que los implica en las ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes a manos de soldados bajo su mando.
De acuerdo con Human Rights Watch: “El 10 de diciembre de 2018, el Gobierno nombró al general Nicacio de Jesús Martínez Espinel como nuevo comandante del Ejército colombiano. El 21 de diciembre, el ministro de Defensa Guillermo Botero y el general Martínez Espinel nombraron a otros nuevos comandantes en puestos claves del Ejército”.
El mensaje, como indico antes, es claro, oficiales y soldados del ejército nacional que cometan abusos o actos violentos contra civiles no tendrán inconvenientes en acceder a cargos superiores dentro de la jerarquía militar, y no sufrirán consecuencias por sus acciones. Es, así mismo, un golpe contra las víctimas, porque es evidente que sus seres queridos no son relevantes para el estado colombiano.
Como indica Human Rights Watch: “las investigaciones han demostrado que patrones en los casos de falsos positivos —incluida su naturaleza sistemática y las circunstancias implausibles de muchas muertes que supuestamente ocurrieron en combate— sugieren que los comandantes de las unidades a las cuales se atribuye una cantidad significativa de ejecuciones sabían o deberían haber sabido sobre estos homicidios. Conforme al derecho internacional, los comandantes no solo son responsables por los crímenes de guerra o de lesa humanidad que ordenen o cometan en forma directa. También deben ser penalmente responsables si sabían o deberían haber sabido que subordinados bajo su control efectivo estaban cometiendo estos delitos, pero no adoptaron todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o castigar estos actos”.
Así que, básicamente, todo parece indicar que estos oficiales, todos ellos generales de la república, u ordenaron o permitieron que estos actos criminales ocurrieran. Es válido preguntarse si quizá estos nombramientos son premios por su lealtad, quizá por su silencio, porque no tiene sentido que oficiales vinculados a tan graves acusaciones sean nombrados en puestos clave, en lugar de ser forzados al retiro mientras se presentan los resultados de las investigaciones que tengan pendientes y si hay merito, que respondan penalmente por su implicación en los hechos.
Un artículo de The Guardian del año pasado indicaba que: “aproximadamente 10.000 civiles fueron ejecutados por el ejército entre 2002 y 2010 – más de tres veces el número indicado por grupos de derechos humanos”. En el mismo artículo se indica que. “las figuras infladas, señaladas como “falsos positivos”, se usaban para justificar paquetes de ayuda militar de Estados Unidos, mientras que los oficiales que perpetraban las ejecuciones eran recompensados con ascensos y tiempo libre” la gente tiende a olvidar o peor aún a ignorar que detrás de ese número había personas. Jóvenes que necesitaban un trabajo, una oportunidad, pero también, que hubo niños y jóvenes en condición de discapacidad, personas que no habían cometido crimen alguno. Tal es el caso del asesinato de Nohemí Esther Pacheco Zabata, una niña de trece años a quien le dispararon por la espalda e hicieron pasar como una guerrillera. Cómo es posible que nuestra sociedad acepte semejante acto violento sin pestañear.
A pesar de los esfuerzos por entorpecer la investigación por este caso,
hasta el momento 55 miembros del ejército
han dado su testimonio a la JEP
Es porque la violencia nos ha hecho inmunes a tales actos, porque se volvieron normales, una ola en un océano de actos despreciables. Cómo es posible que un soldado esté dispuesto a manchar su humanidad, su honor, su vida, asesinando a sangre fría a una niña de trece años. Cómo una persona puede cumplir una orden como esa. Porque los deshumanizan, porque no son capaces de pensar, no sienten empatía, se sienten superiores y como tal justificados a cometer toda suerte de crímenes sin temor a ser investigados, porque además están completamente convencidos que al cometer tales actos están sirviendo al país, a una causa. Los perpetradores directos, creyeron que iban a ser protegidos, pero se equivocaron. Esos asesinos, que no merecen llevar el título de soldados, porque los soldados juran proteger a los ciudadanos del país y lo que hicieron estos hombres fue violar el corazón de su misión institucional y por ello fueron enjuiciados o lo están siendo. Sin embargo, aquellos, quienes al parecer estuvieron detrás, quienes dieron las ordenes o permitieron los delitos, alteraron informes y demás, están siendo premiados y ascendidos. Eso es inmoral y criminal. Es claro que el presidente Duque debe ser políticamente responsabilizado por ascender a estos generales. Como el señor Vivanco señala: “Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales creíblemente implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército” desafortunadamente sus palabras no van a cambiar nada, porque es obvio que a este gobierno no le importan estos hechos horribles, a pesar de que son abiertas violaciones a los derechos humanos. Esto también puede explicar porque el presidente se niega a firmar la ley estatutaria de la JEP y porque su partido político está en su contra, porque les produce terror lo que puedan decir los que están involucrados, o, a quienes pueden implicar. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por entorpecer la investigación por este caso, hasta el momento 55 miembros del ejército han dado su testimonio a la JEP. Según El Espectador: “Los militares que se han presentado a esta sala en la primera etapa del proceso provienen del Batallón de Artillería No 2 (La Popa) de Valledupar (Cesar), la Brigada Móvil 15, con sede en Ocaña (Norte de Santander); el Grupo Gaula Casanare (Yopal), la Cuarta División del Batallón de Artillería No. 4 “Jorge Eduardo Sánchez”, en Antioquia; el Batallón No. 15 Francisco de Paula Santander y la Tercera División del Ejército en el departamento del Cauca”. Ahora bien, muchos de los generales que el presidente acaba de ascender fueron comandantes de estos batallones durante aquel periodo.
Así que la ecuación, dada la evidencia parece indicar que estos oficiales, a quienes la justicia debe investigar y si es el caso exonerar o por el contrario castigar, saben quién estuvo detrás de la estrategia de presentar civiles como guerrilleros para crear una falsa sensación de éxito militar contra las guerrillas, han guardado el secreto y ahora, cuando ha pasado suficiente tiempo reciben su recompensa por proteger a quienes están en la cima del poder. Al mismo tiempo, el señor Duque y su partido desmantelan la JEP que es la instancia que puede investigar a fondo el caso y la impunidad se impone como tantas veces ha ocurrido en nuestra historia.
