No hace falta ser un experto en seguridad ciudadana para notar que en Santa Marta dicha cuestión se encuentra en vilo. Gran parte de la ciudadanía indica sentirse insegura en la ciudad, ello debido a delitos muy comunes como el hurto armado a personas, la extorsión a comerciantes (formales e informales) y la frecuencia de riñas alevosas que traen consigo violencia física contra población civil pacífica.
Lo dicho anteriormente podemos constatarlo en los datos publicados por Santa Marta Cómo Vamos —a falta de datos actualizados por el Dane—, quienes, para el año 2017, mostraron que un 49% de la ciudadanía se sentía segura en la ciudad. Luego, si contrastamos esos datos con los publicados por la Red Cómo Vamos en diciembre de 2020, notaremos que un 25% de la población cambió su percepción sobre el asunto, es decir, solo un 24% de los ciudadanos encuestados señalaron sentirse seguros en la ciudad pues, en lo tocante a la seguridad barrial, el dato varió de 30% en 2017 a 31% en 2020. Lo anterior es sin dudas un hecho desalentador: los samarios cada vez más disminuyen su percepción positiva sobre las condiciones de seguridad y convivencia territorial.
Esta delicada situación ya ha sido denunciada comedidamente por diferentes activistas políticos, defensores de DD. HH. e investigadores del conflicto armado en el caribe colombiano; por ejemplo, el antropólogo Lerber Dimas nos anunciaba, en su columna del 30 de diciembre de 2020, que la “institucionalidad era vencida [una vez más] por la delincuencia” (2020). Allí el experto mencionaba el fracaso de las políticas distritales y departamentales de seguridad para desarticular más o menos a 37 estructuras delincuenciales activas en la ciudad, lideradas y coordinadas por grupos armados ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, La Silla y múltiples grupos de delincuencia común.
Con esa multiplicidad de actores delincuenciales, esperar que los índices de percepción de la seguridad ciudadana marquen positivo es ingenuo. Sin dudas esta compleja situación conmina a la alcaldía Distrital y a la Secretaría de Seguridad y Convivencia a aplicar rigurosamente el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, advirtiendo la necesidad de un enfoque diferencial entre ruralidad-urbanidad. Porque algo está claro al observar las operaciones de aquellos grupos: sus actuaciones criminales varían de acuerdo con el área donde accionan y la población con que se relacionan, entonces, encontramos que la población rural de Santa Marta (ejemplo, en Minca o Bonda) está mayormente supeditada al ordenamiento territorial paramilitar, a la violación explícita de sus derechos humanos y a la regulación de su economía local. Habría que recordar los casos fatales de nuestra aún querida Maritza Quiroz y del aguerrido líder ambiental y político Alejandro Llinás. Incluso, podríamos mencionar el reciente hecho intimidatorio por parte de estos grupos ilegales a comerciantes del mercado público de Santa Marta entre el 22 y 25 de febrero de este año, lo que muestra que el problema de la inseguridad comienza a desbordarse una vez más.
Lo dicho hasta aquí supone que, al menos en la administración de Rafael Martínez (2016-2019) y en lo corrido de la de Virna Johnson (2020-2023), las condiciones de seguridad en la ciudad, desde el punto de vista de la ciudadanía, han desmejorado. Lo anterior no supone que la alcaldía no haya hecho nada: hay que reconocer la reducción de homicidios entre el 2020 y 2021, las caravanas de seguridad barriales, las intervenciones integrales en sectores críticos de la ciudad, entre otros operativos y gestiones emprendidas por la secretaria de seguridad Sandra Vallejo. La cuestión realmente tiene que ver con el funcionamiento estructural de estas organizaciones delictivas, es decir: ¿por qué en los nueve años de las alcaldías del cambio no se han desestructurado los patrones de criminalidad en los distintos “puntos críticos” de la ciudad?, ¿cómo explicar que pese a los resultados estadísticos presentados por la alcaldía distrital —la mayoría positivos— en los últimos cinco años, aún sigan operando, con particular efectividad, los mismos grupos armados ilegales y —peor aún— estén surgiendo nuevas organizaciones delictivas?
Por todo lo dicho, es legítimo considerar que hay fallos serios en la política de seguridad y convivencia del Distrito de Santa Marta. Mi humilde sugerencia a la excoronel Vallejo es que considere aplicar estrategias mixtas de seguridad y convivencia: mano dura a los delincuentes, ejecutando a su vez políticas de inclusión y desarticulación social de la comunidad samaria respecto a estos grupos ilegales. Y es que la militarización transitoria de los barrios produce zozobra a la comunidad y no es tan efectiva, pues hay que decirlo: es cuestión de que se movilicen los agentes policiales en sus lujosas motos y autos para que se reanuden las prácticas delincuenciales en los distintos puntos de la barriada.
Entonces, tendría que preguntarse la secretaria Vallejo qué condiciones sociales hacen favorable el florecimiento de la delincuencia en la ciudad. Aquí unas pistas: según el Dane (2020) la tasa de desempleo ascendió en Santa Marta a 17,8% en 2020, un aumento de seis puntos porcentuales en relación con 2019; a su vez, el 64,5% de la población samaria se encuentra en la informalidad laboral. Estos datos son sensibles. Detrás de los números hay personas desesperadas por el encarecimiento de la comida, por la carencia de dinero para subsistencia diaria. Es muy probable que estas condiciones socioeconómicas constriñan a la población (sumada a la seducción económica del trabajo delincuencial) a realizar actividades ilegales por supervivencia. Otro aspecto podría ser el amplio consumo de drogas por buena parte de samarios y samarias, por lo que se hace necesario surjan políticas que combinen la seguridad, salud pública y la inclusión social: recordemos que el Observatorio de Drogas de Colombia sugería estas medidas para el Distrito de Santa Marta en el año 2019.
En definitiva, la sensación al leer las cifras de seguridad en la ciudad me lleva a creer que falta mayor eficacia en las políticas públicas de seguridad implementadas en la ciudad. La estrategia guerrerista contra los grupos armados ilegales productores de droga en el distrito es más que válida, sin embargo, está probado que aplicar esa misma estrategia con los consumidores no genera mayores resultados positivos: quizá el primer paso para desestructurar a estos grupos sea desvinculando a la sociedad civil que —quiérase reconocer o no— los reproduce. Aunque se sabe que el asunto es más complejo que hacer solo eso. No obstante, creo que un mecanismo efectivo para la reducción de este ascenso de la inseguridad podría ser arropar a la comunidad samaria con programas de orientación psicosocial, de capacitación laboral y técnica, así como de salud y educación pública, con mínimas garantías de inserción institucional en el mercado laboral. Sin dudas son grandes retos los que se deben abordar desde la alcaldía, pero aquí la pregunta concluyente es: ¿será capaz el gobierno de la alcaldesa Virna de llevar a cabo estas políticas? Aún tenemos dos años para solucionar esa enorme duda.
Referencias
Diciembre 2020. Resultados 2da medición Encuesta Virtual #miVozmiCiudad
Seguridad según la Encuesta de Percepción Ciudadana 2017
Caracterizacion consumo drogas Santa Marta
Ciudadanos coinciden en que la inseguridad ha ido en aumento en Santa Marta
Informe de seguridad revela que en Santa Marta roban celulares a diario
Balance del primer trimestre (2019) de la seguridad urbana y el crimen organizado en Santa Marta
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