La debacle moral, a la cual llaman en todos los ámbitos corrupción, ha transformado nuestra percepción de la realidad y ahora resulta, como predijeron las escrituras sagradas, que lo malo es bueno y lo bueno es malo.
Ya no importa el presente de nuestros hijos ni el futuro de nuestros nietos. Ahora tenemos precio, ya no tenemos valor. Ay de aquel que se atreva a cuestionar la tergiversación de los valores, de los principios, de la ética y de la moral.
Ay de aquellos que se atrevan a cuestionar al dictador, a sus secuaces y a sus lacayos. Para los esclavizados seguidores es una figura idolátrica; sus excesos son aplaudidos y sus graves delitos son permitidos, justificados y ocultados.
¿Hablar de ética y de moral en pleno siglo XXI? ¿Quién puede tener autoridad moral, cuando la sociedad entera está permeada por antivalores, egoísmo, ambiciones y corrupción, de una u otra forma, por acción o por omisión? ¿Por qué los toleramos o por qué los elegimos incluso con nuestro propio voto consciente, a sabiendas de que han cometido este o aquel despropósito, han cohonestado o han provocado injusticias?
Entonces, ¿la sociedad tiene que ir a la debacle?, ¿sin nadie que se levante, con su cédula, el más poderoso instrumento de la democracia, alimentado con un elemental sentido de justicia y con el más reflexivo sentido de conciencia?
No se puede ser neutral frente a la injusticia, no se puede ser indiferente frente a la dura, cruel y afrentosa realidad.
No se requiere ser un bastión moral, ni arrogarse el ejercicio de la ética para comprender que la defensa de intereses egoístas no solamente es una manifestación del individualismo que nace de la acumulación sin límites del capital y de los instrumentos que impiden el desarrollo del bien común, el bien superior de la nación, sino que representa una porción minoritaria de la sociedad que se ha apoderado con voracidad al amparo de los privilegios del Estado, de los recursos que deben estar disponibles para el crecimiento y desarrollo de la inmensa mayoría de los ciudadanos, en especial cuando están cada vez más empobrecidos y más desprovistos de condiciones mínimas de bienestar, al borde mismo de los derechos fundamentales a la dignidad humana, al mínimo vital, a elegir y ser elegidos de forma transparente.
La única a la cual se permite tal grado de inequidad es a la empresa capitalista, en la cual el dueño puede ser desmedidamente poderoso y los trabajadores son empobrecidos al amparo de la ley a cambio de un salario miserable.
El Estado colombiano ahora es la "propiedad privada" de una minoría que, como han denunciado sinnúmero de ciudadanos de todas las formas posibles, se lo han robado de la forma más descarada, y es la empresa capitalista de quienes se han perpetuado en el poder y están decididos a comprar, vender, enajenar y corromper a quien sea necesario para consolidar no solamente el poder económico sino el poder político para materializar la dictadura. Con el aplauso de sus lacayos están autorizados a cerrar incluso las cortes, como hizo el dictador en Venezuela, para ocultar sus pecadillos y manipular no solamente al ejecutivo, al legislativo, al poder electoral, a los burocráticos organismos de control, sino también a la justicia.
Sus argumentos persuasivos e intereses egoístas no pueden ser más evidentes; a tal grado que se dice que pasamos de la patria boba, a la patria bruta y de la ignorancia a la estupidez, máxime cuando quienes apoyan y legitiman semejantes despropósitos no son solamente la clase poderosa y plutocrática sino una clase media cada vez más empobrecida y una clase baja con características de esclavitud, que ama a sus amos y rinde pleitesía a quienes las explotan. Como dicen, da tristeza ver a los pobres votando por los ricos para que los empobrezcan cada vez más.
Ellos saben que tenemos precio, que valemos $50 mil pesos, y que los contratistas viven de sus migajas porque los administradores del presupuesto nacional se llevan la mayor tajada y que los más altos funcionarios también tienen precio, en miles de millones de pesos por cabeza.
Su poder económico y corruptor no tiene límites, no importa si se trata de una persona, un movimiento, un partido, una institución o un sistema. No importa el precio: el poder permitirá cobrar el inmenso gasto que están haciendo por medio de los contratos, de los impuestos que terminarán cobrando a los ciudadanos incautos que los eligen y del enmermelado presupuesto de toda la nación.
El grado de idolatría, de hipnosis, el poder engañoso de sus falacias no permiten que afloren la razón, la conciencia y la dignidad. Por ello, solamente se puede recurrir al poder ciudadano, a los estudiantes, a la opinión pública que dio origen a la Constitución de 1991 mediante la séptima papeleta.
El instrumento más poderoso en esta hora es la cédula y el actor que legitima al Estado social de derecho y a la Constitución de 1991 no es el etéreo "pueblo" sino los ciudadanos, los que no tienen precio, pero se levantan pacíficamente con fundamento en la razón, por la dignidad de una nación cada vez más pobre e inequitativa que perdió su moral, su ética y su conciencia.
No se quede lamentándose cuatro años, su indecisión y su indiferencia es la incertidumbre de los miles de millones de pesos pagados de antemano a las maquinarias para elegir a los corruptos; pero los ciudadanos somos muchos más que 10 millones y no tenemos precio, lo que nos sobra es valor, conciencia y dignidad.
Madruguemos a sorprender al poder engañoso de una minoría que nos ha vuelto cobardes y a doblegar a un sistema que nada conseguirá frente al poder incontenible de los ciudadanos que le apostamos a un cambio de modelo, para que les desbaratemos el juego a las familias que nos han manipulado, porque nos dejamos, porque no actuamos y porque lo consentimos.
Actuemos ahora, decidamos con el poder de nuestra cédula de ciudadanía, con el incontenible poder de la razón y de la conciencia para demostrar que la propaganda negra es solamente una estrategia y que quien la hace la paga, empezando por los poderosos que ya la cometieron y que al igual que aquellos a los cuales ellos acusan a veces con razón, también deben someterse a la justicia, a la reparación de las víctimas y al reconocimiento de la verdad de todas sus atrocidades, cometidas en las narices de sus propios electores.
Y por supuesto, las madres y familiares de los soldados y policías que hace un tiempo ya no mueren en combate porque las armas que los acribillaban fueron entregadas a la ONU y sus victimarios desarmados también deben expresarse para que se haga justicia, es verdad, pero no para que volvamos a la guerra, el lucrativo negocio de oscuros intereses.
