Sorprendente por decir lo menos, resultó el reportaje que el ministro de Defensa concedió a Yamit Amat en El Tiempo del pasado domingo. Deja la impresión de que salvo el municipio de Tumaco, el problema de los narcocultivos es cuestión sin mayor trascendencia en el resto del suroccidente.
Por otra parte las expresiones del funcionario desconciertan cuando se refieren a los sitios con mayor incidencia en materia de homicidios. Según afirma “el problema está concentrado en cuatro municipios: Ituango, Tarazá y Caucacia, en el bajo Cauca Antioqueño, donde implementamos el Plan Aquiles, y en Tumaco, Nariño, en donde existe el Plan Atlas y hacen presencia la Fuerza de Despliegue Rápido y la Fuerza de Tarea Poseidón de la Armada”.
Guillermo Botero tiene el deseo de servir a la patria, pero sus opiniones en esta ocasión resultaron decepcionantes. Pareciera que sus asesores inmediatos no lo informan con el rigor debido sobre lo que pasa en departamentos tan importantes como el Valle, Cauca y Nariño.
En los territorios mencionados tienen presencia activa varias multinacionales del crimen a las que se suman traficantes locales de distinta pelambre, disidencias de las Farc, grupos de milicianos, frentes del ELN, etc. Estos actores se pelean las áreas abandonadas por el Estado además de las rutas, corredores, laboratorios y cargamentos.
Es una situación que se hizo insostenible tras la firma del acuerdo de paz. Como lo mencionara recientemente el gobernador nariñense: “En el año 2017, que era el de la implementación de la paz, debió llegar nuestra fuerza pública el mismo día que salieron las Farc, a controlar el territorio, pero eso no pasó en Nariño. Quedamos a merced de los grupos al margen de la ley…”
Los departamentos sureños cargan con un tercio de la coca sembrada en el país, unas 63 000 hectáreas. A lo anterior se agregan centenares de hectáreas plantadas con amapola y marihuana “cripy”, apreciada por su alto poder psicotrópico. Este cultivo se desarrolla mediante técnica hidropónica a la vista del público, en invernaderos iluminados y construidos sobre el pié de monte de la cordillera central entre los municipios de Florida en el Valle y Caldono en el Cauca. Son instalaciones que resplandecen en las horas nocturnas, y pueden observarse cuando ha caído la noche desde los altos edificios caleños o desde los aviones que se acercan al aeropuerto Bonilla Aragón.
Los departamentos sureños cargan con un tercio de la coca sembrada en el país,
unas 63 000 hectáreas. A lo anterior se agregan
centenares de hectáreas plantadas con amapola y marihuana “cripy”,
Muy próxima a este océano de cultivos ilícitos y adentrándose en un mar de sangre, se encuentra Cali. En su situación de violencia inciden distintos fenómenos, pero quizá el determinante es la proximidad geográfica a las zonas donde se producen psicoactivos. Esta actividad maldita está tras la proliferación del microtráfico con sus secuelas de fronteras invisibles y ajustes de cuentas, y alimenta el crédito gota a gota que a menudo se paga con la vida del deudor o sus allegados. Para colmo de males y como lo advirtiera el comandante de la Cuarta Regional de la Policía Antinarcóticos, buena parte de las organizaciones delincuenciales han tomado a la Sultana como lugar de asiento para sus negocios.
El resultado es que a estas alturas del año en la ciudad ya se llevan más de mil homicidios, registrándose una de las tasas más altas en el contexto nacional. Tampoco extrañan situaciones que causan espanto, como la del fin de semana antepasado cuando los asesinatos llegaron a veintitrés.
La administración caleña viene adelantando varias iniciativas para contra restar las causas de tipo social que determinan las conductas delictivas. Pero la lucha contra la criminalidad escapa a sus capacidades. Se requiere un esfuerzo decidido del Estado para poner remedio a la situación. No es entendible que Cali tuviera hasta octubre pasado un pie de fuerza policial tan reducido. En el 2017 con 1241 asesinatos su contingente policivo no superaba los 298 efectivos por cien mil habitantes. Una situación contrastante con otras ciudades no asoladas por la violencia. Según informaciones de prensa Tunja que tuvo 9 asesinatos en ese año, dispone de 610 agentes, mientras Bucaramanga con 94 homicidios tiene 675 policiales por cien mil habitantes.
Pero el Ministerio de Defensa no es el único organismo llamado a afrontar con mayor determinación lo que acontece en Cali y el suroccidente. De igual manera debería proceder la Fiscalía, cuyo actuar en la judicialización de los delincuentes necesita ser más eficaz. Además el organismo debe dejar de eludir la responsabilidad de construir dependencias adecuadas en la región. A pesar de que Cali arbitró los predios para las construcciones el ente investigador sigue repartido en distintos edificios, manipulando pruebas y materiales peligrosos en áreas no acondicionadas, dando pie a episodios como el reciente estallido de bombas en uno de sus despachos.
Cali, como Tumaco, y como decenas de municipios en el suroccidente afronta una tragedia de proporciones incalculables, y para encontrar soluciones necesitan el apoyo decidido del Estado central. Pero el asunto exige que los organismos a cargo, en este caso el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General, tengan un conocimiento certero sobre lo que acontece en esos territorios y asuman el compromiso de devolverles la normalidad.
