Teniendo en cuenta muchas opiniones por parte de funcionarios de la actual administración que hoy ven el tema de la revocatoria como una jugada politiquera en la ciudad, solo les puedo decir que están completamente equivocados y que hacer valer un derecho político es la única manera de empoderar a la ciudadanía en contra de los malos gobernantes.
Si bien es cierto que el país pasa por un momento crucial en materia de salud, los gobernantes no pueden escudarse en discursos paupérrimos y culpar de su mala gestión a la pandemia, ya que contaron con unas medidas para contener e incluir en su plan de gobierno, como lo vemos en el Decreto 683 del 21 de mayo de 2020, donde expone lo siguiente:
Artículo 1. Presentación excepcional de los Planes de Desarrollo Territoriales. Los Planes de Desarrollo Territoriales para el período constitucional 2020 - 2023 que no fueron presentados oportunamente, se podrán someter por parte de los gobernadores y alcaldes a consideración de la respectiva Asamblea o Concejo hasta el día 15 de junio de 2020.
Artículo 2. Ajustes de los Planes de Desarrollo Territoriales en trámite. Los Planes de Desarrollo Territoriales para el periodo constitucional 2020 - 2023 presentados ante las respectivas Asambleas y Concejos al 30 de abril de 2020, podrán ser objeto de modificaciones por parte de los gobernadores y alcaldes con motivo de los efectos derivados de la pandemia del COVID-19 hasta el 15 de junio de 2020.
Teniendo como base este decreto, podemos ver que por el afán de la aprobación de dicho plan de gobierno, la actual administración no hizo ningún tipo de modificación, lo cual escudarse en la pandemia para desviar la atención de los ciudadanos es una jugada precaria e inconcebible desde cualquier punto de vista.
Aunque la revocatoria tiene un gasto económico, no podemos basarnos en este tipo de hechos teniendo en cuenta que la actual administración se ha gastado el dinero de los ibaguereños, casi 1.000 millones de pesos en publicidad y 500 millones de pesos en 2 camionetas de lujo, gastos que suman los 1.500 millones de pesos, un valor mucho menor de lo que este derecho le costará a la ciudad.
Ahora bien, frente a lo dicho por el señor José Adrián Monroy, el cual indicó que la revocatoria “se utiliza este mecanismo como recurso populista y bandera política o de politiquería, pues como están las cosas, no hay nada más inoportuno e inoficioso que promover una revocatoria" y que “es parte de la estrategia de la oposición para desprestigiar al gobernante y mantener una expectativa que les favorezca con miras a las próximas elecciones", quiero decir que esta es promovida por ciudadanos con un gran descontento con la administración. De hceho, no vemos que ninguno de los miembros de este comité estén pensando en catapultarse políticamente haciendo valer un derecho.
Para terminar, solo puedo decirles que felicito sobre manera a este grupo de ciudadanos que apoyan la iniciativa de revocar a una administración pésima, paupérrima y precaria en todos los temas administrativos e invitar a los ibaguereños a que acompañemos este proceso, el cual es un derecho constitucional y es deber de todos #SalvarAIbagué.
