Los que ponen el pecho —dicen los ‘primera línea’— lo hacen porque no tienen nada que perder. No tienen miedo. Si no los mata el Estado, aseguran, en las comunas los mata el hambre o el conflicto interno entre las pandillas; de ahí salió el estallido social, un grito comunitario que decía “no aguantamos más”.
Los barrios donde se instalaron los puntos de resistencia coinciden con los barrios más empobrecidos y violentos de la ciudad y fueron ellos los más golpeados por la represión policial dejando un saldo aterrador de jóvenes asesinados: de acuerdo a cifras de la ´Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas´, en Cali se reportaron 28 asesinatos en el contexto de manifestaciones, desde el 28 de abril al 25 de junio. La Consultoría para los derechos humanos CODHES, denunció que, al 6 de junio, más de 100 homicidios habían ocurrido en Cali en el marco de manifestaciones, afectando en su gran mayoría a jóvenes afrodescendientes.
La ONG Amnistía Internacional, creada en Londres y con oficinas en África, América Latina, Asia y Oceanía, Europa Central y Oriental y Oriente Medio entregó un desgarrador informe que da cuenta de las más graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional que se cometieron en Cali desde el inicio del paro, centrados en estos tres acontecimientos específicos que acumularon diversos casos de violaciones de derechos humanos:
El primero denominado “Operación Siloé”, ocurrida el 3 de mayo de este año, en el que se evidencia una incursión de agentes de Policía Nacional en conjunto con agentes del ESMAD y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Colombia (GOES), que usaron armas letales como fusiles Tavor 5.56 mm contra manifestantes pacíficos.
Esa noche hacia las 8:40 PM, un grupo de manifestantes realizaban una “velatón” en la glorieta del barrio, en homenaje al joven Nicolás Guerrero, que según la organización Indepaz fuera asesinado el día anterior en Cali como consecuencia de heridas de arma de fuego accionadas presuntamente por agentes del ESMAD, mientras hacía parte de una marcha pacífica.
Según los testimonios recibidos por la organización, la manifestación se desarrolló de forma pacífica en la glorieta de Siloé, que queda a corta distancia de la Estación de Policía el Lido. En el momento de los hechos, las entradas a la Glorieta estaban bloqueadas por manifestantes y jóvenes de la “primera línea”. Según relatos de los testigos, agentes del ESMAD irrumpieron violentamente, lanzando bombas lacrimógenas contra los manifestantes, sin que hubiera algún evento violento por parte de los manifestantes. A las 8:50 PM los testigos registraron la entrada violenta de una tanqueta Venom, con alrededor de 15 agentes, entre Policías y miembros del ESMAD, quienes dispersaron el primer bloqueo establecido por los jóvenes manifestantes, para acceder al punto donde se llevaba a cabo la “velatón”. Esa noche se registraron al menos tres personas muertas por herida de arma de fuego, cientos de personas lesionadas y varias detenciones arbitrarias.
El segundo evento ocurrido el 9 de mayo, es el ataque contra la Minga Indígena, llevado a cabo por civiles armados, en presencia y con tolerancia de agentes de la Policía Nacional. Ese día resultó herida la defensora de derechos humanos Indígena Daniela Soto y resultaron heridas 10 personas pertenecientes a Pueblos Indígenas.
En días previos al ataque contra la Minga, la organización indígena CRIC, denunció que ciertos mensajes estigmatizantes en la prensa, de personas de alto perfil como el expresidente Uribe, vinculándolos falsamente con grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), podía poner en riesgo a los manifestantes indígenas y sus líderes.
A raíz de esto, según testigos, las personas de civil sostuvieron una reunión para coordinar el bloqueo del paso de la Minga, el día anterior al ataque. También se hicieron convocatorias por el sector de Comfandi Pance y por la iglesia La María, para coordinar la “defensa del barrio”.
Por último, en el informe se presentan los hechos ocurridos el 28 de mayo, cuando agentes de la Policía Nacional usando la fuerza excesiva actuaron coordinadamente con civiles armados y atacaron a los manifestantes en el barrio aledaño a la Universidad del Valle.
Ese día una decena de jóvenes manifestantes, entre ellos el músico Álvaro Herrera, cuyo caso fue ampliamente conocido en el país, Noé Muñoz y Sebastián Mejía, fueron golpeados y detenidos por civiles armados, quienes luego los entregaron a la Policía Nacional. Álvaro y Sebastián denunciaron haber sido sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos durante esa detención ilegal. “¿Por qué no lo desaparecemos?” escuchó Álvaro de la Policía Nacional mientras era conducido a la estación de Policía.
Cali ha sido presa de una cruda realidad en la que entre diciembre de 2020 y febrero del 2021 se presentó una tasa de desempleo juvenil del 27.6%. La ciudad muestra las luces y sombras de un país atravesado por la desigualdad y la lucha orgullosa y valiente, creativa y diversa de sus comunidades, que resisten y exigen vivir en un país más justo. Todo esto desde la segunda ciudad con mayor población negra/afrodescendiente en Latinoamérica y caracterizada por una histórica desigualdad, exclusión y llena de racismo estructural.
El informe da cuenta también de al menos 90 casos de lesiones oculares y 28 casos de violencia sexual en el marco de manifestaciones en Colombia. Las cifras de detenciones arbitrarias denunciadas por organizaciones consultadas por Amnistía Internacional ascienden a 2.000 casos aproximadamente y las mismas organizaciones denunciaron además más de 300 personas presuntamente desaparecidas en el marco de las protestas, de las cuales al menos dos fueron encontradas sin vida en circunstancias por esclarecer y la demás estarían pendientes de ser localizadas.
En Cali, la mesa interinstitucional de información en el marco de la protesta social, instalada por la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación en su informe ante la CIDH informó de 79 casos activos en el Mecanismo de Búsqueda Urgente de personas, así como cinco denuncias de posibles desapariciones forzadas en el marco de las manifestaciones. La Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca en su informe a la CIDH, ha llegado como anexo a la respuesta a la solicitud de información realizada por Amnistía Internacional señaló que de 236 presuntos desaparecidos aparecieron vivos 101, cuatro aparecieron muertos y 131 están pendientes por buscar
Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos y crímenes de
derecho internacional cometidos por la fuerza pública no son hechos aislados, sino que responden a un patrón de accionar violento, a fin de suscitar miedo y desincentivar la protesta pacífica. Este es el informe completo:
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