La pandemia actual ha demostrado que todos los seres humanos somos vulnerables. Los más recientes datos del DANE para el primer trimestre del año, tanto sobre la situación de empleo como la del PIB, denotan la precariedad del sector productivo y la del mercado de trabajo. Las respuestas paliativas del gobierno nacional y de los locales, no llegan como deben; las redes de corrupción y las clientelistas se quedan con un gran pedazo de estos subsidios, mientras la ineficiencia administrativa y burocrática muerde otro tanto; lo que queda para hacer frente a la situación son migajas. Nos hemos dado cuenta, a través de la cuarentena obligatoria, ya “aislamiento inteligente” en algunas ciudades, que en Colombia los ciudadanos viven del día a día. Las redes de apoyo, con mayor alcance que las gubernamentales, provienen de iniciativas privadas y comunitarias; el Estado Social de Derecho no existe más allá del papel de la Constitución de 1991. Necesitamos una transformación de la política pública, enorme y revolucionaria; sería ilógico hacer lo mismo que ya no funcionó. El clientelismo, el gamonalismo, la plutocracia y la exclusión sistemática de las personas más pobres de la posibilidad de ejercer la ciudadanía enmarcada en nuestra Carta Magna ya nos condenaron a este fracaso.
No se pone en duda que hoy la prioridad es canalizar los recursos para las poblaciones más vulnerables por los efectos de la cuarentena. Sin embargo, estos grupos sociales son mucho más que los que reciben los subsidios estructurales amparados en los programas de Familias en Acción, Adulto Mayor y Jóvenes en Acción. También hay otra realidad, la de los trabajadores y las trabajadoras y la de los micros y pequeños empresarios, que no cuentan con el músculo financiero necesario para aguantar una semana ni mucho menos dos meses sin recibir ingresos. Incluso, es tal la precariedad estructural que hasta muchas de las empresas más boyantes del país no cuentan con la liquidez necesaria para sostenerse en tiempos de cuarentena[3]. No obstante, para estas últimas, no es por falta de recursos sino por su preferencia por especular, por fomentar el valor de sus acciones y, por supuesto, la riqueza de sus accionistas, sin importar los fundamentos del negocio: el trabajo y la producción. Un ejemplo importante de lo anterior es la estrepitosa caída del ícono de la aviación en Colombia: Avianca, empresa registrada en el paraíso fiscal de Panamá, con accionistas mayoritarios de Estados Unidos. No nos quede la menor duda de que nuestra economía y los privilegiados de nuestra sociedad se mueven hoy sobre los caminos de la avaricia y no de la estabilidad.
Una renta básica universal (RBU) ofrece una solución a este panorama tan frágil y desigual. Tanto a nivel individual como colectivo, prenderá el motor de la demanda en vez de enfocar esfuerzos inútiles en solo estimular la oferta. Otorgar un ingreso permanente para todos los ciudadanos y residentes permanentes del país podría, no solo eliminar la pobreza material de un solo golpe, sino empoderar a los más débiles y dar libertad real para todos y todas. La propuesta de la RBU no es nada novedosa y tampoco existe solo en las mentes de socialistas u otros radicales de la izquierda. Desde la época de la Guerra Civil de Estados Unidos y la Primera Revolución Industrial, varios pensadores plantearon la necesidad de un ingreso básico como un derecho incondicional, desde Thomas Paine, el pensador liberal británico que emigró a Estados Unidos, el francés Joseph Charlier y el venerado filósofo liberal británico, John Stuart Mill.
Estos escritores y filósofos – el primero y el último – comprendieron la incapacidad del mercado por sí solo, para equilibrar la oferta y demanda de bienes de una forma que garantice una vida digna para todos. Erradicar a la pobreza es y será un paso necesario para el desarrollo del bienestar de una sociedad, de manera que fomentar la riqueza a través del crecimiento del aparato productivo no es suficiente, mucho más cuando dichas economías fomentan políticas de exclusión en el mercado laboral por su alta dependencia y escaza diversificación y dificultan la absorción de mano de obra. Hasta el propio Adam Smith, padre del liberalismo clásico, lo expresó en la Riqueza de las Naciones: “sin lugar a duda, ninguna sociedad puede ser próspera y feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables” (1776, I, VIII [1910, I, 70]; traducción nuestra).
Más recientemente, el tema de un dividendo social, al estilo RBU, apareció hasta en una campaña presidencial de los Estados Unidos, a través de la figura del demócrata George McGovern (1972), quién propuso el término de los “demogrants” y bajo el cual, se consideraba a toda la población como beneficiaria, sin distinción alguna. De hecho, en el estado de Alaska, desde los ochentas del siglo XX, existe un ingreso básico para todos los residentes permanentes.
Como pasa con las medidas de corte social, la RBU tiene sus detractores. El primer error de los críticos de la RBU es calificarla como excesivamente costosa. El simple cálculo del costo nominal de un programa como el de la renta básica universal desconoce, escandalosamente, las reducciones que se pueden dar en el gasto público, por al menos, tres vías. Por un lado, la reducción de la ineficacia e ineficiencia en la asignación de los subsidios estatales para aliviar la pobreza, incluso para apaciguar los efectos de una crisis como la que estamos afrontando; uno de los más recientes escándalos nos sirve como papa para el caldo: la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo falló, espectacularmente, en la provisión de los mercados para las poblaciones definidas como especialmente vulnerables frente a la Emergencia Nacional Sanitaria, Económica y Social.
Por otro lado, además de la ineficiencia de los sistemas gubernamentales para identificar y atender a los grupos sociales más necesitados, el costo administrativo de estos programas suele ser muy alto, generando serios cuestionamientos sobre el costo-beneficio de dichos programas. Además, tener una RBU evitaría la duplicidad de los subsidios, es decir, un monto fijo permanente es mejor que varios subsidios que se dan de forma desorganizada y transitoria.
Tercero, la apertura económica y la desregulación financiera de las últimas tres décadas, facilitaron la movilidad del capital y la competencia desleal de gobiernos que prometían incentivos tributarios como método para atraer el capital. El fomento de estos paraísos fiscales ha caído como anillo al dedo para la clase rentista y la élite global, pues a todas luces, esto no es más que una jugada para que evadan sus respectivos sistemas tributarios. De paso, se estima que individuos han guardado hasta 36 billones de dólares en los paraísos fiscales[4] y éstos privan a los gobiernos globales de entre 500-600 mil millones de dólares por año[5] para conceptos de recaudos tributarios.
Son múltiples las consideraciones técnicas y políticas necesarias antes de calcular el monto exacto, per cápita, de la renta básica universal, tanto para Colombia como para cualquier otro país, estas variarán de acuerdo con los distintos indicadores existentes para medir la línea de pobreza, el valor monetario de un mínimo vital, el PIB per cápita, el recaudo y la distribución por ingresos del sistema tributario, entre otros, de manera que estas discusiones serán para otro momento. Es apenas obvio que la creación de una RBU requiere un revolcón progresista del sistema tributario en términos redistributivos, además de una transformación del sistema social del país, promoviendo, entre otras, la desmercantilización del sistema de salud, el fortalecimiento del sistema educativo y una renovada participación estatal en políticas de vivienda para revertir la segregación social espacial.
Una renta básica universal liberará a los marginados de la estigmatización estructural que la asistencia social de hoy señala y acusa; es más, plantearía una línea base de oportunidades para todos, tanto para que hagan como para que dejen de hacer. La competencia destructiva en el trabajo y en el mercado, que ha regido durante el presente siglo, debe ser abolida. Es tiempo para que se dibuje un paso adelante para todos y todas, y un ingreso básico universal nos impulsará a tomarlo.
Referencias:
[1] Director del Proyecto Centros de Atención Laboral de la Escuela Nacional Sindical (CAL): [email protected].[2] Economista de la Universidad del Valle: [email protected].
[3] Juan Ricardo Ortega. “El dueño del balón”, Semana, 2 de mayo de 2020: https://www.semana.com/opinion/articulo/el-dueno-del-balon-como-sacar-la-economia-del-hueco-por-juan-ricardo-ortega/667426
[4] Henry, James S. 2016. “Taxing Tax Havens.” Foreign Affairs, April 12: https://www.foreignaffairs.com/print/node/1117178
[5] Shaxson, Nicolas. 2019. “Tackling tax havens”. Finance & Development. Septiembre. Vol.56(3): https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/tackling-global-tax-havens-shaxon.htm
