En la reunión del Fondo de Patrimonio Mundial de la Unesco en Bakú, Azerbaiyán, el pasado 1 de julio, la situación patrimonial de Cartagena y el riesgo en que está su estatus de patrimonio cultural de la humanidad por la construcción del edificio Aquarela, fue un punto clave en la agenda. Y se tomaron decisiones drásticas que fueron comunicadas al gobierno colombiano el pasado 24 de julio a través de la embajadora en Francia, Viviane Morales, a quien le corresponde también representar el país ante la UNESCO.
La construcción de la torre de 30 pisos y presentada como un proyecto de vivienda de interés social en el barrio Torices, fue sellada por la oficina de Control Urbano y la Inspección de policía en octubre de 2017, decisión que fue confirmada por el juzgado Décimo Administrativo el 30 de enero de 2018. Desde esa fecha su construcción quedó interrumpida. Esta formaba parte de un conjunto de 5 torres similares de 956 apartamentos, promovidas por la Constructora paisa Promotora Calle 47 S.A.S. Su representante legal, el arquitecto Lucas Tamayo, estuvo detenido por el caso y es investigado por los delitos de urbanización ilegal y daño en los recursos naturales, mientras que el curador urbano Ronald Llamas Bustos, quien también fue capturado y posteriormente puesto en libertad, fue acusado por los delitos de urbanización ilegal y prevaricato por acción. También hay abiertas investigaciones a funcionarios de Planeación municipal del distrito de Cartagena que habrían facilitado la autorización de la mega obra dentro del perímetro visual del centro histórico de Cartagena, a través de una resolución y sin contar con las normas previstas a nivel nacional para la conservación del patrimonio, entidades al Ministerio de la cultura. La obra fue presentada como un proyecto de vivienda de interés social, que permitió que los apartamentos fueron vendidos a precios favorables y cuyos compradores se asociado para protestar e intentar no perder su inversión.
La construcción de la Torre Aquarela fue sellada en octubre de 2017, y el proyecto incluía 5 torres iguales.
La UNESCO es contundente en pedir que el proyecto no continúe y pide considerar la demolición de la actual torre por sus efectos sobre la conservación del conjunto patrimonial de Cartagena cuya preservación es la condición para mantener el estatuto de Patrimonio de la humanidad concedida en 1984 en el gobierno de Belisario Betancur.
En la comunicación también hacen un llamado a que quede en firme el Plan Especial de Manejo y Protección, tarea que le corresponde a la ciudad de Cartagena y que los distintos alcaldes han estado reacios de elaborarlo, especialmente por los intereses y la presión de los constructores. La fecha límite que da la UNESCO es diciembre del 2020.
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A pesar de la argumentación de la constructora Promotora Calle 47 y los pleitos judiciales que ya cumplen un año y nueve meses, el camino de la demolición parece estar cerca. Además del ultimátum del Fondo de Patrimonio Mundial se suma las irregularidades que se han identificado en el proceso constructivo en temas de cimentación y estructura, además de no cumplir con los alinderamientos exigidos, documentación que reposa en el Ministerio de Cultura, que fue la entidad del gobierno nacional, en cabeza de Mariana Garcés, quien lideró el proceso que bloqueó el proyecto.
Muy al comienzo de su gobierno, el 12 de noviembre de 2018, el presidente Duque y el canciller Carlos Holmes Trujillo se reunieron con Audrey Azoulay, la Directora general de la UNESCO en París, con lo que ratificó el compromiso de Colombia de respetar los tratados internacionales y los acuerdos firmados, entre los que está el formar parte del Patrimonio material o inmaterial de la humanidad, estatus que cubre expresiones culturales como el vallenato, los cantos de trabajo de los Llanos Orientales, San Basilio de Palenque o el Carnaval de Blancos y Negros, entre otros.
El ultimátum del Fondo de Patrimonio para resolver no está dirigido solo a solucionar el tema de la torre Aquarela sino que, como un imperativo, exige diplomáticamente que Cartagena tenga finalmente el Plan Especial de Manejo y Protección que blinde su condición de ciudad patrimonial con una normatividad clara. Y tiene fecha: diciembre del 2020. Un imperativo para el próximo alcalde, quien tiene que actuar y hacerlo con prontitud y no seguir el mismo camino evasivo de sus antecesores, reacios a tramitar el plan ante el concejo de la ciudad. Una tarea obligatoria de hacer en el primer año de su posesión, si el actual Pedrito Pereira, de la mano de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien supervisa su gestión, no logran tramitarlo y dejarlo en firme.
Esta es la comunicación de la UNESCO:
