Alán Jara regresó de sus 8 años de cautiverio en manos de las Farc directo a la política en su departamento. La tragedia vivida y su regreso a Villavicencio después de la entrega mediática que le hizo la guerrilla a Piedad Córdoba se convirtieron en su catapulta a la vida pública. Logró nuevamente la gobernación del departamento que le fue interrumpida con el abrupto secuestro el 15 de julio de 2001. Y gobernó con sus amigos y de la mano de su Claudia Rugeles, quien se dio a conocer en la campaña por la liberación de su esposo Jara.
El paso de Jara por la gobernación dejó una estela de dudas asociadas a corrupción en el uso de las regalías del Meta. El primer escándalo fue por el programa de bilingüismo que denunció Las2Orillas cuyas presuntas irregularidades en tres contratos por $ 10 mil millones están siendo investigadas por la Contraloría.
Alán Jara tiene además dos investigaciones abiertas por el mismo ente de control por presuntos malos manejos de recursos de regalías que han sido documentados en informes y hallazgos de la Contraloría y que comprometen cerca de $16 mil millones y que podrían haber configurado un detrimento patrimonial. La Procuraduría tiene también proceso en curso en su contra por presuntas irregularidades en esta millonaria ejecución.
El último hallazgo que ya está en manos de los organismos de control –Contraloría, Procuraduría y Fiscalía-, tiene que ver con la plata de la salud y compromete $37.142 millones de pesos del presupuesto que la gobernación le asignó al Hospital (ESE) Departamental. A la cabeza de la junta directiva desde donde se tomaban las decisiones estaba el gobernador Jara. La denuncia la ha hecho, aunque aún sin eco mediático nacional, la diputada del Centro Democrático, Claudia Garzón.
Los presuntos sobrecostos se desprenden del contrato de compraventa 864 de julio 14 de 2015 suscrito entre Sandra Milena Buitrago Acosta, gerente de la ESE departamental Solución Salud, y la firma Global Environment and Health Solutions LLC, que representa legalmente, Ricardo Gailer Garcés y que fue la única proponente en el proceso de contratación.
El objeto del contrato es la “adquisición de equipos médicos y elementos para Urgencias, Hospitalización, Obstetricia Extramural, Laboratorios y TAB de la ESE departamental Solución Salud de Meta” y aunque el plazo de ejecución fue de 6 meses el contrato no ha sido liquidado por una prórroga aprobada el pasado 6 de enero por cuenta incumplimientos por parte del contratista. Lo más grave es que la diputada documentó una serie de sobrecostos de más del 1000% en la compra de los elementos médicos para el hospital y no ha obtenido una respuesta ni de parte de la gerente del hospital ni del ex gobernador quien la designó en el cargo y presidía la junta directiva donde se toman las decisiones contractuales.
Una comparación de precios de los elementos adquiridos por el gobernador según los precios del mercado, muestran cómo, con el dinero de la salud, se pagaron implementos médicos por un costo exageradamente superior al valor comercial nacional e internacional.
Un ejemplo en el informe de la diputada Claudia Garzón, que analizó 1.781 ítems de un total de 7.781, fue la compra de 486 muletas graduables, que en el mercado tienen un costo individual de $55.000 pesos. Sin embargo, en este contrato se pagó, por cada muleta, $177.683 pesos. Es decir, un sobrecosto de más de $3.553 millones
Los sobrecostos en elementos médicos pueden verse en algunos de estos ejemplos:
A pesar de los cuestionamientos en materia de ejecución transparente de recursos públicos Alan Jara logró llegar a la Dirección de la Unidad de Víctimas con el apoyo del Partido Liberal y el respaldo directo del Ministro del Interior Juan Fernando Cristo quien como ponente la Ley de Victimas en el Senado terminó de “dueño” del cargo.
La responsabilidad de Jara es enorme no solo por la tragedia que envuelve las reclamaciones de 8 millones víctimas del conflicto colombiano sino porque el presupuesto de ejecución con que cuenta la Unidad es cercano a los $2 billones de pesos. En los pocos meses que lleva posesionado en el cargo ya se sabe percibe el clientelismo político en los nombramientos contrario al manejo técnico que intentó darle la saliente Paula Gaviria, quien precisamente terminó sacrificada por no hacerle concesiones a los políticos, especialmente a los liberales que terminaron controlando un tema neurálgico para el post-conflicto colombiano.
