El Estado ejerce su soberanía por medio de las tres ramas del poder público. La judicial es columna vertebral del mantenimiento de la legalidad, pues tiene el poder soberano de aplicar todas las normas del país.
La rama judicial colombiana tuvo tradicionalmente una respetabilidad externa e interna, fuera de toda duda. La Corte Suprema de Justicia, en tiempos de la constitución de 1886 era no solo respetada, sino reverenciada. Otro tanto ha ocurrido con el Consejo de Estado.
El auge del narcotráfico afectó profundamente la rama judicial (y la ejecutiva y la legislativa por supuesto), especialmente por medio de la violencia y la muerte de un gran número de empleados, jueces y magistrados.
El punto de quiebre fue la toma del Palacio de Justicia, según se conoce, a manos del movimiento guerrillero M-19, mediante el patrocinio y en acuerdo con el Cartel de Medellín. Después de ello, la justicia nunca ha vuelto a ser la misma.
El otro gran punto de inflexión fue la Constitución de 1991. Mediante una serie de normas que dieron poderes a las altas cortes en los trámites de elección de altos funcionarios del Estado; y al Ejecutivo y al Congreso, directa o indirectamente, en la elección de magistrados de las altas cortes, se acaba con la cooptación y entra la política y la corrupción rampante.
Se crean nuevas cortes con poderes prácticamente de supresión de las demás ramas, como se ha visto en algunas actuaciones de la Corte Constitucional, la última, solicitar el envío de los resultados de las discusiones en el Congreso, de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP, lo cual se ha considerado por algunos especialistas, como un acto abusivo de las facultades de esa corte.
Lo anterior, toda vez que ya había llevado a cabo su examen constitucional previo, a la ley aprobada. Como se sabe, la facultad constitucional de objetar la ley por inconveniencia es privativa del presidente y no se conoce que exista un mecanismo legal de revisión por la Corte Constitucional sobre el ejercicio de dicha facultad, ni sería procedente que existiera, pues ella perdería todo sentido.
Ni qué decir de la injerencia de la Procuraduría General de la Nación en el nombramiento de magistrados y la intervención no velada, amenazante por supuesto debido a sus facultades, en asuntos que competen al Congreso o al ejecutivo.
La Fiscalía, que, según la Constitución, hace parte de la rama judicial ha sido el centro de grandes escándalos, intervenciones en política, y adjudicación cuestionada de contratos monumentales.
Las Cortes y los organismos judiciales y disciplinarios, no actúan con independencia, se han politizado, y participan de la inmensa polarización que vive el país, amén de los múltiples casos de corrupción conocidos.
En medio de dicha polarización, las cortes no han dudado en acudir a organismos internacionales, para tratar de arbitrar diversos temas ocurridos con ellas en el país, en una dinámica que saca de los límites territoriales e institucionales, problemas y situaciones internas, que involucran a dichas entidades o a sus integrantes individualmente.
Ello por supuesto, muestra la incapacidad de resolver nuestros problemas internamente como país, con nuestras propias autoridades e instituciones, pasando a depender de otros, llámense países amigos, ONG, ONU, u otros organismos internacionales.
Esta es una primera forma de entregar soberanía.
Con la llegada del proceso de paz con las Farc y la creación de la JEP, un nuevo organismo especial de carácter jurisdiccional, la entrega de soberanía ha tenido sus máximas y variadas expresiones, desde la intervención de los países garantes, el país sede de la negociación, la abierta y en ocasiones abusiva intervención de la ONU, hasta la forma de elección de los magistrados de esa nueva corte. Qué decir de la adjudicación de contratos y el nombramiento de empleados y asesores.
La soberanía de la JEP ha sido entregada en la práctica a los grupos políticos nacionales e internacionales, a los países europeos más involucrados, que obviamente actúan a instancias de la Unión Europea, y la ONU, que es un organismo que por la forma como toma sus decisiones está gobernado por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, con derecho a veto, lo que en la práctica resulta otra forma de garantizar el dominio sobre los países más débiles.
Ningún país ni organismo internacional nos ayuda desinteresadamente. En la política y en los negocios no hay amores, hay intereses. Nuestra ubicación geográfica, los enormes recursos naturales que poseemos, los dos mares, más de cuarenta millones de potenciales consumidores, la vocación dominante de las grandes potencias mundiales, sin distingo, hacen de Colombia un País muy apetecible, incluida su gran debilidad institucional y falta de autoestima. Y las potencias europeas no son menos interesadas que los Estados Unidos.
Nadie nos ayuda gratis, menos la ONU, todos tienen sus intereses, ya sea burocráticos, geopolíticos, comerciales, en tráfico legal e ilegal de armas, en explotación de recursos naturales, en contratación, en ubicación de burocracia, entre otros. Inclusive se menciona la existencia de intereses comerciales en la adjudicación del Premio Nobel de la Paz al expresidente Santos.
Hace mucho que no somos soberanos, quizás nunca lo hemos sido.
En lo tocante a la soberanía judicial, le misma está doblegada desde los hechos citados, hasta llegar al denominado cartel de la toga.
En medio de este panorama de deconstrucción, la cancelación de visas a unos magistrados de altas cortes y algunos dignatarios, no es más que un accidente.
Somos incapaces de resolver los problemas entre nosotros, porque no nos oímos desde la Constituyente que terminó con la carta de 1991.
Nos entregamos en brazos, ya sea de las potencias europeas, de los Estados Unidos, de Cuba, o de quien más nos convenga según la situación. Somos una especie protectorado permanente, con un amo que nos conduce en cada caso, según el tema.
Si los Estados Unidos ven afectados sus intereses por la manera como internamente manejamos la persecución del Estado a la delincuencia en sus diversas formas, el narcotráfico, el tráfico de personas, la migración, el tráfico de armas, no se van a quedar inactivos, como espectadores. Nosotros no lo hacemos, y el caso actual por excelencia es Venezuela. Nos estamos defendiendo y tomando acciones, como lo debemos hacer por supuesto.
Otro tanto ocurrirá con las potencias Europeas, con tantos intereses en Colombia como los Estados Unidos, frente a todos los temas mencionados. Cuando vean amenazados sus intereses, no dudarán en actuar. Un caso muy claro es el de la migración. Europa Schengen nos ha eximido del requisito de la visa previa, coincidiendo con la última gran crisis económica, y con la diáspora de profesionales y empresas, especialmente españolas, que buscaron refugio empresarial y laboral en América. La visa previa volverá tarde o temprano, vista la tendencia en materia de migración de esos países. Y están en su derecho.
No hemos visto, ni veremos a las potencias europeas, ni a los países garantes en el denominado proceso de paz, hacer un reclamo conjunto, o proponer una moción en contra de los Estados Unidos por la cancelación de las visas. Ese no es su tema, ni son sus intereses, mientras tengan asegurados los suyos en Colombia. Ellas comprenden plenamente que son decisiones soberanas de un Estado, el más poderoso además, y que cuando ellos lo requieran, harán lo propio.
El tema en Colombia es pues de respetabilidad. Tenemos que ser un país respetable y autónomo, respetuoso de sus instituciones. No podemos comportarnos como una montonera, pues nadie nos va a escuchar. No podemos correr a entregarnos en brazos del más interesado, según el caso, ni pretender que el presidente, como jefe de Estado y director de las relaciones internacionales, salga como un bravucón a reclamar a los Estados Unidos por las visas canceladas.
Tenemos que encontrar la forma conjunta de hacer de Colombia un país respetable. Tenemos que ser serios para que nos respeten y acaten. Eso no se logra con campañas de imagen, ni moviendo finos tinglados e intereses internacionales subrepticiamente, pues con ello sólo se logró, según versiones conocidas, el Nobel para una persona cuya respetabilidad, sobre todo en el país, es muy deleznable.
Termino citando una frase de un expresidente de la Corte Constitucional, lanzada a las redes sociales por su autor, el señor José Gregorio Hernández: “Un buen juez ejerce su función de manera recta, imparcial, independiente y con arreglo a derecho. Libre de presiones y lisonjas. Sin objetivos de orden político o económico. Ese talante lo hace respetable”.
Cuando ello ocurra plenamente, Colombia será un país más respetable y tendremos soberanía judicial y nacional.
