La jueza Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo adjudicó a Diosdado Cabello la propiedad de la sede del diario venezolano El Nacional, que se ha mantenido crítico ante el gobierno de Nicolás Maduro. Esta decisión se da tras el embargo del medio en mayo del 2021, después de haber sido demandados por “daños morales” por parte de Cabello.
La propiedad de la sede y los lotes de terreno en los cuales se encuentra construido el edificio de oficinas del diario fueron entregados a Cabello, segundo al mando del partido de gobierno Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Los trabajadores del diario fueron desalojados por el Ejército cuando fue dictaminado el embargo.
Prácticas irregulares
En la página web de El Nacional señalan diversas prácticas irregulares en esta decisión. Por un lado, la jueza Amoroso Hidrobo es hermana del contralor general de la Nación, Elvis Amoroso Hidrobo. Además, la adjudicación se llevó a cabo sin informar públicamente la fecha, hora y monto a pagar a los interesados en su compra.
Esto ocurre tras la demanda interpuesta por el mismo Diosdado Cabello contra El Nacional por difamación, en el que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declaró que el diario debía pagar como reparación un monto de 13 millones de dólares directamente al dirigente de gobierno. La justicia venezolana lo ha considerado víctima de daños morales por la distribución, por parte del medio, de una investigación del periódico español ABC, que lo vinculaba con estructuras de narcotráfico.
Miguel Otero, presidente y editor del grupo de medios El Nacional, declaró para RFI en español que “esto demuestra que no hay una separación de poderes en el sistema de justicia”, señalando la relación entre la jueza y el contralor general. Además, explica que a pesar de que la demanda por difamación contra el diario existe, nunca se ha emitido ninguna sentencia.
“No nos censuramos”
El líder chavista, Cabello, promete que usará los terrenos para convertirlos en una universidad o construir viviendas populares donde se ubican las oficinas principales del medio, fundado hace más de ocho décadas.
Ante esto, Otero precisó que seguirán trabajando por publicar información sin censura en su portal web: “Nosotros no nos censuramos, y somos el medio digital sobre asuntos venezolanos más consultado en el país”, dijo, añadiendo que este caso de “amedrentación judicial” no logrará evitar que sigan publicando, siendo críticos del gobierno.
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