Es importante preguntarnos por estos días cómo anda nuestra ciudad en materia de seguridad. Y más aún, tratar de entender cuáles serían las bondades que pudiésemos rescatar frente al actual manejo de la misma.
Hace algunos meses fuimos testigos de, quizás, una de las campañas electorales más movidas en los últimos años, en donde uno de los temas centrales de debate fue la situación de seguridad y cómo debería ser tratado para buscar su mejora. Lo cierto del caso es que poco menos de la mitad del total de personas habilitadas para votar en Medellín (el 49,49% frente al 50,51%) decidimos entre cinco modelos que a final no distan mucho el uno del otro. Los ciudadanos optaron por el Dr. Federico Gutiérrez como nuevo burgomaestre para asumir el reto de avanzar en la consecución de una ciudad más segura durante los próximos 4 años, lo que sin duda será un gran reto para él y su gabinete.
Es errado creer que la seguridad depende exclusivamente de la presencia de la fuerza pública en el territorio, pues de serlo así, las anteriores administraciones hubiesen logrado avances significativos. Gran parte de sus esfuerzos se centraron en el apoyo técnico, financiero y logístico a los organismos de seguridad y justicia con el fin de mejorar los resultados frente a la disminución de delitos de alto impacto como el homicidio, el hurto, la extorsión y el microtráfico. Siendo así la cosa, creería uno entonces que a mayor grado de inversión, mejores resultados en la disminución de las acciones criminales. Pero actualmente pareciera que la cosa no funcionó como debería y, por el contrario, la percepción de seguridad de nuestros habitantes se encuentra muy por debajo de los niveles de satisfacción deseados.
Hace algunos días tuve la posibilidad de dialogar con un gran amigo, un coronel retirado de la Policía Nacional, frente a la actual situación de seguridad por la que atraviesa Medellín y debatir sobre el direccionamiento de las diferentes estrategias y políticas públicas para hacerle frente a este asunto. En esa conversación entendí cómo la prevención y la coerción son dos elementos estructurales para avanzar en el mejoramiento de la seguridad urbana, así como de la importancia que debe tener el sujeto (las personas) en la construcción de una política pública de seguridad. Dándome la tarea de ahondar un poco más sobre el tema, encontré una interesante postura de la ONU frente a la seguridad. En ella se plantea que “a política de seguridad urbana requiere tanta prevención como sea posible y tanta coerción como sea necesaria” y por fin comprendí que el actual manejo frente al asunto de seguridad en la ciudad de Medellín, tal vez no sea el más adecuado.
Una política pública de seguridad que se enfoque netamente en la reducción de los indicadores de crímenes de alto impacto, es decir, en la coerción, pero que descuide el asunto de la prevención y el trabajo con la ciudadanía, me atrevería a decir, es una política condenada al fracaso. Para sustentar este argumento, pondré varios ejemplos:
Frente al tráfico de drogas o sustancias psicoactivas, lo cual representa uno de los principales problemas en nuestra ciudad, es necesario entender la cadena y los eslabones que se integran en esta situación. Inicialmente es necesario garantizar una cadena de producción y distribución que facilite el acceso de las personas a las diferentes drogas que circulan en la ciudad. El destino final de cada gramo, cada cigarrillo de marihuana, cada pepa, etc., son las denominadas plazas de vicio, lugares donde finalmente existe contacto entre el consumidor y el distribuidor. Existe una realidad en la ciudad y es que la gran mayoría de personas sabemos dónde se encuentran ubicadas estas plazas, per la pregunta de fondo es ¿Las autoridades conocen o no de su existencia?
Durante varios años los organismos de seguridad han buscado la forma de desarticular la cadena de suministro frente a los narcóticos, lo que en efecto es válido, pero no sería una tarea aún más importante tratar de afectar esta problemática enfocándose más en la prevención y el manejo del consumo de alucinógenos como una enfermedad publica?
Con respecto al hurto en la ciudad, el enfoque ante el problema ha sido en la judicialización de quienes cometen el delito. Sabemos hoy que frente al robo de vehículos, celulares, motos, etc, existe un mercado negro encargado de la distribución de los diferentes productos robados. Si existe demanda, existe oferta, por lo tanto el enfoque de seguridad debería centrase no solo en la judicialización sino también en la prevención. Si se logra generar conciencia ciudadana frente a la no compra de artículos robados, es posible pensar en un efecto positivo para la disminución real de los indicadores de hurtos.
Se podrían citar otros ejemplos más que efectivamente pueden tratarse no solo desde la coerción, sino, por el contrario, darles un tratamiento desde una mirada preventiva, donde el trabajo articulado con y para la ciudadanía permita aumentar gradualmente la adopción de buenas prácticas sociales frente a la cultura de la legalidad que incidan positivamente en la disminución de indicadores de delitos de alto impacto.
Por ello, es importante que el actual mandatario local, Dr. Federico Gutiérrez, priorice en los próximos meses en su plan de desarrollo Municipal, la inclusión de una política pública de seguridad urbana que contemple ambos aspectos: coerción y prevención como ejes estructurales para alcanzar unos mejores indicadores en materia de seguridad en nuestra ciudad.
