Si algo puede confundir y hacer perder en la maraña de los conceptos abstractos la claridad de lo que ocurre en el país en materia judicial es la utilización de términos que exigen de una ardua investigación para aproximarse a entenderlos.
Después de las exposición entregada por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, intentando explicar el número de asesinatos de líderes sociales en Colombia (431 líderes desde el 1 de enero del 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018 y ocho durante los primeros ocho días del 2019, según la Defensoría del Pueblo), queda una gran incertidumbre ante un término exótico utilizado por el funcionario, como es el de "sistematicidad pasiva".
Como soy un ignorante en demasiados temas, incluido el jurídico, he indagado en las fuentes más cercanas para poder conocer a fondo sobre esta expresión que recién llega a mi léxico. Hasta Google, amigo inseparable de casi todos, no ha escapado de su ignorancia aparente frente a una terminología desconocida para mí, hasta ahora, como probablemente para muchos colombianos que no tienen la sapiencia y erudición profesional del actual, y por cierto controvertido, fiscal general.
Y aunque por supuesto el tema de los líderes sociales es un fenómeno al que debería prestársele la suficiente atención como lo señaló el mismo defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, al declarar que "lo que está sucediendo es un asunto que demanda el mayor nivel de atención y articulación del Estado", lo que llama la atención es que en un país en donde los niveles de impunidad nos eleva a los primeros lugares del mundo, el máximo representante de la justicia utilice expresiones incomprensibles o eufemismos innecesarios para diseccionar una situación que exige la mayor claridad por su misma complejidad.
En su intervención, mediática como casi todo lo que lo acompaña, habló certeramente de los porcentajes, ubicando a las víctimas dentro de un sector específico de la sociedad; en este caso, puntualmente, líderes de Juntas de Acción Comunal.
Esa estadística bien podría dejársela a estamentos anexos a la Fiscalía; lo que se espera en cambio, hablando de impunidad, es que el fiscal general informe el número de detenidos y judicializados por esos hechos, no la actividad económica, liderazgo social o filiación política de las víctimas, que bien podría ser del resorte histórico del Dane.
El Índice Global de Impunidad 2017, (IGI-2017), ubica a Croacia como el país con menor nivel de impunidad en el lugar 69; el mismo número de países analizados. Por la otra punta aparece Filipinas, repitiendo el primer lugar como el país más impune. Dentro de esta clasificación hay que resaltar, y no para sorprenderse, que los países menos impunes se ubican en Europa, y los que registran cifras más altas y alarmantes están en América.
Colombia se acomoda entre los 13 países con "muy alta impunidad" en el octavo lugar de la tabla, siendo superado en su orden únicamente por Filipinas, India, Camerún, México, Perú, Venezuela y Brasil.
Precisamente estos números hacen pensar que la estrategia del fiscal para entregar resultados de las investigaciones de los diferentes delitos que se cometen en el país debe estar soportada no en sofismas discursivos sino en estadísticas reales y demostrables de victimarios.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en marzo del año pasado indicó que la fiscalía había recibido 64 000 denuncias por corrupción, de las cuales, únicamente hasta la fecha, la entidad había resuelto el 1.6% de los casos. Esta declaración se conoció junto a la preocupación que presentó en su momento la organización internacional al conocer el arresto del exdirector de la Fiscalía Nacional Especializada Contra la Corrupción, Luis Gustavo Moreno Rivera, precisamente por corrupción.
Por su parte Mariana Ardila Trujillo, abogada de la Dirección Legal de Women’s Link Worldwide en Colombia, en un artículo publicado el 22 de febrero de 2018, indicó en Ámbito Jurídico que "la impunidad por violencia sexual en Colombia supera el 90%".
Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres en Colombia, el 6 de diciembre del año anterior resaltó en el portal de El Tiempo que en Colombia, "según la Fiscalía General de la Nación, a noviembre de 2017, de los 26 270 casos de delitos sexuales, solamente el 17 por ciento fueron imputados, y solo el 5 por ciento fueron juzgados[…]".
Pero como si lo anterior fuera insignificante, la misma representante indicó que en "[…] asesinatos contra mujeres, solo el 16 por ciento llegan a imputación, y solo el 13 por ciento a sentencia condenatoria".
Sorprendentemente el mismo Néstor Humberto Martínez, el día que asumió el cargo de fiscal general, expresó que el 99 por ciento de los delitos cometidos en el país quedan en la impunidad; atribuyendo el hecho al silencio de las víctimas. Tema, este último, para analizar; porque la pregunta que el fiscal debe hacerse públicamente, aunque se pensaría que él ya conoce la respuesta, es ¿bajo qué presiones o razones las víctimas no denuncian?
No es el momento de descrestar con acepciones inexplicables o posiciones ambiguas y ambivalentes, como decir que hay "sistematicidad pasiva" y "sistematicidad activa" en un mismo fenómeno.
Los resultados son los mejores testimonios; pero no estableciendo la procedencia de las víctimas de cada uno de los delitos que se cometen en Colombia, sino señalando el número de autores intelectuales y materiales judicializados por violar la ley. Lo demás, son meros eufemismos.
