Ángela María Buitrago desempolvó el expediente por los desaparecidos del Palacio de justicia después de veinte años de estar engavetado y como fiscal delegada ante la Corte Suprema comprometió penalmente al coronel Alfonso Plazas Vega como cabeza de las operaciones militares. Tres ex generales fueron llamados a rendir cuentas y Plazas terminó condenado a treinta años de cárcel por la desaparición forzada de once personas en la retoma del Palacio. Plazas estuvo detenido ocho años, hasta que en diciembre pasado la Corte Suprema lo absolvió y revocó su condena (con tres salvamentos de voto) el 17 de diciembre. Al otro día –según Buitrago– el ex Coronel viajó a México en compañía de su esposa, la senadora por el Centro Democrático Tanía Vega, donde estaba viviendo y trabajando la ex fiscal.
Buitrago fue convocada en marzo del 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para integrar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargado de la investigación por la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero en México. Junto a Buitrago hicieron parte del comité Alejandro Valencia (también colombiano); Claudia Paz y Paz, guatemalteca; Francisco Cox, chileno; y el médico español Carlos Mario Beristain.
La Comisión avanzaba en la investigación con la práctica de innumerables pruebas en un expediente que terminó en 190 tomos pero que urgía ampliarse a nueva etapa. La entrega del prontuario, que pisaba sensibles callos, coincidió con la presencia de Plazas Vega en México quien no desaprovechó un minuto para arremeter contra Buitrago, pidiendo su expulsión de la Grupo de investigadores de Ayotzinapa y de México.
El hecho es que el mandato de la OEA apoyado por el gobierno mexicano no se renovó. Ángela María Buitrago está de regreso en Colombia y decidió hablar. Entre otras cosas, anuncia medidas legales contra Plazas Vega:
Las2Orillas: ¿Qué tanto logró avanzar el Grupo de investigación en el caso de los 43 jóvenes desaparecidos en México?
Ángela María Buitrago: El grupo surge como medida cautelar de la CIDH y avalado por el gobierno mexicano. Cinco expertos internacionales fuimos nombrados. Nacemos por la herida que tuvo México por la desaparición forzada de los 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014. Arrancamos labores en marzo de 2015, como coadyuvantes de la Procuraduría General República (PGR, equivalente a la Fiscalía en Colombia) y con estatus diplomático. Encontramos que la investigación sólo había desarrollado una línea, la que supone que los desaparecidos fueron a dar al basurero Cocula donde habrían sido incinerados. Descubrimos e impulsamos cuatro nuevas líneas de investigación que no habían sido exploradas. Una de estas, por ejemplo, es la del famoso quinto bus que nunca fue objeto de una revisión. Los otro cuatro buses en los que se movilizaban los normalistas fueron abaleados destrozando incluso sus vidrios frontales, pero el 5º no. Extrañamente ese bus salió escoltado en medio del gran dispositivo de seguridad que había en la zona. También formulamos denuncias por lo que estaba pasando con los inculpados: muchos tenían rasgos de haber sido maltratados, lesiones evidentes producidas en detención.
L2O: ¿Qué tanta colaboración recibieron del gobierno mexicano?
Á.M.B: Fuimos invitados por el gobierno, de hecho el mandato de la comisión lo firma el embajador y el canciller mexicano. El primer semestre hubo plena colaboración, salvo para entrevistar a los miembros del Ejército del batallón involucrado, aunque lo solicitamos más de quince veces. Nos decían que no teníamos facultad para ello. Tras la presentación del informe el Presidente Peña Nieto anunció una prórroga del mandato, pero desde enero la colaboración se cerró por completo. Coincidió con la campaña de descrédito que se adelantó en particular contra Claudia Paz y contra mí.
L2O: ¿Cómo se dio esa campaña, por qué?
Á.M.B: Fueron ataques en prensa, radio y televisión contra la credibilidad del grupo, desprestigiando todo el Grupo GIEI. A México acudieron enemigos de Claudia Paz que ha sido una reconocida luchadora contra la corrupción en Guatemala, fueron para acusarla de militar en la izquierda. En mi caso fue el coronel Alfonso Plazas Vega que salió libre por revocatoria de la condena por duda en la Corte Suprema de Justicia. El 17 de diciembre el coronel Plazas salió de la cárcel y el 18 ya estaba en México al frente de la campaña contra mí.
L2O: ¿Por qué habla de una campaña difamatoria de Plazas contra usted?
Á.M.B: Plazas fue de la mano de José Antonio Ortega, del grupo Seguridad Justicia y Paz y que tiene vinculación con el Ejército. Lo puso a hablar durante tres semanas por radio, prensa y televisión contra mí. Según Proceso (revista mexicana) Ortega es de El Yunke, un movimiento muy fuerte de ultraderecha. Y tiene mucha vinculación con Álvaro Uribe Vélez. Ortega incluso anunció que también el Procurador Alejandro Ordóñez iría a México para hablar mal de mí. No sé si eso es cierto, pero de todos modos hablé con el despacho del Procurador y le enviaré un derecho de petición para hacer claridad frente a esos temas
L2O: ¿Qué fue lo dijo Plazas Vega?
Á.M.B: Afirmó que yo estaba contra el Ejército mexicano y que estaba allá para instaurar el comunismo en Latinoamérica, que él estaba advirtiéndolo para que me sacaran del país pronto. Fue a incidir en temas netamente políticos algo que un turista no puede hacer. Decía que yo había falseado la prueba en su contra, y que eso lo decía la Corte Suprema. Plazas sale libre por revocatoria de la condena y por duda en la Corte con tres salvamentos de voto que dicen que la condena debía mantenerse. Pero dijo que había salido libre porque yo había cometido irregularidades, que había hecho y deshecho en su proceso, sabiendo que es mentira. Dijo que yo estaba investigada, otra mentira porque hace un año y medio está la solicitud de preclusión en mi favor ante la Corte.
L2O: Entonces ¿sí tiene una investigación abierta?
Á.M.B: No, estuve indagada, hubo archivo en primera instancia en 2010, después lo reabrieron por la declaración de Edgar Villamizar y hace año y medio hay solicitud de preclusión de investigación porque la Fiscalía no encontró mérito para imputar. Nunca he estado investigada porque esta sólo surge después de la imputación.
L2O: ¿Cuando dice campaña de desprestigio quiere decir que todo fue calculado?
Á.M.B: Dentro de la experiencia y la realidad colombiana es bien llamativo que una persona que esté pagando condena pueda salir del país de un día para otro, porque quitar un antecedente es algo muy complejo, se requiere retirar todas las anotaciones de pago de condena. Sin embargo él sale de la cárcel el 17 de diciembre y al siguiente día ya está allá. Luis Alfonso Plazas Vega tiene un odio tremendo contra mí y lo ha manifestado en todos los estadios, pero independientemente de eso cómo es que se presta para una campaña que sabe que es mentira y que generaría una serie de consecuencias en México eso debe tener una finalidad y sería bueno preguntarle a él para qué lo hizo. Aunque él repite que estaba para advertir al Ejército mexicano de lo peligrosa que soy.
L2O: Dice que fue víctima de una campaña difamatoria ¿piensa demandar a Plazas?
Á.M.B: Eso fue, en La Salle, por ejemplo, hicieron una conferencia de prensa cobrando 150 pesos mexicanos por entrada, para hablar en mi contra todo el tiempo, diciendo mentiras e infamias. Tengo grabadas todas las declaraciones de Plazas para soportar las acciones correspondientes. Quienes hicimos parte del GIEI teníamos allí investidura diplomática por lo que estoy evaluando la legislación internacional para tomar las medidas legales correspondientes.
L2O: ¿Regresa frustrada?
Á.M.B: No, a pesar de la adversidad, nunca me frustro. Siempre que se trabaja algo queda. Regreso con una sensación amarga dulce en el sentido que creo que los Estados deberían trabajar en pos de saber qué pasó y de evitar las desapariciones. Con ocasión del caso de los 43 normalistas se han encontrado múltiples fosas, ellos mismos dicen ‘Guerrero es un cementerio’. Uno quisiera pensar que dentro del Estado hay interés por saber qué ocurre, qué corrompe su núcleo social, saber si es narcotráfico, crimen organizado, cooptación de autoridad, corrupción. Tengo la ingenuidad de pensar que un Estado debe trabajar en pos de averiguar todo eso, igual que lo hice yo –y lo sigo pensando– en Colombia.
L2O: ¿Qué faltó por hacer?
Á.M.B: Muchas cosas, éramos un equipo base de cinco personas, tres más en la parte administrativa, 2 jurídicos, y un secretario. En la etapa final lamentablemente no pudimos trabajar con la apertura que tuvimos al comienzo. Faltan muchas cosas. Hasta ahora se comienza.
L2O: ¿Los desaparecidos de Ayotzinapa son un crimen de Estado?
Á.M.B: 63 personas han sido acusadas entre policías municipales de Iguala y Cocula y el presidente municipal de Iguala y su esposa, además de un comisario. Está claro que hay bastante policía involucrada, pero no sabemos hasta dónde llega eso para afirmarlo de forma categórica. Pensamos que el Estado debería hacer un esfuerzo mayor para aclarar los hechos.
L2O: ¿Y qué piensa de la decisión de la Corte Suprema sobre Plazas Vega?
Á.M.B: La verdad, me quedo con los salvamentos de voto que son contundentes. Respeto la democracia y respeto la justicia pero creo que los salvamentos de voto, en particular el del magistrado José Leónidas Busto, muestran la radiografía real de la sentencia. Respeto la decisión del quórum, pero en criterio jurídico estoy más del lado de los salvamentos de voto.
L2O: ¿Esa decisión sí le genera algo de frustración?
Á.M.B: No, para nada. No me frustra porque no es algo personal sino profesional. Para mí la prueba estaba, la valoración que hizo la Corte es que hay duda. Respeto profundamente eso, pero para mí no hay duda, para los tres salvamentos de voto tampoco hay duda.
