Desde antes de la pandemia, que se inició en Colombia en marzo de 2020, las cifras económicas y sociales para Barranquilla no eran las mejores, como lo prueban los números del Dane y otras publicaciones. Obviamente, el nuevo coronavirus las empeoró. En 2019 la informalidad laboral fue del 56.1%, una de las más altas del país, pero aumentó 6,7% en 2020, llegando al 59.9%. Y el desempleo abierto pasó del 7.8% en 2019 al 12.3% en 2020, un alza del 57.69%.
La situación se torna más dramática si sumamos el desempleo de 2020 (12.3%) con la informalidad del mismo año (59.9%), para un resultado de 72.2%, a lo cual falta sumar los llamados inactivos, que según el Dane son “todas las personas en edad de trabajar que no participan en la producción de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no están interesadas realizar una actividad remunerada”. El escenario se vuelve así explosivo, porque una comunidad no puede gozar de estándares aceptables de vida con semejante cuadro. Algunos analistas económicos plantean que, en realidad, si se tiene en cuenta a las personas que pagan seguridad social (el Pila), el 20%, la verdadera informalidad y desempleo sería entonces del ¡80%!
Ahora miremos un dato dramático de la encuesta anual Barranquilla Cómo Vamos dada a conocer hace un año, según la cual “el 22% de los encuestados dijo que ellos o algún miembro de su hogar tuvieron que comer menos de tres comidas diarias porque no había suficientes alimentos y de este porcentaje, y el 26% afirmó que sucedió con mucha frecuencia; es decir, más de 10 veces en el último mes”. ¡Y no había llegado la pandemia! Para corroborar la realidad, Undeco, la organización que agrupa a los tenderos en esta región de Colombia, dio a conocer que el valor promedio de compras diarias que hace un hogar en estos negocios era en noviembre pasado de apenas $7.201, menos de dos dólares diarios, de acuerdo con datos de Servipunto y Puntored.
La situación pone al desnudo la profunda crisis económica y social del país, producto del modelo de apertura económica que se impuso a principios de los años noventa con el tal “Bienvenidos al futuro” de César Gaviria. Ahí tenemos a la vista la destrucción de buena parte del aparato productivo nacional, tanto de la industria como del agro, bases del progreso social de cualquier país. La inundación de bienes importados a tutiplén, actualmente catorce millones de productos agropecuarios antes producidos por empresarios, campesinos e indígenas colombianos, lo mismo que de manufacturas ingresadas tanto legalmente como de contrabando técnico, más del 80% en contenedores y camiones. ¿Acaso no recordamos la actividad fabril de la Vía Cuarenta antes del libre comercio? Todo ello ocasionó quiebras generalizadas de productores nacionales, el desempleo más alto de América Latina y una informalidad nunca vista. Cómo avalar la euforia del alcalde distrital de Barranquilla, Jaime Pumarejo, cuando a fines de enero expresó “la economía barranquillera está reactivada el 98%”.
Las perspectivas deben estar basadas en realidades como las descritas anteriormente y la de las finanzas públicas, porque según el último balance del Departamento Nacional de Planeación, la capital del Atlántico no sale bien librada: el déficit de la ciudad es 18.8% y el Índice de Desempeño Fiscal (IDF) de 36.5, un grado alto de deterioro, aun cuando, según un defensor de la Alcaldía, hubo un error en esta última medición al no tener en cuenta el saldo de la deuda, por lo que el verdadero IDF es de 41.8, que “indica que se encuentra en riesgo”. Pero con corrección y todo, el IDF de Barranquilla continúa siendo uno de los peores de las principales ciudadaes del país. Veamos: el de Bogotá es de 73.7; el de Cali, 69.2; el de Cartagena 65.8; el de Medellín 64.6 y el de Montería 56. El IDF según el DNP es sostenible si es igual o mayor a 80; es solvente entre 70 y 79; vulnerable, entre 60 y 70; en riesgo, entre 40 y 60 y en deterioro, menor de 40.
Se requiere un esfuerzo muy grande de la sociedad colombiana, el que nunca han querido impulsar quienes nos han mal gobernado, un pacto nacional basado en la creación de riqueza y de fuentes de empleo y en la defensa del mercado interno, de la producción nacional y de la soberanía económica, si queremos aspirar a vivir dignamente.
