La Ruta del Sol fue concebida para convertirse en uno de los corredores viales más importantes de Colombia. Ella comunicaría al interior del país con la Costa Caribe y sus principales puertos, además mejoraría la movilización de pasajeros y mercancías entre el centro y la Costa Atlántica, reduciendo el desplazamiento y facilitando la competitividad del país.
A pesar de que este proyecto vial fue planeado desde hace más de 30 años, ha tenido múltiples inconvenientes y frustraciones: desde 1997, año en el que por primera vez se le dio vía libre, hasta 2017, año en el que la Fiscalía General de la Nación demostró que la Ruta del Sol 2 pagó sobornos por el orden de 6.5 millones de dólares (por lo que la Agencia Nacional de infraestructura se vio en la obligación de liquidar el contrato), ha estado rodeado de controversias.
Desde la liquidación del contrato y mientras se abría una nueva licitación que permitiera seleccionar un nuevo contratista que terminara la tan anhelada obra, la ANI debía asumir una parte de las obras. Sin embargo, esto no sucedió. De hecho, el corredor vial se terminó de convertir en un martirio y pesadilla, ya que la malla vial se deterioró y ahora se encuentra en pésimo estado: está llena de huecos, le falta demarcación y tiene desperfectos que han ocasionado múltiples accidentes mortales, daños a los vehículos y a la economía de sus transeúntes.
A pesar de todos los problemas e inconvenientes que presenta el corredor vial, los únicos que no han sufrido parálisis y contratiempos son los 12 costosos peajes que están ubicados a lo largo de la ruta. Durante las 24 horas del día, todo el año, estos cobran sus tarifas, beneficiando con millonarios ingresos a Sarmiento Angulo, Solarte y Odebrecht, puesto que ningún peso de estos cuantiosos recursos son reinvertidos para mejorar la vía.
Debido a la situación caótica que se presenta a diario por esta arteria vial, las comunidades circundantes, transportadores y transeúntes no soportan más el calvario de transitar por este corredor, por lo que se han visto abocados a protestar y adelantar bloqueos desde Cundinamarca hasta el Magdalena. Esto ha creado caos, incertidumbre y desesperanza entre los habitantes de los poblados ubicados dentro los 3 sectores en los que se dividió la troncal para su construcción.
Muy a pesar de la gravedad del caso, la trama de corrupción y el detrimento patrimonial causado por el pago de sobornos, la liquidación del contrato y el deterioro y paupérrimo estado de la vía, la justicia colombiana no ha esclarecido en su totalidad quiénes fueron los máximos responsables de los hechos para que se haga justicia y se reparen los daños causados.
Al final, lo único evidente y claro es que el tránsito por este corredor es un viacrucis, donde se pone en riesgo la integridad de los vehículos y de los transeúntes, quienes pueden perder la vida o sufrir lesiones en un accidente de tránsito. Es por ello que el gobierno nacional debe tomar cartas en el asunto y brindar solución a la ciudadanía. Si bien es cierto que es un problema heredado de las administraciones pasadas, también lo es que al ser el encargado de regir el destino del país debe asumir su función e iniciar de manera urgente, inequívoca y efectiva las acciones que permitan que el sueño de un país se haga realidad: contar con un corredor vial moderno, ágil y en perfectas condiciones.
Así mismo, debe habilitar la navegabilidad del del río Magdalena y la infraestructura férrea para que, sumada a la Ruta del Sol, hayan nuevos ejes de conectividad que permitan la competitividad, el desarrollo y el progreso del país.
