La realidad nacional de Colombia pareciera estar cercada por múltiples situaciones, cada una más grave que la otra, que presenta un panorama ciertamente difícil de entender por parte de un país casi perplejo que no alcanza a explicarse muy bien la naturaleza del fuego cruzado que se expresa en una naturaleza que con el Fenómeno del Niño quisiera secarnos la saliva y la sangre; de unos hechos de corrupción que igual matan niños de hambre en La Guajira; vuelve criminales a efectivos policiales del más alto generalato, así como a instancias importantes del gobierno nacional; arruina proyectos económicos importantes del país; o pervierte, desvía y vuelve veleidosa la propia dignidad de nuestra justicia.
Así es. Ahí están las dificultades del proceso de paz de La Habana acosado por la mala leche de los uribistas, que han estado envenenando sin parar el descontento de ciertos sectores políticos por algunos aspectos de las negociaciones, exacerbando sin parar los odios sociales y políticos, agravado todo ello por las abiertos desaciertos infantiles y provocadores de las Farc en algunos puntos del territorio nacional.
A eso se suma el desastre nacional de los niños guajiros que cada día caen como moscas víctimas de una desnutrición crónica producto ante todo de una incapacidad política y administrativa, y de una insensibilidad sin nombre, por parte de una clase dirigente que se ha estado robando de manera descarada durante más de 30 años los miles de millones de pesos de las regalía nacionales, con la estúpida y dolorosa coartada de que la cultura raizal de las rancherías, donde vive gran parte de los indígenas wayús en estas condiciones, es de alguna manera un impedimento para que las instancias oficiales pertinentes hagan una política acertada de pedagogía para la vida, eduquen y asistan efectivamente a cientos de niños de ese pueblo condenado a morir en medio de la hambruna, mientras una clase política se embrutece en los excesos del poder que les da el dinero que les pertenece a los otros.
Por otra parte, otras dos graves experiencias paradojales han venido a terminar de minar la confianza de las gentes de Colombia en sus instituciones: por una parte, la comparsa de criminales de cuello blanco que por negligencia, incapacidad o complacencia han permitido que en la repotenciación de una refinería en Cartagena, haya terminado con una de las lesiones económicas más grandes de la historia reciente del país. Miles de millones de pesos del erario público se han esfumado a través de manipulaciones de unas empresas multinacionales que no han tenido los resortes de control y seguimiento en los altos funcionarios del gobierno, de la propia Ecopetrol, dueña y autoridad científica del proyecto, y de los entes de control.
La otra cara de la moneda
encarna toda la sal podrida que ha estado desaguando
a chorros de los cuarteles de la Policía Nacional
Y la otra cara de la moneda que encarna toda la sal podrida que ha estado desaguando a chorros de los cuarteles de la Policía Nacional, nada menos que en la propia cabeza de su director general, y de otros representantes del cuerpo armado, de menor rango, con serias implicaciones en los pasillos del Congreso de la República, en algunos salones importantes del propio gobierno nacional.
Instancias que dibujan un peligroso y denigrante círculo de prostitución del cual apenas se conocen ciertos asomos que hacen presumir cosas aún más podridas: una joven policía supuestamente suicidada, acoso y violación de jóvenes policías, renuncia de un viceministro, renuncia del director general, reconocimiento de casos de acoso en el Congreso, y la renuncia de una influyente y polémica periodista de una de las dos grandes cadenas nacionales de televisión, al parecer presionada desde importantes y sólidos escritorios del Palacio de Nariño.
Todas estas lacras, aún las que, al parecer, pudiéramos llamar castigos de la naturaleza tienen detrás, de una u otra forma, fenómenos de corrupción: minería ilegal que acaba con los páramos y cuencas de los ríos, explotación maderera ilegal, uso y aprovechamiento ilegal del agua, devastación del campo y de toda la cultura agropecuaria del país, y por último robos y malos manejos en la construcción y sostenimiento de las hidroeléctricas del país.
Por algo tenemos la vergonzosa jerarquía que tenemos en los estudios de percepción de la corrupción realizados en 174 países del mundo. Por algo más de casi 5 billones de pesos (sin incluir los sobrecostos de Reficar) han ido a parar a los bolsillos de los corruptos; lo que representa un poco más de la mitad de lo que se tiene estimado que cuesta una primera fase del postconflicto; y lo que serviría para financiar las carreras de más de 100.000 estudiantes colombianos, educación para más 335.000 niños, y vivienda para 350.000 familias. En cifras del periódico El Tiempo de hace algunos años.
En fin, que una vez más se pone de presente que la corrupción es y seguirá siendo el principal enemigo de la paz y a punto de convertir a Colombia en un país inviable en la coyuntura histórica, social y política más trascendental de los últimos cincuenta años. En la conciencia de que la corrupción no solo afecta el desarrollo de los pueblos sino que pervierte la médula de sus procesos democráticos.
