El presente artículo, no tiene como único propósito, resaltar el papel de la guerra como elemento fundamental en la constitución de los Estados modernos; sin embargo, la continua presencia de este factor en la historia Colombiana, hace casi que imposible no referirse a ella como un hecho que ha atravesado de manera tangencial las dinámicas, sociales, económicas y claro está, políticas de la nación. Por lo tanto, la referencia que de ella se haga no tendrá un carácter a favor o en contra o de la misma, tan solo se tomara como una notación, mediante la cual se pueda comprender, que este tipo de dinámicas, han contribuido en la definición del sistema político que marca el curso del país.
Sumado a ello y atendiendo al caso colombiano, más de cincuenta años de confrontación armada y social entre ciudadanos adscritos a un mismo territorio; han dejado tras de sí, una relaciones marcadas por la desconfianza y la deslegitimación del otro. Sin embargo, hoy es posible replantearse una alternativa diferente de gestionar el conflicto, ya no de manera exclusiva a través del uso de la armas, sino, mediante la construcción dialógica, entre los distintos niveles de la sociedad civil.
Por tal motivo, quisiera resaltar la nueva oportunidad de dialogo que se presenta entre dos actores en conflicto; uno de ellos con un historial de más de 40 años de lucha revolucionaria, el otro, agente depositario del orden legal; el cual, atendiendo a las dinámicas del contexto, ha venido estableciendo espacios de apertura política, con el objetivo de consolidar y legitimar, el orden estatal e institucional vigente. En la misma vía, la democratización de los escenarios estatales, ha permitido no solo la convergencia de actores antagónicos, sino, un mayor margen de legitimación política.
En cuanto al ELN se refiere, mucho tiempo ha pasado ya, desde la toma a la población de Simacota (Santander) en el año de 1965 y la posterior lectura de la proclama mediante la cual establecía el sentido mismo de su lucha armada. De la misma manera, sean enfrentado momentos aciagos como los vividos luego de la operación Anorí en el año de 1973, en el departamento de Antioquía; también, se han establecido acciones de movilización destacadas, como las llevadas a cabo en la década del ochenta, en las regiones del Santander, Norte de Santander y parte de la región Nor-oriental del país, y claro ésta practicas tan censurables como las establecidas a través del secuestro.
Por lo tanto y a pesar de los días trascurridos luego del establecimiento de la fase pública de negociación, he querido destacar éste hecho, a pesar de que la opinión pública y los diversos medios de comunicación, hayan volcado su atención a otros nichos informativos; los cuales, sirven para dar cuenta de la lejana consolidación que aun presenta el gobierno nacional, en relación a los fines que dice representar.
Sin embargo, como ciudadano activo, considero que más allá del boom informativo, la importancia de esta nueva fase de negociación radica entre otras; en la posibilidad de inclusión de una estructura armada de carácter insurgente, al orden legal e institucional del Estado; además de reducir a un adversario que ha puesto en disputa, la soberanía interna del país. Por último, la posibilidad de constituirse como un actor, que consolide una estructura mediante la cual se potencialice el papel de la ciudadanía, es el mayor reto del grupo insurgente, en una sociedad donde la apatía y el desinterés político, hacen carrera en el diario acontecer nacional, a la par, de mostrar la unificación del mando central. Así las cosas, y atendiendo el hilo discursivo, la proposición será entonces, la de continuar consolidando el papel institucional, pues a través de éste, se hace posible la conjunción del aspecto sustantivo en relación al contenido y material, en relación al hacer operativo del Estado.
