La calle a la que daba el patio de la casa en la que pasé parte de mi niñez no tenía pavimento. Los efectos adversos para la calidad de vida de las personas del sector eran previsibles: el barro formado en épocas de lluvia no daba tregua, la falta de alumbrado público propiciaba que en las noches el lugar se transformara en un foco de inseguridad y, por más que mi mamá barriese, no había vez que el piso de la casa no estuviese cubierto por una fina capa de polvo.
Las gentes de mi barrio parecían haber sido olvidadas por el mercado, porque este mecanismo de asignación de recursos resultaba ineficaz a la hora de proveerles un bien público tan básico como una carretera con su alumbrado. Y también parecían haber sido olvidadas por el Estado, pues las sucesivas administraciones distritales bien sabían de este problema, pero, sea por falta de voluntad política o por ineptitud de los funcionarios, nunca nadie hizo nada.
¿Qué podían hacer entonces los moradores de mi barrio? Lo único que las estirpes condenadas a cien años de soledad pueden hacer con tal de obtener segundas oportunidades: organizarse. De manera que, en cabeza del señor Nando, que en paz descanse, albañil de profesión e hincha acérrimo del Unión Magdalena, se conformó la Junta de Acción Comunal del Barrio Las Vegas.
Luego de años de trabajo por parte de la JAC, durante la segunda alcaldía del movimiento Fuerza Ciudadana, la calle fue pavimentada. Seguramente, si no hubiese tenido lugar un acuerdo y un trabajo conjunto entre la Junta y el Distrito, muy probablemente la calle seguiría destapada, como lo siguen muchas en muchos sectores de muchas ciudades.
Estos casos abundan en nuestro país. Y fue de esa dinámica social y económica de la que partió la iniciativa del gobierno Petro de expedir un documento tipo para la contratación directa de convenios solidarios para la ejecución de obras hasta la menor cuantía con organismos de acción comunal, esto en el marco de sus políticas sociales y de sus planes para incluir a la economía popular en el mercado de compras públicas.
Según datos del SECOP, desde el 30 de junio de 2023 (fecha en la que se emite el Decreto que reglamenta el documento tipo) hasta el día 7 de junio del presente año, mediante este instrumento contractual se habían celebrado un total de 1123 contratos que sumaban $141.991 millones de pesos. Las cosas marchaban bien: por primera vez el Estado visibilizaba y particularizaba una práctica de décadas, ciñéndola a un pliego contractual que agiliza el proceso, optimiza recursos y mejora la veeduría ciudadana para efectos de la transparencia.
Pero el pasado 28 de mayo el Consejo de Estado decretó medida cautelar de suspensión provisional del Decreto Reglamentario 142 de 2023, el cual reglaba el pliego en cuestión. Se alude extralimitación de funciones por parte del Presidente de la República y violación de los derechos a la libre competencia y la libre empresa.
Se equivocan los honorables magistrados del Consejo de Estado al creer que el perjuicio para la sociedad colombiana generado por la presunta “violación a la libre competencia” es mayor al que se genera franqueándole el paso a las mafias locales de contratistas aliados de políticos inescrupulosos que ven en el Estado y en los recursos municipales y departamentales un banquete de contubernios y sobornos.
Porque, por un lado, dada la imperiosa necesidad de este tipo de obras, su demanda y consecución no se detendrán; y, por otro, dada su naturaleza, las mismas implican potenciales beneficios millonarios para proveedores privados, los cuales, como es de suponerse, despiertan un gran interés para empresarios y políticos.
Ahora, en ausencia del pliego tipo, se le ponen las cosas más difíciles a las Juntas Comunales para ser ellas el órgano con el que se celebre el contrato y más fácil será para los corruptos hacer de la necesidad y la esperanza que las comunidades precarizadas tienen en placas huellas y acueductos un festín de coimas y un acervo de capital politiquero.
Falta tela por cortar. Los contratistas amigos de políticos se verán avocados a no dejar pasar estas nuevas oportunidades de negocio. El Estado y la ciudadanía se ha quedado sin la oportunidad de hacer veeduría a la contratación de este tipo de obras de manera rápida y fácil, pues esa era una de las bondades principales del instrumento.
Y, mientras tanto, las comunidades siguen a la espera de infraestructura vial y de infraestructura de saneamiento básico y agua potable. Ojalá el Concejo de Estado hiciera de la ley y su interpretación el amparo de los más vulnerables, y no el lugar en el que se puedan filtrar y escudar intereses económicos corruptos. Ojalá en el mundo haya más señores Nando.
