El borrador de resolución propuesto por el Ministerio de Educación Nacional, que modifica los criterios para otorgar el registro calificado a las licenciaturas y en la práctica lo eleva al nivel de acreditación de alta calidad, corrobora la idea de que el Gobierno Santos busca imponer su modelo de educación a través de pequeñas reformas aplicadas de manera antidemocrática.
Si bien es cierto el panorama de desorden administrativo y ausencia de calidad que expone Gina Parody en sus declaraciones, también debería señalar, autocríticamente, que las causas no están en la “mala cualificación de los educadores”, sino en la aplicación de 25 años de neoliberalismo y mercantilización de la educación, manifestada hoy en hacinamiento, fusión de instituciones, infraestructura en ruinas, injusto régimen laboral y reducción de plantas administrativa y docente.
En esta resolución, el Gobierno conserva su estilo de, a partir de diagnósticos en parte ciertos, formular soluciones amañadas. Es decir, la mala calidad que sus políticas han generado les sirve como excusa para implementar a fondo su modelo de tecnologización, estandarización de contenidos y formación por competencias.
Las implicaciones
Incorporar 50 créditos presenciales para práctica educativa implica, necesariamente, desplazar parte del saber disciplinar y/o profesional (junto con los docentes de estas áreas). Es decir, recortar contenidos, pues si algo no cede el Ministerio es permitir que los pensum aumenten la cantidad de créditos. Lo que hay detrás de que la práctica inicie antes de transcurridos 50 créditos del recorrido curricular, o sea, en tercer semestre, es la retorcida idea de ahorrar costos de contratación profesoral en época de jornada única extendida, y más cuando el 2016 es el año del tercer recorte a las transferencias, que al día de hoy han quitado 34 billones de pesos al sistema de educación básica. Esto genera la paradoja de tener trabajo durante la carrera pero no tenerlo una vez graduado porque, quienes enseñan en los colegios, seguirían siendo los practicantes. Vale la pena preguntarse si la sociedad estaría dispuesta a dejar la educación inicial de sus hijos en manos de estudiantes de tercer semestre que, a esa altura, por lo general, están apenas decidiendo si continuar o no en la carrera docente.
Respecto a segunda lengua, como las universidades no cuentan con capacidad y planta profesoral para asegurar C1 en idioma extranjero para Lic. en Lenguas y B1 de inglés para las demás licenciaturas, lo deducible es que este servicio se terminará contratando con institutos particulares. Lo segundo en este punto es señalar el nivel de sumisión hacia Estados Unidos y el mandado gratuito de ayudarles a globalizar su lengua, pues se formula que “una de las capacidades generales que debe tener cualquier profesional” son competencias comunicativas en inglés, ni siquiera en segunda lengua o distinta a la materna.
En cuanto a denominación, tendría que modificarse con graves implicaciones de fondo el nombre de muchos programas en el país que no encajan dentro de la reducida lista de nombres posibles, para lo cual dan plazo de seis meses. Preocupa también que, a estas alturas del desarrollo de la sociedad, se siga exigiendo a las universidades formar en valores, así como que, al tiempo que clamen calidad, permitan que se pueda ser docente universitario en programas de licenciatura solo con título de pregrado.
Lo que sigue
Teniendo en cuenta el desentendimiento de este Gobierno con el financiamiento de lo público y que la resolución integra criterios de universidad privada como los de sostenibilidad financiera, podríamos aventurarnos a afirmar que el volumen de requisitos para la entrega de registros calificados van encaminados a cerrar parte de la oferta educativa pública existente, para despejarle el campo a prestadores privados a quienes, debido al no muy alto costo de funcionamiento de algunos programas de licenciatura, les iría muy bien ofertándolos al mejor estilo de las EPS: cobrando mucho pero invirtiendo poco. No por nada Los Andes incluirá, por primera vez en su oferta, programas de licenciatura.
Para poner en marcha todo esto, el Gobierno utiliza las herramientas recomendadas por el Banco Mundial que tanto vulneran la autonomía de las universidades, como la medición por indicadores y las bolsas de cupos concursables. Es decir, al programa que no cierren, mínimo lo estandarizan.
Como puede verse, la resolución no es acertada en contenido, pero tampoco en forma, pues el estilo de Gina ha sido descalificativo con docentes y universidades. Lo que se percibe en sus declaraciones es el mensaje de que “Si ustedes fracasaron en la formación de docentes, yo les voy a enseñar a formar docentes”. Nada más ofensivo contra la autonomía universitaria, pues la modificación de los currículos debe surgir de la discusión de la comunidad universitaria en todos sus niveles y no de la meditación aislada de la Ministra con librillo en mano del Banco Mundial.
Ante este panorama, es deber de estudiantes, padres, docentes, decanos y rectores del país defender civilista y organizadamente la educación pública y la autonomía universitaria. Por eso invitamos a conformar agremiaciones en cada programa y universidad y a participar en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Licenciatura con sede en la Universidad de Caldas durante los primeros meses del próximo año.
* Rep. Estudiantil Consejo Académico Universidad de Caldas
Organización Colombiana de Estudiantes - OCE
¡Por una educación nacional, científica y democrática!
