Analizando el proyecto de ley al respecto presentado por el gobierno Petro se me antoja necesario hacer algunas consideraciones.
1. La tal "guerra contra las drogas" es un fracaso irreversible. Estuvo, está y estará de antemano perdida. La cuestión clave es: ¿hubo realmente alguna vez una guerra contra las drogas que quisiera ser ganada, máxime sabiendo que el narcotráfico es uno de los más poderososo motores de la economía y las élites globales?
2. El Estado y la nación colombiana tienen toda la autoridad moral para intentar encontrar una salida efectiva y soberana a la encrucijada del narcotráfico, puesto que este país ha sido solamente una víctima de este y sus verdaderos "amos", que nunca han estado aquí...
3. Todo proceso de desmovilización, desmantelamiento y entrega de actores ilegales y criminales es válido, legítimo, viable y plausible, siempre y cuando se cumplan tres condiciones inobjetables: que sea hecho de cara a todo el país; que se adelante en consenso con todos los sectores nacionales; y que se recuerde siempre que con criminales solamente se negocia su desmovilización o sometimiento, jamás reformas o proceso alguno inherente únicamente a la legalidad inmanente emanada del Estado de derecho vigente.
4. Hechas las anteriores consideraciones, creo necesario expresar respecto al proyecto de ley presentado por el gobierno Petro, que de antemano mata a la bestia y se asusta con la piel, lo siguiente: pretender que los más peligrosos criminales, la mayoría de ellos evidentemente sociópatas o psicopatas funcionales (que perdieron irremisiblemente todo rastro de empatía o alma en la sanguinaria debacle de la sempiterna violencia colombiana), se vayan a entregar y a desmantelar sus organizaciones por unas cuántas migajas y pagando cárcel de por medio es una ingenuidad realmente risible.
Olvidan las "brillantes" mentes maestras de este proyecto que uno de los propósitos fundamentales de un proceso de estas dimensiones debería ser sacar efectivamente de circulación a esos actores del crimen de una vez por todas sin seguir desperdiciando vidas y recursos en una guerra irremisiblemente perdida contra el narcotráfico y sus crímenes conexos.
Ello implica entonces "estimular y brindarle confianza y condiciones mínimamente aceptables a verdaderas bestias que de tontas no tienen un pelo" (por duro que suene decirlo), y será imposible que esos personajes y sus estructuras se entreguen genuinamente solamente para aspirar a conservar hasta un 6% de sus patrimonios ilícitos y encima de todo terminar pagando cárcel un determinado número de años. Semejante estupidez es señal de no entender la mentalidad y el perfil sociópata de esos agentes del crimen, y eso, señores, es un camino directo al fracaso.
5. Bajo esas condiciones, los pocos actores criminales que se sumen a dicho proceso lo harán de antemano sabiendo que lo usarán solo como un medio para quitarse —así sea temporalmente— el yugo de la persecución sin cuartel por parte del Estado, pero jamás renunciando a sus "negocios" y al oneroso "poder" que detentan. Es decir, todo será una farsa.
6. Es momento de entender y dimensionar que el principal "activo" de dichas organizaciones es el poder territorial que poseen, ya que es allí donde generan su ingente riqueza a través de sus diferentes actividades criminales (siendo el narcotráfico la principal de ellas) y la explotación inmisericorde de cientos de miles de familias colombianas.
Hay que expresarlo sin eufemismos: estos actores criminales dominan y oprimen a sangre y fuego comunas urbanas, ruralidad, corredores estratégicos y esclavizan a cientos de miles de familias. Igualmente, estos actores criminales han consolidado poderosas alianzas —directas o indirectas— con todos los clanes mafiosos y polítiqueros que expolian sin piedad los recursos públicos de las diferentes regiones colombianas, configurando de ese modo la mafiocracia que impera en gran parte del territorio nacional.
Así las cosas, lograr el efectivo cese total de actividades criminales de esas organizaciones es el primer paso para recuperar soberanía plena y democracia real sobre miles de kilómetros cuadrados de territorio, pero —por sobre todas las cosas— para liberar a millones de colombianos de la esclavitud de la ilegalidad e integrarlos debidamente a genuinas oportunidades de progreso. Es allí donde debería residir el propósito estratégico de un proceso de tales características. Comprenderlo y hacerlo comprender es crucial, puesto que para ninguna sociedad es fácilmente digerible transar con delincuentes y criminales, con auténticas hienas sin traza alguna de auténtica humanidad.
7. Igualmente, es momento de llamar a las cosas por su verdadero nombre: este proyecto no es otra cosa más que un intento de lograr cesar —sin el costo ingente e incierto de las guerras a destajo— el accionar de narcotraficantes puros y duros. Es un intento formal de sometimiento, desmovilización y cese pleno de actividades del narcotráfico. Cualquier proceso de estas características que no lo reconozca y no lo gestione como tal, estará condenado a fenecer en el intento.
8. Este proyecto, como todas las reformas disruptivas que está gestionando y gestionará el gobierno Petro, se enfrenta a una dificultad difícil de salvar: son reformas ambiciosas, disruptivas y profundamente ideológicas que en la práctica solo podrían acometerse y materializarse en toda su plenitud en el marco de un sistema intrínsecamente totalitario, donde no hubiese necesidad de transar, consensuar o pactar con nadie.
Empero, para infortunio de Petro y su cohorte, mal que bien en Colombia existen una suerte de democracia y una férrea y poderosa oposición que no le van a permitir realizar a destajo ninguna de las complejas reformas que el mismo Petro ha forjado durante décadas en su cabeza. Es decir, no puede existir una peor pesadilla para un dogmático "revolucionario antisistema" (como lo es Petro) que intentar materializar su revolución tan largamente acariciada sin haber hecho y ganado una auténtica revolución. Semejante paradoja sólo puede conocer un destino: el fracaso.
9. Ahora bien, para intentar salvar semejante precipicio Petro no dudó en pactar con los miembros más podridos del sistema que precisamente pretende dinamitar, todo con tal de lograr sus "reformas" al precio que fuere necesario. La historia muestra fehacientemente y en diversos lugares del mundo cómo terminaron tan intrincados caminos: chantajes, dádivas, expolios masivos secretamente pactados, oscuros acuerdos por debajo de la mesa, cruentas traiciones, odio, polarización exacerbada, guerras civiles y muerte...
10. En consecuencia, es perentorio asumir que una vez se ha tomado la audaz decisión de negociar la desmovilización de grupos narcotraficantes, que se ha socializado debidamente el proceso y que se cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad (y no es precisamente este el caso de este proyecto de ley), si verdaderamente se quieren alcanzar los propósitos estratégicos será necesario e inexorable otorgarles a semejantes actores criminales unas pocas pero eficaces concesiones que los estimulen a abandonar definitivamente sus actividades criminales.
Esas concesiones, por más duras de aceptar que pudieren parecer, son básicamente tres: conservar una cierta parte de sus fortunas, no ir a la cárcel y la certeza de no ser extraditados a ningún país del mundo. Todo ello a cambio de no reincidir, de entregar rutas, de delatar socios y aliados de su accionar delictivo, de reparar a víctimas, de renunciar al control territorial y de entregar la mayor parte de sus bienes y patrimonios.
Se escuchan voces que dicen que el extraditado alias Otoniel ya le ha entregado al tesoro estadounidense cerca de un billón de pesos como parte de su acuerdo de colaboración con la justicia americana. Sobra decir que los gringos jamás le han hecho asco a ese tipo de acuerdos...
11. Finalmente, escucho a muchos y muy prestigiosos "líderes políticos y de opinión" rasgarse las vestiduras por el hecho de ver a un gobierno negociando con narcotraficantes y vislumbrando la posibilidad de permitirles mantener un porcentaje de sus fortunas. Definitivamente dos de los peores cánceres de este país son la hipocresía y la triple moral.
Señoras y señores, hace más de cuarenta años el narcotráfico se tomó por asalto a Colombia, y son muy pocas las familias de este país que no han tenido algo que ver con este, de alguna u otra manera.
Tal y como dijo el Nazareno hace dos mil años: que tire la primera piedra aquel que esté libre de pecado; y esto aplica en grado sumo a las "élites" colombianas, untadas hasta la médula de cocaína y las riquezas de ella devenidas... ¿o es que acaso pretenden olvidar que aquí políticos de todos los sectores ideológicos, exvicepresidentes, exembajadores e incluso familiares cercanos de reconocidos periodistas han estado evidentemente involucrados —ellos o sus parientes— en narcotráfico puro y duro?
Seguramente aquellos que más vociferan son precisamente los más blanqueados sepulcros.
Aquí el problema no es ver a un gobierno tratar de negociar con narcotraficantes para que dejen de delinquir definitivamente. El problema es ver a un gobierno que pareciera haber pactado un proceso de semejante envergadura desde mucho antes, no precisamente de cara al pueblo colombiano sino más bien en las alcantarillas de las más oscuras y siniestras mazmorras.
Sea como fuere, esto empezó mal y terminará aún peor.
